Un extrabajador del Banco de la Nación terminó condenado a diez años de prisión efectiva luego de que la justicia determinara que se apropió de S/71.801,01 correspondientes a fondos públicos. Las operaciones ocurrieron en 2022 y estuvieron vinculadas con 53 cheques no negociables.
Los documentos llegaron a las ventanillas de la entidad financiera y fueron pagados pese a que las firmas consignadas no correspondían a las de sus titulares. Durante la investigación, los beneficiarios negaron haber cobrado los montos que figuraban en los cheques, una irregularidad que finalmente fue comunicada por el propio banco.
El caso terminó con una condena por los delitos de peculado doloso agravado por apropiación y falsificación de documentos. Además de la pena de cárcel, el trabajador deberá pagar S/80.000 de reparación civil y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante diez años.
Cajero fue condenado tras cobrar 53 cheques con firmas irregulares
En 2022, Juan N. se desempeñaba como gestor de servicios, es decir, trabajaba como cajero del Banco de la Nación. Desde ese puesto tenía acceso a las operaciones relacionadas con el pago de documentos emitidos por entidades públicas.
Según la acusación fiscal, esa posición fue utilizada para concretar el pago irregular de 53 cheques no negociables emitidos por la UGEL n.° 12 de Canta. Los documentos contenían fondos públicos cuyo valor total ascendía a S/71.801,01.
La principal irregularidad estaba en las firmas. Los documentos presentaban rúbricas que no correspondían a los titulares de los cheques, pese a lo cual las operaciones llegaron a concretarse en la entidad financiera.
La situación quedó expuesta cuando los beneficiarios de los documentos declararon que nunca habían cobrado esos montos. El Banco de la Nación detectó las operaciones cuestionadas y presentó la denuncia que dio paso a la investigación fiscal.
Evidencias y testimonios permitieron demostrar las irregularidades
Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó distintos elementos para sustentar cómo se realizaron los cobros. Entre ellos estuvieron la denuncia policial y una pericia contable, con la que se estableció el monto de los fondos públicos involucrados en el caso.
También se incorporó una pericia grafotécnica para analizar las firmas que aparecían en los cheques. Este elemento fue parte de las pruebas utilizadas para acreditar las irregularidades detectadas en los documentos.
A ello se sumaron las declaraciones de los titulares de los cheques, quienes señalaron que no habían recibido el dinero. La Fiscalía también presentó el testimonio de la jefa de oficina del Banco de la Nación de las agencias Comas I y II.
Otro de los elementos considerados fue la verificación del código único e intransferible Saraweb, utilizada para contrastar la información relacionada con las operaciones cuestionadas. Según el Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima Norte, estos elementos fueron expuestos durante el desarrollo del juicio oral.
Diez años de prisión, S/80.000 de reparación civil y una inhabilitación
Con estos elementos, el Poder Judicial condenó en primera instancia a Juan N. a diez años de prisión efectiva. La sentencia lo encontró responsable de los delitos de peculado doloso agravado por apropiación y falsificación de documentos, en agravio del Estado.
La acusación estuvo a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte. La investigación fue dirigida por la fiscal adjunta provincial Rosanna Paola Vallejos Manche, bajo la dirección del fiscal provincial Jorge Mauro García Juárez.
Junto con la pena privativa de libertad, el órgano jurisdiccional fijó en S/80.000 la reparación civil que deberá pagar el condenado a favor del Estado. Esta obligación se estableció como parte de las consecuencias civiles derivadas de los hechos por los que fue sentenciado.
La resolución también dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años. De acuerdo con la información difundida por LP Derecho, la sentencia corresponde a primera instancia y establece las consecuencias penales y civiles por las operaciones realizadas con los 53 cheques.
