El Gobierno de Bolivia aprobó el lunes un decreto para ampliar por otros 90 días el estado de excepción, vigente desde el 20 de junio, ante el riesgo de nuevas movilizaciones sociales. La medida deberá ser aprobada por el Parlamento para entrar en vigor el 18 de septiembre, cuando concluya el plazo inicial de la disposición.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó la decisión del Ejecutivo tras salir de una reunión del gabinete junto al presidente Rodrigo Paz. El funcionario explicó que el decreto será publicado en las próximas horas y que su aplicación quedará sujeta a la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Hemos aprobado un decreto, que va a ser publicado en las siguientes horas, para la ampliación del estado de excepción tal como se había adelantado ayer y mientras los factores de riesgo permanezcan”, dijo Justiniano a los medios locales.
El ministro manifestó su expectativa de que el Legislativo “apruebe el decreto” para que entre en vigencia el 18 de septiembre, fecha en la que concluyen los primeros 90 días de la medida.
Por su parte, el senador Milton Quispe, de la alianza opositora Unidad, explicó que la norma deberá ser analizada por el pleno de la ALP en un plazo de 72 horas y “por simple mayoría”, según el reglamento vigente.
La decisión del Ejecutivo se produjo un día después de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunciara que el decreto sería presentado ante el Parlamento. El funcionario sostuvo que “hay un gran consenso ciudadano” en torno a la ampliación del estado de excepción.
De forma paralela, la comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para ampliar el estado de excepción por otros 90 días. La iniciativa se presentó ante los anuncios de movilización de algunos sectores sociales y como medida para preservar la reactivación económica del país.
El ex presidente de Bolivia (2001-2002) y líder de la principal fuerza de oposición parlamentaria, Jorge Tuto Quiroga, alertó el lunes que una posible ampliación del estado de excepción por otros 90 días atrasará la reforma de la Constitución, cuyo fin es atraer inversión extranjera.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019).
Los sectores movilizados exigían la renuncia del presidente Paz. El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos.
Las protestas también provocaron pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.
(Con información de EFE)
