La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descartó un alza en el precio de la gasolina y garantizó su abastecimiento en el país. “El precio comercial de las gasolinas no ha sido modificado y se mantiene vigente”, señaló en un comunicado luego de la incertidumbre generada por el alza del diésel, que pasó de 9,80 a 17,95 bolivianos (unos 1,63 dólares) por litro este fin de semana tras el levantamiento del subsidio estatal.
La empresa pidió “no dar crédito a especulaciones que puedan generar desinformación o aglomeraciones innecesarias en los surtidores” y afirmó que cuenta con el stock suficiente para atender la demanda regular.
El comunicado se produjo este domingo, dos días después de que se fijara el nuevo precio del diésel bajo un esquema que contempla fluctuaciones en función del precio del mercado internacional y del nuevo régimen cambiario flexible, implementado hace tres meses. La medida, establecida en el Decreto Supremo 5716, comenzó a impactar en el transporte y en los precios de algunos alimentos, mientras que organizaciones sindicales y sociales alistan medidas de presión contra el Gobierno de Rodrigo Paz.
En varias regiones, federaciones de transportistas determinaron suspender sus servicios hasta establecer nuevas tarifas, mientras que algunos conductores subieron provisionalmente el precio de los pasajes.
El dirigente nacional de los choferes, Víctor Tarqui, declaró a su sector en emergencia y amenazó con protestas si el Gobierno no revierte el alza. “No vamos a poder pagar ese precio, porque ¿cuánto tendría que pagar el usuario? Prácticamente es un castigo a la población y a nuestros usuarios”, señaló en una conferencia de prensa en la que convocó a los afiliados a la Confederación de Choferes a una reunión este lunes.
A la presión de los transportistas se suman organizaciones sindicales y sociales, entre ellas los cocaleros de la región del Trópico de Cochabamba, que anunciaron movilizaciones y la Central Obrera Boliviana, que organiza un encuentro nacional para evaluar medidas de protesta contra el gobierno.
En las primeras horas de vigencia del nuevo precio del diésel, el impacto ya se siente en los mercados. Algunos negocios de abarrotes bajaron sus persianas hasta ajustar sus costos para no naufragar en la próxima importación, mientras que los comerciantes de productos de primera necesidad, como el tomate o el pollo, incrementaron hasta en un 70% sus precios, según se constató en diferentes centros de abastecimiento.
El Gobierno, entretanto, activó mesas de diálogo con los sectores afectados pero descartó abrogar el decreto. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, admitió que el fin del subsidio al combustible tendrá efectos sobre los precios, pero defiende la medida como una acción inevitable para restablecer la economía y superar la crisis financiera que atraviesa el país. “Esta decisión es la correcta, la teníamos que tomar (…) no es sostenible un sistema que nos lleva a comprar caro para vender barato”, afirmó el vocero sobre el antiguo esquema de subvención.
El Ejecutivo sostiene también que la eliminación del subsidio, que suponía destinar cerca de 55 millones de dólares semanales a la importación de combustible, permitirá liberar recursos públicos para poder desarrollar obras de infraestructura. Así lo justificó el presidente Rodrigo Paz al anunciar el nuevo esquema: “cada dólar que se va para pagar la subvención es menos colegios, son menos hospitales, carreteras” y agregó que el “ahorro” que habrá en adelante servirá para financiar nuevos proyectos.
Para amortiguar el impacto de la medida, la administración de Paz ha ofrecido medidas de apoyo económico como el aumento equivalente a 9 dólares anuales en un bono estudiantil, un pago de 70 dólares en seis meses para la población vulnerable, además de créditos preferenciales y reducción de aranceles, entre otras acciones.
Estos planes han sido cuestionados por algunos analistas como insuficientes y carentes de una estrategia integral de compensación. “Es una batería de medidas paliativas frente a un shock cuyo mecanismo de transmisión permanece intacto: si mañana vuelve a subir fuertemente el petróleo internacional, el nuevo precio entra por el surtidor, pasa al transporte, continúa hacia los costos productivos y finalmente aterriza en alimentos e inflación”, escribió el analista económico Gonzalo Chávez.
A pesar de que la semana se anticipa conflictiva con los anuncios de movilización, las autoridades han llamado al diálogo y han advertido que las protestas estarán sujetas al estado de excepción —vigente desde hace tres meses y ampliado por otros tres meses más—, que prohíbe los bloqueos de carreteras y autoriza a las Fuerzas Armadas a reprimir los piquetes.
Estos ajustes casi simultáneos —alza del diésel y ampliación del estado de excepción para reprimir protestas— se producen cuando el Gobierno firma un convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de 1.900 millones de dólares para respaldar las políticas económicas con las que se busca reorganizar el sistema financiero.
