¿Cuántos porteños salieron de la pobreza gracias a la gestión pública de CABA? ¿Cuántas personas fuera del sistema consiguieron un trabajo formal después de pasar por un programa del GCBA? No se miden los resultados que den respuesta a esas preguntas, porque la política social en CABA sigue poniendo el foco en asistir “lastimosamente” a esa pobreza estructural a la que no logra ni siquiera incomodar. Vale de ejemplo que Ciudadanía Porteña -el subsidio directo alimentario más extendido- entrega un promedio de $ 100.000 mensuales a los indigentes, cuando solo para subsistir se necesita un mínimo de $ 247.000.
Siempre encuentran otro culpable (factores económicos, condiciones macro, inflación), pero lo cierto es que la forma de aplicar los recursos es equivocada.
El problema es que la asistencia no es un puente, sino un destino. Mientras el indicador del éxito de las carteras sociales siga midiendo cuántas viandas se entregan o cuántos subsidios se liquidan, en lugar de cuántos ciudadanos logran dejar de necesitarlos, el gasto público no actuará como un trampolín de progreso, sino como un ancla al subdesarrollo. Los recursos no están logrando transformar vulnerabilidad en autonomía.
Un gobierno verdaderamente eficiente no se jacta del tamaño de su red de contención, sino de la velocidad con la que sus ciudadanos logran salir de ella. La política social debe tener como único horizonte el empleo formal y trabajar con el sector privado para conseguir ese objetivo que beneficia a todos. Está comprobado que hay demanda de empleo en CABA, por eso decenas de miles de personas entran a la ciudad a diario.
Se transfieren fondos para mantener a las personas en el límite del consumo, pero no para insertarlas en la economía formal y, como esa política cronifica la situación, el presupuesto exige mantener una presión fiscal asfixiante sobre el comercio local, las pymes y los profesionales independientes. Se castiga con impuestos al sector privado —el único capaz de generar empleo genuino— para sostener una burocracia de reparto que devuelve dependencia en lugar de autonomía. Los que aportan no pueden expandirse y crecer, y los pobres siguen siendo pobres. Quién gana? Nadie. Los burócratas de turno.
Hay una forma de salir de esta trampa mortal generada por una mirada equivocada y cómoda de cómo acercarse a los porteños que están fuera del sistema. Se puede dar una oportunidad de reinserción laboral a todas las familias que están bajo la línea de pobreza en CABA si se pone foco en que sean absorbidos por el sector productivo privado que se revitaliza con la reducción de la presión fiscal, fruto de la mejor y más efectiva asignación de recursos. El estado se ha convertido en el gran responsable del estancamiento y la estigmatización de miles de porteños que sólo necesitan un trabajo: hay que reducir la estructura burocrática y construir el puente entre la vulnerabilidad y el empleo privado formal.
En los modelos de reinserción laboral que desarrollamos en 2024 y 2025 (Proyecto Matías y AIDE), nuestro indicador de resultados fueron las altas de ARCA de nuevos trabajadores que logramos reinsertar y que no volvieron a la calle: el 87% accedió a un trabajo formal en menos de 60 días y el 65% lo sostuvo pasados los 6 meses. La mayoría de las personas que están detrás de estos números eran estancados del sistema asistencialista de nuestra Ciudad. Si se le diera una oportunidad fuerte a la empleabilidad de los más pobres, la política pública podría medirse con indicadores genuinos y dejar de hacerse trampa.
De la pobreza se sale trabajando, y la mejor política social para los más vulnerables es un trabajo en el sector productivo. Y si no me creen, pregúntenles a ellos.
