¿Qué intereses persigue Peter Thiel con Parlantir dentro del Estado Nacional? Dialogamos con Esteban Sargiotto, Director del Observatorio del Trabajo Informático (OTI) y miembro del consejo directivo de la Asociación Gremial de Computación (AGC)
En la nota anterior hicimos un breve perfil de Peter Thiel; repasamos su pasado y también algo de su presente. Posteriormente a nuestra publicación, en revista Anfibia se publicó una interesante investigación que expuso los lazos del tecnomagnate con empresarios, abogados y firmas argentinas.
En esta oportunidad dialogamos con Esteban Sargiotto, Director del Observatorio del Trabajo Informático (OTI) y miembro del consejo directivo de la Asociación Gremial de Computación (AGC) para conocer más sobre la firma Parlantir y su relación con el Estado Nacional.
La geopolítica detrás del desembarco de Thiel
Milei y Thiel comparten ideología; no así nacionalidad, pero los dos están interesados en que Argentina, sus recursos, ubicación estratégica y capacidades instaladas, sean garantía de crecimiento para Estados Unidos e Israel.
A la llegada de Thiel en abril de este año, le siguió otro movimiento de pleno alineamiento de Argentina con Estados Unidos. Nuestro país firmó a fines de junio la « Pax Silicas», una declaración de entendimiento para supuestamente fortalecer cadenas de suministro vinculadas con la IA que abarca energías, minerales críticos, logística, infraestructura y también semiconductores.
Al analizar el trasfondo de estos movimientos, Esteban Sargiotto advierte que Estados Unidos pretender ubicar a la Argentina en el eslabón más vulnerable de esta cadena.
El objetivo central de estas alianzas impulsadas desde el sector tecnológico estadounidense del cual Thiel y Parlantir son parte fundamental -entiende Sargiotto-, es cercenar cualquier margen de autonomía estratégica nacional, imponiendo un esquema de dependencia que subordina las decisiones del Estado Nacional a las directivas del Departamento de Estado norteamericano.
Bajo esta lógica que anula la posibilidad de una política exterior independiente, el país queda confinado al rol de mero proveedor de recursos primarios e infraestructura física -como la radicación de centros de datos y la extracción de minerales estratégicos como las tierras raras-, mientras los centros de poder extranjeros se reservan el desarrollo tecnológico avanzado y su uso.
En palabras de Esteban: «Quieren meternos en una cadena de valor abiertamente colonial, donde básicamente nos prohíben tener una estrategia soberana en la materia».
El gemelo digital y sus posibles consecuencias
A fines de mayo, El Resaltador informaba en esta nota la presentación por parte del Ministerio de Capital Humano (conducido por la ministra Sandra Pettovello) del desarrollo preliminar del «Gemelo Digital Social».
Como bien remarca Anouk Rubini, esta plataforma utiliza Inteligencia Artificial (IA) para cruzar masivamente datos de la población argentina y con ello, simular escenarios sociales para «diseñar y proyectar políticas públicas».
Sargiotto señala que detrás de esta plataforma estaría involucrada Parlantir. Sería su software el encargado de cruzar bases de datos masivas como los de ANSES, AFIP, RENAPER y el Ministerio de Salud.
El profesional detalla con precisión cómo opera esta arquitectura de control:
«El sistema de Palantir hace el entrecruzamiento y procesamiento de datos para armar lo que llaman el ‘árbol de amenazas’ y la ‘creación de objetivos’. Por eso la empresa está involucrada en operaciones de inteligencia militar. Con toda esa información, mapas y datos, te crean objetivos según sus propios criterios de amenazas».
Los riesgos de este esquema son graves. El analista entiende que la implementación de un «gemelo digital» abre la puerta a un «estado autoritario» capaz de realizar hipervigilancia a sus ciudadanos; cruzar geolocalizaciones y utilizar la información con fines de manipulación electoral o proselitista, replicando estrategias de desinformación masiva y segmentación de datos.
El cambio de la Ley de Inteligencia, ¿clave para el desembarco de Parlantir?
Sargiotto entiende que un paso fundamental para crear las condiciones normativas y operativas que facilitaron el desembarco de Parlantir en la Argentina bajo la administración de Javier Milei fue la modificación de la Ley Nacional de Inteligencia.
Esta arquitectura legal se rediseñó a través de sucesivos decretos, entre los que destaca el DNU 941/2025, publicado a comienzos de año. Esta normativa alteró sustancialmente las reglas de juego del sistema de inteligencia nacional.
Con este instrumento, el Estado Nacional amplió de manera discrecional las facultades de control, habilitando un ecosistema propicio para la tercerización de áreas sensibles.
Para el referente del OTI y de la AGC, la maniobra desnuda una peligrosa zona gris donde los intereses corporativos transnacionales de empresas como Parlantir se fusionan con los resortes del Estado.
«Dentro del DNU tenés muchas funciones que el Estado dice que va a llevar adelante y resulta que son exactamente las mismas cosas que Palantir ofrece como servicio. Entonces, ¿frente a qué estás? Frente a un tipo que tiene intereses comerciales, pero que además está posicionando e implementando sus propios sistemas en la Argentina, sometiendo al control y manejo de Palantir áreas extremadamente sensibles del Estado argentino. Ese es le mayor riesgo», adiverte el entrevistado.
En sintonía con estas advertencias, un reciente informe de Amnistía Internacional titulado Estado de vigilancia señala la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina, tales como la ampliación del uso de tecnologías de control que durante los primeros años de la gestión libertaria sirvió para potenciar la capacidad de espionaje, el establecimiento de perfiles arbitrarios y la persecución estatal.
El organismo detalla que el Ejecutivo implementó reformas institucionales masivas y adquirió -tan solo entre 2024 y 2025- herramientas de tecnología para la vigilancia por un valor superior a los 1,2 millones de dólares.
Este arsenal incluye desde plataformas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) diseñadas para la masticación masiva de datos en redes sociales, la web oscura y bases de datos públicas, hasta software de reconocimiento facial biométrico y drones con estaciones de control terrestre dotadas de cámaras térmicas y rastreo automatizado.
La soberanía digital, nada de otro mundo
Frente al desgastado pero nunca acabado relato de que solo las grandes corporaciones extranjeras pueden poner en orden el descalabro informático del Estado, la realidad argentina, en materia técnica y de capacidades instaladas, demuestra otra cara.
El país cuenta con más de 170.000 trabajadores informáticos de primer nivel regional y capacidad sobrada para desarrollar sistemas propios sin depender de gigantes tecnológicos externos.
La discusión de fondo es política y geopolítica. Entregar el manejo de los datos sensibles y la infraestructura crítica a una empresa vinculada al complejo militar-industrial estadounidense es más una claudicación de soberanía que una «solución más eficiente», tal como la vende el gobierno nacional.
La capacidad instalada y el talento profesional existen en el país; lo que falta es la voluntad de construir un plan soberano que garantice que los datos y el futuro de los argentinos sigan estando en manos argentinas y no extranjeras.
*Foto de portada: Esteban Sargiotto.
La entrada «Con Thiel, Milei puede avanzar en un Estado más autoritario y de hipervigilancia» se publicó primero en El Resaltador.
