Los viajes simultáneos de Rodrigo Paz y Edmand Lara —a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y a Paraguay en una misión oficial— han reactivado en Bolivia la polémica sobre el interinato presidencial ante la ausencia temporal de los mandatarios.
La disputa gira en torno a quién debe ejercer temporalmente la Presidencia cuando el jefe de Estado se encuentra fuera de Bolivia: el Gobierno se ampara en un decreto que habilita la gestión presidencial mediante medios digitales, mientras sus críticos apuntan que una norma inferior no puede modificar el mecanismo de sucesión establecido por la Constitución Política del Estado.
A inicios de su mandato, Paz aprobó el decreto 5515 que le autoriza a gobernar a distancia y a evitar, de esa forma, dejar la presidencia en manos de Lara cuando estuviera ausente del país. La norma fue cuestionada porque contradice un artículo de la Constitución, pero aún está vigente por falta de quórum en el Tribunal Constitucional, instancia que debe resolver este tipo de controversias jurídicas.
A raíz del viaje anticipado de Paz a Estados Unidos el sábado para participar en la Asamblea de la ONU el jueves, Lara se declaró presidente en ejercicio y un día después, a propósito de un viaje que debía realizar a Paraguay, dejó la función a cargo del presidente del Senado, Diego Ávila, uno de los aliados más antiguos y leales de Paz.
“Entiendo que el presidente ha viajado para cumplir una agenda; nosotros hemos pedido un informe al equipo jurídico de la Vicepresidencia y la recomendación es que se cumpla el artículo 169 de la Constitución; eso quiere decir que en ausencia del presidente, mi persona asume la suplencia legal”, informó Lara ante los medios locales.
El Gobierno, en tanto, defiende la vigencia del decreto y se ha esforzado en demostrar que el presidente está cumpliendo sus funciones desde Estados Unidos: un comunicado de prensa informó que cumple una jornada laboral de siete a ocho horas, se ha mostrado participando en una reunión de gabinete por videoconferencia y ha firmado dos decretos sobre créditos y licencias de operadores turísticos a distancia.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que el presidente ejerce sus funciones desde Nueva York mediante medios digitales y que su viaje no constituye una ausencia definitiva ni un impedimento material que obligue a entregar formalmente el mando a nadie. En tanto, Ávila, presidente del Senado, aclaró que él reconoce la presidencia virtual de Paz.
Sin embargo, varias autoridades y líderes políticos defendieron el interinato. El fiscal general Roger Mariaca reconoció a Ávila como presidente interino durante un acto público, al igual que el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada.
En esa línea, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y el líder del Comité Cívico de esa región, Stello Cochamanidis, defendieron la sucesión constitucional ante la ausencia temporal del jefe del Estado. “Nada está por encima de la Constitución”, afirmó el gobernador Velasco.
Ante la creciente controversia sobre quién ocupa oficialmente el principal cargo público del país, el exdirector del Observatorio Político de la Universidad Gabriel René Moreno, Daniel Valverde, explicó que “la CPE es la norma suprema y el decreto es una norma inferior en el orden de jerarquía”, por lo que este no puede alterar los mandatos constitucionales.
“La ausencia temporal del presidente está regulada constitucionalmente. Eso es sin vueltas ni tomaduras de pelo”, y agregó que un gobernante “no puede autorregularse y establecer la manera en que ejercerá sus funciones”.
