La causa por apremios ilegales, vinculada con los homicidios de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, tuvo un nuevo capítulo en los tribunales de Salta: el pedido de sobreseimiento formulado por las defensas de los policías imputados fue rechazado, y el proceso seguirá su marcha hacia el juicio oral.
El Tribunal que intervino en la causa está presidido por el juez Leonardo Fearns e integrado por el juez Eduardo Sangari y la jueza Gabriela González. Fue ese cuerpo el que, luego de un cuarto intermedio convocado en la audiencia anterior, dio a conocer su resolución sobre el planteo de insubsistencia de la acción penal por afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, mecanismo al que recurrieron las defensas para solicitar la extinción de la acción penal y la desvinculación definitiva de todos los acusados.
Para llegar a esa conclusión, los jueces desarrollaron un análisis que contempló tres dimensiones: la complejidad propia del expediente, la conducta procesal de cada una de las partes y la actuación de los órganos judiciales a lo largo de la tramitación. Reconocieron que el proceso lleva un tiempo prolongado, pero sostuvieron que esa duración no puede leerse de forma aislada. En ese marco, señalaron que las defensas promovieron numerosos recursos y planteos que, aunque constituyen el ejercicio legítimo del derecho de defensa, generaron suspensiones que extendieron los tiempos del proceso.
Lejos de ser la primera vez que el tema se instalaba en la sala de audiencias, el Tribunal recordó que ya había rechazado un planteo de similares características el 15 de mayo de 2025. Esa decisión fue luego ratificada por el Tribunal de Impugnación el 17 de septiembre de 2025. La diferencia con el nuevo análisis radicó en el tiempo transcurrido desde aquel pronunciamiento y en que, en esta oportunidad, las defensas de todos los acusados presentaron conjuntamente el pedido de desvinculación definitiva, lo que dio al Tribunal razones para examinar nuevamente la cuestión.
Conocido el rechazo, las defensas manifestaron su intención de recurrir la decisión. Ante eso, el fiscal Espilocín tomó la palabra para sostener que el anuncio del recurso no impedía continuar con la audiencia. Pidió avanzar en ese mismo acto con el tratamiento de la prueba ofrecida por las partes, que es el paso previo necesario para llegar al debate oral. En su argumentación, señaló que el MPF no desconocía el derecho de los acusados y sus defensas a recurrir, pero que esa circunstancia no debía funcionar como freno al avance del proceso, en línea con lo que el propio Tribunal de Impugnación había recomendado en oportunidades anteriores.
El Tribunal, sin embargo, adoptó una postura distinta. Entendió que el recurso anunciado por las defensas tiene efecto suspensivo y, por esa razón, dispuso que primero se tramite y resuelva la impugnación. Recién una vez definida esa instancia, y de acuerdo con lo que decida el tribunal interviniente, el proceso retomará con el segundo tramo de la audiencia destinado al tratamiento de la prueba para el eventual debate oral.
En la audiencia comparecieron los dieciséis acusados: Martín Alberto Flores Saravia, Rubén Ángel Aguirre, Juan Carlos Paz, Osvaldo René Guanca, Néstor Orlando Chilo, Diego Aguirre Guantay, Rodolfo López, Ricardo Hernán Tabacache, Miguel Bernardino Flores, Dante Eduardo Ceballos, Adrián José Quipilor, Carlos Villagrán Guerrero, Fabio José Litián, Héctor Adrián Vázquez, Rodrigo Emmanuel Bautista y Ferraoti. También estuvieron presentes, en calidad de damnificados, Gustavo Orlando Lasi, Francisco Ariel Tejada y Daniel Octavio Vilte Laxi.
Al cierre del acto, el juez Fearns se dirigió a los damnificados para explicarles que, si bien el Tribunal había rechazado el sobreseimiento solicitado por las defensas, el anuncio de impugnar esa decisión obliga a tramitar ese recurso antes de seguir adelante. Lo que ocurra después dependerá de lo que resuelva el tribunal que intervenga en esa instancia.
