Pedro Ilincheta, el supuesto trader acusado de estafar a un grupo de 14 amigos de un country de Pilar a los que convenció de entregarle dinero para realizar inversiones en criptomonedas, fue condenado a tres años y dos meses de prisión por el Juzgado en lo Correccional N°2 de San Isidro.
La jueza María Emma Prada lo consideró autor de 14 hechos de estafa. La fiscalía había solicitado cuatro años de prisión efectiva, mientras que la querella, en manos de los abogados Fernando Madeo Facente y Santiago Bongiovanni, habían reclamado seis. La defensa había pedido la absolución.
Ilincheta, conocido como “Pepo” o “Peter”, no irá por el momento a una cárcel. La magistrada resolvió mantener la morigeración de la prisión preventiva que ya tenía concedida: arresto domiciliario con monitoreo electrónico hasta que la sentencia quede firme.
El fallo también abrió un nuevo capítulo de la causa. Prada ordenó enviar las actuaciones a la Mesa General de la Fiscalía de Cámaras para que se investigue la posible participación de María Cecilia Cabeza, madre del condenado, en delitos vinculados con las maniobras por las que fue juzgado su hijo. El pedido había sido realizado durante el juicio por la fiscal.
La situación de Cabeza había aparecido en distintos momentos de la investigación. Uno de los damnificados declaró que, cuando debía entregarle USD 4.000 a Ilincheta, este le indicó que el efectivo sería retirado por su madre. Otro denunciante aseguró que en los resúmenes de su tarjeta encontró transferencias por aproximadamente $450.000 hacia cuentas de Mercado Pago de Cabeza y de una hermana del acusado.
Además, el análisis realizado por especialistas sobre los movimientos de criptomonedas identificó operaciones entre la cuenta de Binance de Ilincheta y una cuenta de la misma plataforma a nombre de su madre. Precisamente por esos elementos, tanto la fiscalía como la representación de los damnificados habían solicitado que se investigara su eventual intervención.
Cómo funcionaba la maniobra
Según quedó establecido en el proceso, Ilincheta captaba principalmente a personas de su círculo de confianza y les ofrecía invertir su dinero en criptomonedas. En diferentes casos prometía un rendimiento del 26% durante los primeros tres meses y luego del 5% mensual, mientras aseguraba que los fondos podían retirarse.
Durante un tiempo, sus clientes recibieron capturas de planillas de Excel en las que aparecían sus supuestas ganancias. Ese mecanismo generó confianza y llevó a varios a aumentar las inversiones e incluso a recomendar el negocio a otros amigos. Cuando comenzaron a pedir la devolución del dinero, aparecieron las postergaciones y las excusas.
La denuncia inicial hablaba de un perjuicio de USD 276.991, pero esa cifra incluía las rentabilidades que Ilincheta había prometido o informado. La pericia contable realizada durante la investigación estableció que los montos efectivamente denunciados como entregados ascendían a USD 100.628,91: USD 46.847,30 habrían sido enviados a cuentas de Binance y USD 53.781,61 mediante otras modalidades.
La pericia, sin embargo, no consiguió reconstruir completamente qué ocurrió con el dinero. Los expertos concluyeron que no era posible determinar el destino de todos los fondos ingresados en las cuentas digitales ni establecer cuánto dinero había extraído Ilincheta. El análisis de Binance también mostró que no existían subcuentas que permitieran diferenciar qué fondos correspondían a cada inversor.
Ilincheta sostuvo durante la causa una versión diferente. Afirmó que efectivamente realizaba operaciones con criptomonedas y contratos de futuros mediante plataformas como Binance, Bybit, BingX y Nexo; negó haber buscado deliberadamente a las 14 víctimas para captar su dinero y aseguró que él también había resultado perjudicado económicamente. También rechazó haber utilizado los fondos con fines personales y sostuvo que siempre había tenido intención de devolverlos.
