Ante la llegada del Presupuesto 2027, el Senado se prepara para sancionar dos proyectos centrales para la administración de Javier Milei: la Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.
Ambas iniciativas lograron los dictámenes correspondientes. Ahora, se espera una reunión de labor parlamentaria este miércoles y que se defina la sesión, aunque la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, la confirmó este lunes tras dar una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que el tratamiento será este jueves.
Reforma del Banco Central
El proyecto de Reforma a la Carta Orgánica lo defendió el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el miércoles 9 de septiembre en un plenario de las comisiones de Economía e Inversiones y Presupuesto y Hacienda. Allí se dictaminó y planteó: “Consideramos que la carta orgánica del BCRA es una estructura legal que no merece ser revisada continuamente, su estabilidad en el tiempo provee un valor muy importante para la economía”.
Agregó que la Reforma está centrada en cinco ejes: “Replican elementos básicos que contienen las cartas orgánicas de los bancos centrales de la mayoría de los países que han sido exitosos en erradicar la inflación”.
En este sentido, la senadora Patricia Bullrich planteo: “Esta reforma no le pertenece a este Gobierno. Le pertenece a cualquier Gobierno que quiera que la Argentina deje de ser un país marginal”.
Sin embargo, desde la bancada Justicialista de José Mayans rechazaron la propuesta, la calificaron como “inconstitucional” y cuestionaron que los cambios concentren la toma de decisiones en el Directorio y limiten casi hasta su extinción la capacidad de control parlamentario.
Uno de los principales objetivos del Gobierno con la reforma es reforzar como función central del Banco Central la preservación del valor de la moneda. El proyecto modifica el funcionamiento del organismo, busca limitar los mecanismos de financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, establece nuevas reglas para la distribución de las utilidades y apunta a fortalecer la independencia de sus autoridades.
Entre los cambios aprobados por Diputados figura la eliminación de la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del Directorio del Banco Central.
También establece nuevas condiciones para la remoción de las autoridades del BCRA. El presidente, el vicepresidente y los directores solo podrán ser apartados de sus cargos por las causales expresamente previstas en la ley. La destitución, además, deberá contar con la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso, con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
El sistema de designación se mantiene: los integrantes del Directorio serán propuestos por el Poder Ejecutivo y deberán contar con el acuerdo del Senado por mayoría simple.
La Reforma ya cuenta con la sanción de Diputados desde el pasado 26 de agosto cuando fue aprobada por 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones.
Inocencia Fiscal II
Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal es la segunda iniciativa que formará parte del temario de la sesión que impulsa para este jueves La Libertad Avanza en el Senado. La iniciativa también cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados desde el pasado 26 de agosto.
Entre los cambios propuestos, principalmente desde los sectores aliados a la Casa Rosada, el oficialismo aceptó excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios y las presunciones contemplados en el régimen. La restricción alcanza a quienes ocupen cargos de alta responsabilidad pública, a quienes los hayan ejercido durante los cinco años anteriores a la adhesión y a quienes los desempeñen en el futuro.
En el Poder Ejecutivo, quedan excluidos los funcionarios y empleados con rango igual o superior al de secretario de Estado de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires.
En el Poder Legislativo, la medida comprende a diputados y senadores nacionales y provinciales, legisladores porteños, concejales y parlamentarios del Mercosur.
La exclusión también alcanza a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de todas las jurisdicciones, así como a integrantes de organismos de control y enjuiciamiento. Entre ellos se encuentran los defensores del Pueblo y los miembros del Consejo de la Magistratura y de los jurados de enjuiciamiento.
Además, en el dictamen de mayoría, que impulsaron los libertarios Gonzalo Guzmán Coraita y Agustín Monteverde, presidente de las comisiones Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, respectivamente, se eliminaron los topes de ingresos y patrimonio que rigen para acceder al régimen y se flexibiliza el concepto de “discrepancia significativa”, sobre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
