Choferes del transporte público de al menos dos ciudades realizan una huelga de 24 horas en rechazo al aumento del precio del diésel, luego de que el Gobierno levantara el subsidio estatal el pasado 18 de septiembre.
En dos ciudades -Sucre y Santa Cruz de la Sierra, la más extensa y poblada del país- el repliegue de las unidades es prácticamente total, en tanto en otras regiones como Potosí y Oruro, la medida se acata de manera parcial, según el reporte de los medios locales.
Los choferes reclaman por el nuevo precio del combustible, que pasó de 9,80 bolivianos (0,90 dólares) fijos a un precio regulado inicial de 17,95 bolivianos (1,63 dólares) tras el levantamiento de la subvención. El decreto que establece la nueva política de combustibles estableció una banda de ajuste del 5%, con el objetivo de que el valor interno refleje el costo de importación.
Esta medida es la última de una serie de reformas que inició en diciembre del año pasado con el levantamiento parcial del subsidio. Los transportistas exigen que se les autorice levantar el precio del pasaje argumentando que sus costos han subido. En tanto, las alcaldías, que son las instancias de regular la tarifa, sostienen que se debe realizar un estudio de costos previo.
El Gobierno defiende el levantamiento de la subvención como una de las medidas para reducir el gasto público y el déficit fiscal. El Ejecutivo argumenta además el porcentaje de unidades que utiliza diésel es menor al 25%, al menos en el caso de Santa Cruz y La Paz, y que se va a impulsar una campaña masiva de conversión a GNV y facilidades para la renovación de vehículos.
Otros sectores del transporte, como el interprovincial e interdepartamental, ya alcanzaron un acuerdo transitorio con el Ejecutivo y continúan operando.
En medio de las negociaciones y anuncios de protestas de algunos sectores sociales que exigen abrogar la norma, el Gobierno convocó a los sindicatos de choferes a una mesa de diálogo este martes para abordar la política del precio del combustible y las medidas que se van a asumir para mitigar su impacto.
El 18 de septiembre, el presidente Rodrigo Paz anunció la promulgación de un decreto que pone fin al subsidio al diésel y fija un nuevo esquema de precios que contempla fluctuaciones en base al precio del mercado internacional y el tipo de cambio.
La medida, establecida en el Decreto Supremo 5716, generó incertidumbre en la primera semana de vigencia e impactó en el precio de algunos alimentos. Sin embargo, salvo la huelga parcial y las protestas de algunas organizaciones sociales, la nueva política no ha generado un rechazo masivo.
Empresarios vinculados a la agroindustria explicaron a Infobae que llevaban meses comprando diésel de revendedores a un precio incluso superior debido a la escasez del producto. En ese sentido, consideran que la medida será aceptada mientras se garantice el abastecimiento.
Bolivia lleva más de tres años enfrentando periodos de desabastecimiento de combustible debido a la baja producción local y las crecientes dificultades de importación derivadas de la crisis económica, el agotamiento de las reservas internacionales y la crónica escasez de divisas.
Solo en 2025, el Estado destinó cerca de 2.900 millones de dólares para la importación de combustible, un gasto fiscal que drenó progresivamente las cuentas fiscales..
