La PROTEX confirmó que desde 2009, fueron condenadas 852 personas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en todo el país. El 61,9% de los condenados fueron varones.
A su vez, la unidad fiscal especializada precisó que durante 2025 se registraron 21 fallos condenatorios, y en lo transcurrido de 2026, se encontraron culpables otras 8 personas.
En el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el Ministerio Público informó que los expedientes también permitieron identificar a 1.856 víctimas: 695 eran argentinas, 450 extranjeras y en 711 casos las sentencias no consignaron la nacionalidad.
El relevamiento se actualiza periódicamente desde la sanción de la Ley N°26.364, aprobada en 2008 y modificada cuatro años después por la Ley N°26.842.
La fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, señalaron que las formas tradicionales de explotación persisten mientras las herramientas digitales intervienen en la captación, el control, la producción de contenido sexual, su comercialización y la obtención de dinero.
Explotación sexual en medios digitales
Al describir la relación entre los ámbitos donde se desarrollan los hechos, la fiscalia considera que “no significa que la explotación sexual se haya trasladado de los espacios físicos a internet. Muchas veces, ambos mundos se cruzan”.
En esa línea, evalúa que “lo que cambió es la variedad de medios y espacios que pueden utilizarse para captar y explotar personas. Estos cambios obligan a revisar las formas de detectar e investigar estos delitos”.
En abril de 2025 se dictó la primera condena en el país por trata de personas con explotación mediante medios digitales. Al fundamentar esa decisión, el tribunal indicó que las nuevas tecnologías pueden favorecer el anonimato, superar distancias geográficas y permitir determinadas modalidades sin trasladar físicamente a las víctimas.
Otro expediente que demostró cómo funciona la dinámica delictva es una investigación iniciada en Rosario bajo el sistema acusatorio que comenzó con una denuncia recibida en la Línea 145 e investigada inicialmente por la PROTEX. En este caso, se detectó que contactaban a mujeres jóvenes a través de Instagram con ofertas de dinero para producir videos de contenido sexual.
La promesa era que el material sería difundido solo en el exterior, aunque la pesquisa estableció que luego se comercializaba en una plataforma de alcance global. Hasta el momento, el caso permitió identificar a 14 mujeres presuntamente captadas con ese mecanismo.
Riesgo internacional
Los organismos internacionales especializados advirtieron obstáculos para las pesquisas, vinculados con el volumen de información digital, las comunicaciones cifradas, las identidades virtuales, los cambios tecnológicos y el acceso a datos en poder de empresas privadas o alojados en otros países.
Una víctima puede estar en un país, la plataforma que comercializa el contenido en otro y la información necesaria para la investigación en un tercero. Quienes acceden a ese material también pueden hacerlo desde distintos lugares del mundo, por lo que el caso puede adquirir dimensión internacional aunque no haya traslado transfronterizo.
En este sentido, La PROTEX planteó la necesidad de desarrollar medidas de protección y reparación adaptadas a esas formas de explotación. También pidió investigar quién recibe las ganancias, cómo circula el dinero, qué bienes se compraron con esos recursos y qué estructura económica sostiene la actividad.
