El Gobierno provincial estudia una presentación para intentar frenar la reforma sancionada por el Congreso, que elimina el beneficio automático para unos 688.000 hogares cordobeses. Punilla y Villa Carlos Paz no están entre las zonas alcanzadas por este recorte, ya que no habían sido incorporados al régimen ampliado en 2021.
El Gobierno de Córdoba analiza recurrir a la Justicia para intentar frenar la eliminación del beneficio general de Zona Fría para 13 departamentos de la provincia, después de que el Congreso aprobara definitivamente la reforma impulsada por la Nación.
La posibilidad fue confirmada por el ministro de Comunicación provincial, Daniel Pastore, quien señaló que el Ejecutivo estudia distintas alternativas junto con la Defensoría del Pueblo.
“El Ejecutivo lo está viendo a través de la Defensoría del Pueblo”, indicó el funcionario.
Por ahora, la presentación judicial no fue formalizada y continúa en etapa de evaluación.
La reforma fue sancionada por el Senado el 24 de septiembre, con 38 votos afirmativos y ocho negativos, después de haber recibido previamente media sanción de Diputados.
Qué cambia para Córdoba
La Ley 27.637 había ampliado en 2021 el régimen de Zona Fría a nuevos territorios del país.
En Córdoba, el esquema alcanzó a usuarios residenciales de 13 departamentos:
Capital, Calamuchita, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión.
Según datos utilizados por el Gobierno provincial durante el debate legislativo, alrededor de 688.000 hogares cordobeses estaban comprendidos en ese esquema.
La ampliación otorgaba un descuento general del 30% sobre la tarifa y una bonificación del 50% para determinados hogares considerados vulnerables.
Con la reforma sancionada por el Congreso, la pertenencia a esas zonas deja de garantizar automáticamente el descuento.
El beneficio territorial vuelve a concentrarse principalmente en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna, mientras que en las zonas incorporadas en 2021 la asistencia pasa a depender de criterios socioeconómicos.
Qué ocurre con los beneficiarios especiales
La modificación no implica que todos los usuarios alcanzados hasta ahora pierdan cualquier tipo de subsidio.
El nuevo esquema apunta a reemplazar el beneficio general por un sistema de subsidios focalizados, destinado a hogares que cumplan determinadas condiciones económicas y sociales.
Durante el tratamiento legislativo se estableció, entre otros criterios, un límite de ingresos familiares equivalente a tres canastas básicas totales, además de situaciones específicas vinculadas con barrios populares, veteranos de Malvinas y hogares con personas con discapacidad, sujeto en algunos casos a evaluación de la autoridad energética.
La aplicación concreta dependerá de la reglamentación del nuevo régimen.
La Provincia busca una vía judicial
El gobernador Martín Llaryora cuestionó reiteradamente la modificación durante su tratamiento en el Congreso y reclamó a los legisladores nacionales por Córdoba que rechazaran la iniciativa.
La Legislatura provincial también había fijado posición contra la reforma y llegó a instruir formalmente a los senadores cordobeses para defender la continuidad de los beneficios.
Tras la sanción definitiva, el Ejecutivo comenzó a analizar alternativas judiciales.
Una de las posibilidades es avanzar mediante la Defensoría del Pueblo, aunque todavía no se informó cuál sería la figura jurídica elegida ni ante qué tribunal se realizaría una eventual presentación.
La discusión se trasladó así del Congreso a una posible instancia judicial, mientras se espera la reglamentación que determinará cómo se aplicará el nuevo esquema de subsidios y qué usuarios podrán conservar la asistencia.
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