El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Edson Fachin, revocó este miércoles la suspensión preventiva del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y puso bajo su conducción la disputa judicial que provocó su apartamiento, en una escalada de enfrentamientos dentro de la máxima corte del país. Fachin también dejó sin efecto la decisión posterior que había restituido al funcionario y asumió la relatoría de investigaciones relacionadas con las acusaciones contra magistrados del tribunal.
La crisis comenzó el martes, cuando el juez André Mendonça ordenó separar temporalmente de sus funciones a Rodrigues y al director de Inteligencia de la Policía Federal, Leandro Almada. El magistrado cuestionó la actuación de ambos en una investigación que, según su resolución, había derivado en un seguimiento ilegal de autoridades.
Mendonça sostuvo que existió un “monitoreo sistemático” que lo afectó a él y a otros funcionarios. La medida abrió una disputa inmediata dentro del propio STF, porque al día siguiente el juez Flávio Dino tomó una posición contraria y dispuso el regreso de los responsables de la Policía Federal a sus cargos, respaldando los argumentos presentados por la Abogacía General del Estado.
Fachin intervino entonces para frenar ambas resoluciones. Su decisión no mantuvo vigente ni el alejamiento dispuesto por Mendonça ni la posterior restitución ordenada por Dino. De esta manera, el presidente del STF recuperó el control del expediente y dejó a Rodrigues nuevamente al frente de la Policía Federal.
El magistrado justificó su intervención por el choque entre decisiones emitidas por jueces del mismo nivel.
“Es grave el cuadro en que las decisiones de los ministros pasan a ser desafiadas horizontalmente”, escribió Fachin. Según explicó, era necesario impedir una situación de “conflictos y superposiciones procesales” que pudiera afectar el funcionamiento del tribunal.
La resolución también alcanzó otras investigaciones derivadas de la controversia. Fachin asumió la conducción de los procedimientos vinculados al llamado caso de las “Fake News” y ordenó detener cualquier investigación dirigida contra integrantes del Supremo. Asimismo, suspendió la investigación de la Procuraduría General de la República sobre una posible interferencia en la elaboración de un informe de la Policía Federal relacionado con el juez Alexandre de Moraes.
El informe fue elaborado a pedido de Mendonça y examinó comunicaciones entre Moraes y el banquero Daniel Vorcaro, detenido preventivamente en una causa por presunto fraude financiero vinculada al Banco Master.
Según la documentación incorporada al expediente, Vorcaro habría buscado asistencia de Moraes y llegó a preguntarle si debía abandonar Brasil antes de ser detenido. El informe también señaló que el magistrado había analizado un contrato de elevado valor entre el Banco Master y el estudio jurídico de su esposa, Viviane Barci de Moraes.
Moraes reclamó que se investigara la actuación de Mendonça por posibles irregularidades en la forma en que había impulsado el procedimiento. Otros integrantes del STF cuestionaron que Mendonça hubiera promovido averiguaciones sobre otro ministro sin una autorización previa del pleno.
Fachin convocó precisamente a una sesión plenaria para el martes 15 de septiembre, en la que los magistrados deberán analizar la validez del informe policial. También tendrán que pronunciarse sobre el pedido de la Procuraduría para anular el documento y sobre la conveniencia de abrir o cerrar una investigación contra Moraes.
El presidente del Supremo todavía deberá resolver, además, en un procedimiento específico de la Presidencia de la Corte, si Rodrigues permanecerá definitivamente en el cargo.
La disputa ocurre a pocas semanas de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre, en un escenario de fuerte polarización política. Moraes mantiene un papel central en investigaciones relacionadas con el intento de ruptura institucional atribuido al ex presidente Jair Bolsonaro, mientras sectores de la derecha brasileña reclaman su destitución y cuestionan sus vínculos con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
