La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia anunció un repliegue de sus vehículos a nivel nacional el lunes 28 de septiembre en rechazo al nuevo precio del diésel, una medida que amenaza con paralizar el transporte urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional.
La decisión fue adoptada el martes en un encuentro nacional realizado en Santa Cruz de la Sierra, cuatro días después de que el Gobierno de Rodrigo Paz eliminara la subvención al diésel y fijara un nuevo precio de 17,95 bolivianos (unos 1,63 dólares) por litro, frente a los 9,80 bolivianos que pagaban anteriormente los transportistas.
“El lunes no habrá transporte público en el país”, anunció el dirigente de los choferes Lucio Gómez, al concluir el encuentro. El transportista también señaló que la protesta será escalonada y puede derivar en la suspensión indefinida del servicio. Los choferes sostienen que el nuevo costo del combustible afecta directamente a sus operaciones y reclaman un incremento de las tarifas.
Por su parte, el Gobierno sostiene que el impacto de la eliminación de la subvención es menor de lo que señalan los transportistas. Según datos difundidos por el Ministerio de la Presidencia, en Bolivia existen 202.182 vehículos de transporte público, de los cuales 39.880 funcionan con diésel, mientras que 67.815 utilizan gasolina, 29.290 funcionan con gas natural vehicular (GNV) y otros 65.197 combinan GNV y gasolina.
Con esos datos, el Ejecutivo afirma que el 80,3% de los vehículos del transporte público no depende exclusivamente del diésel. “Los datos revelan que solamente dos de cada 10 vehículos funcionan exclusivamente con diésel”, señaló el Ministerio de la Presidencia en una publicación difundida en redes sociales.
El 18 de septiembre, el presidente Paz promulgó el Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel y estableció un esquema que contempla fluctuaciones en función del precio del mercado internacional y del nuevo régimen cambiario. La medida puso fin a la modalidad de precios diferenciados que había estado vigente desde agosto y que provocó reclamos de los sectores afectados.
Ante las crecientes amenazas de movilización, el Gobierno reforzó la presencia de policías y militares en algunas carreteras del país para evitar la instalación de piquetes, en el marco del estado de excepción —vigente desde hace tres meses y hasta fin de año— que prohíbe los piquetes y autoriza la represión de las Fuerzas Armadas.
En paralelo, el Gobierno delegó ministros en varias regiones del país para explicar la medida y atender las demandas de los sectores afectados.
Según datos del Gobierno, el país importa prácticamente la totalidad del diésel que consume y más del 50% de la gasolina, lo que supone destinar cerca de 55 millones de dólares semanales para satisfacer la demanda interna. La crisis económica del país, marcada por el agotamiento de las reservas internacionales y la falta de divisas, había dificultado la importación en los últimos años, provocando periodos prolongados de desabastecimiento.
Con la suspensión de la subvención del diésel, el presidente Paz garantizó el abastecimiento y afirmó que los recursos que se destinaban al combustible serán invertidos en obras, proyectos y en bonos sociales para amortiguar los efectos de una medida que ya ha empezado a sentirse en los mercados.
