A menos de un mes de las urnas en Brasil, El Resaltador conversó con Ceres Hadich, referente de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), para conocer cómo vivió el campo brasileño estos cuatro años del regreso de Lula; las promesas incumplidas, la violencia latente del latifundio y los límites estructurales de un Brasil líder latinoamericano.
Habiendo hecho un repaso con datos duros sobre indicadores socio económicos de la gestión de Lula y otro analizando brevemente el tablero electoral a comienzos de mes, ahora nos sumergimos en el campo brasileño, territorio de conflictos, esperanzas y promesas que no rompen la matriz del agronegocio.
Paréntesis: en este artículo escrito hace tres años contamos la historia del MST.
Desde su fundación en aquel lejano enero de 1984, desafiando al orden y progreso, el mítico Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) supo plantar bandera en 24 de los 27 estados brasileros.
Con más de 1.900 asentamientos donde habitan cerca de 450.000 familias, el movimiento lucha por una reforma agraria que todavía es más promesa y sueño que realidad efectiva.
Para Ceres Hadich -aunque bastante aislado en un contexto diverso-, «el presidente Lula ha mantenido una postura firme respecto a los intereses de América Latina, Brasil y el Sur Global».
«Este cuarto mandato lo reafirma como quizás el líder más destacado en el ámbito institucional democrático popular actual. Por lo tanto, las posiciones que ha adoptado, tanto en defensa del pueblo brasileño como de la línea política que ha defendido en los espacios donde se ha movido, no solo en América Latina sino en todo el mundo, resuenan en todo nuestro continente como políticas importantes, demostrando un estadista comprometido con el pueblo, comprometido con nuestros territorios», afirma la dirigenta.
La felicidad es brasilera; la desigualdad, también
La «reforma agraria popular» que enarbola el MST exige hace más de cuatro décadas la expropiación y democratización de los latifundios improductivos para garantizar la «soberanía alimentaria frente al modelo primario-exportador».
En otras palabras, esta política de Estado exigida por el movimiento campesino representa la ruptura con un sistema de dominación en el agro encabezado por conglomerados como:
JBS (empresa de procesamiento de alimentos cárnicos más grande del mundo con sede central en São Paulo), SLC Agrícola (es una de las mayores productoras de soja, algodón y maíz de Brasil), y Amaggi (una de las empresas agroindustriales y de comercialización de granos más grandes de América Latina), entre otras grandes firmas.
A este escenario hay que sumarle las familias herederas del coronelismo moderno (entendido como el control hegemónico territorial y la coerción social ejercida por las élites del agronegocio en el interior rural a fines del s.XIX, comienzos del s.XX) que aún hoy concentran millones de hectáreas con respaldo bancario y blindaje judicial.
Las cifras del propio Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) exponen el tamaño de la grieta territorial que impera como matriz en el campo brasilero.
Detalla el Censo Agropecuario (2017) que Brasil mantiene un índice de Gini de concentración de la tierra de 0,73, lo que sitúa al país entre los más desiguales del planeta.
En términos concretos, apenas el 1% de los grandes propietarios rurales posee cerca del 45% de la superficie agrícola total, mientras que el 80% de los pequeños productores ocupan menos del 20% del suelo usable. Situación para nada lejana a la del campo argentino.
Para intentar cambiar esta realidad, el gobierno puso en marcha el programa Terra da Gente mediante el Decreto 11.995/2024. Esta política, diseñada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y el INCRA, buscó «proporcionar alternativas legales para la adquisición y disponibilidad de tierras para la reforma agraria, a fin de promover el acceso a la tierra, la inclusión productiva y el aumento de la producción de alimentos», prometiendo beneficiar a más de 290.000 familias.
En paralelo, el Palacio del Planalto inyectó un récord de R$ 78.200 millones a la agricultura familiar a través del Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) con financiamiento preferencial para la transición agroecológica.
Sin embargo, al contrastar las fuentes gubernamentales con los reportes territoriales, la matriz del poder agrario no ha sufrido cambios significativos, tal como señala Ceres:
«La reconstrucción del Ministerio de Desarrollo Agrario fue muy simbólica e importante para poner el tema de la reforma agraria en la agenda de la sociedad brasileña, pero estructuralmente, no es así. Por lo tanto, no ha habido cambios estructurales en cuanto a tener una política de reforma agraria. Ni un presupuesto para la reforma agraria. Ni la recuperación efectiva de tierras en Brasil».
Registros del INCRA e informes del MST coinciden en que la creación de nuevos asentamientos en tierras efectivamente expropiadas por improductividad se mantiene en mínimos históricos, basando los logros oficiales en la regularización de lotes ya existentes más que en la desconcentración del latifundio.
A esto se le suma la profunda asimetría en las prioridades presupuestarias del Estado:
Frente al techo histórico otorgado al Pronaf, el Plan Safra (programa oficial de crédito y política agrícola del Gobierno Federal destinado a financiar la producción agropecuaria del país) recibió más de R$ 500.000 millones en subsidios, exenciones y créditos blandos del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil).
Por cada real transferido a la agricultura campesina que alimenta las mesas de las y los brasileros, el Estado volcó más de seis reales al modelo de monocultivo primario-exportador.
Hadich profundiza el diagnóstico sobre este reencuentro tutelado con el Estado:
«El cuarto mandato de Lula fue un período de redescubrimiento y reconexión con el Estado brasileño, un Estado cuya estructura y políticas habían sido profundamente alteradas durante el bolsonarismo. Fue un tiempo de redescubrimiento del proceso democrático, construyendo mínimamente espacios de participación popular. Al gobierno le llevó mucho tiempo comprender esto… Se estructuraron políticas que solo ahora, al final del mandato, comienzan a dar algunos resultados. Sin embargo, fue un gobierno que no se propuso modificar estructuralmente los problemas fundamentales».
Violencia en el campo brasilero
La hegemonía de la agroindustria se traduce muchas veces en violencia cotidiana en el campo brasilero que en la mayoría de los casos queda en la impunidad de los escritorios judiciales brasileros. El MST lo sabe de primera mano. Ha sido víctima de masacres y de constantes amenazas sobre su organización.
Aunque el más reciente informe del Centro de Documentación de la Comisión Pastoral de la Tierra (Cedoc/CPT) registró una baja del 28% en los conflictos rurales en comparación con el año previo (descendiendo a 1.593 incidentes), las cifras históricas continúan ubicándose en niveles superiores a los promedios de la década pasada.
Informes acumulados de la CPT y del Conselho Indigenista Missionário (CIMI) confirman que en la región del Cerrado y la Amazonía -expresada en desalojos, amenazas de muerte a liderazgos y la acción del sicariato-, sigue siendo el principal foco de tensión en la frontera agrícola.
No solo en Argentina la oligarquía está sobrerrepresentada en el Congreso. En Brasil, el brazo político de este entramado -la bancada ruralista en el Parlamento- también consolida mayorías transversales que blindan exenciones impositivas, cajonean mensuras de tierras públicas y naturalizan la persecución judicial a trabajadores campesinos caratulados como «asociación ilícita» o «invasores»; Lo que acá despectivamente se llama ocupas.
«Seguimos viviendo en una situación muy desfavorable en lo que respecta a la lucha de clases en el campo. Existe una hegemonía grande desde el punto de vista económico, cultural y social en relación con la agroindustria brasileña. No prevemos una disminución en su capacidad de ejercer poder en el futuro; por el contrario, es probable que vayan a consolidarse. Y de esto se deriva la violencia. La violencia acompaña esta estructura de poder establecida en Brasil, ya sea en el campo, en el parlamento o en la sociedad. Esto permite que la violencia continúe, se perpetúe, se naturalice y genere estadísticas cada vez más altas».
Las estadísticas del monitoreo especial sobre la Amazonía Legal elaborado por el Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) y la red MapBiomas demuestran que cerca del 75% del desmonte ilegal y la apropiación indebida de tierras públicas (grileiragem) en la última década ocurrió en zonas aledañas a la expansión del monocultivo y la ganadería extensiva.
«Seguiremos defendiendo esto no solo para quienes viven en el campo, sino como una agenda importante para un proyecto nacional. Nuestra postura es exigir rendición de cuentas como movimiento social, de crítica, pero también de creer que es posible proponer políticas estructurales más profundas para lograr lo que nunca ha sucedido en Brasil: la reforma agraria. Esto alteraría toda la estructura de poder económico y social, y todos los males que de ella se derivan: pobreza, desigualdad, racismo», finaliza Ceres.
Brasil elige presidente este domingo. El Movimiento acompañara críticamente a Lula, pero a sabiendas de que todavía hay una utopía hacia donde donde caminar: una auténtica reforma agraria y popular en todo Brasil. Una deuda que es más de toda una dirigencia política y empresarial brasilera, que solo de un presidente.
(*) Foto de portada: Ceres Hadich.
La entrada Brasil: «No hubo cambios estructurales a favor de una reforma agraria» se publicó primero en El Resaltador.
