Hay dos decisiones tomadas en un INTA cada vez más convulsionado y visiblemente sin una eficiente conducción política. Según pudo saber Bichos de Campo de buenas fuentes, en las últimas horas se decidió la salida del contador Daniel Alfredo Neira, quien había sido designado gerente en ese instituto técnico sin tener ningún antecedente, sin concurso público, y además habiendo cobrado una jugosa indemnización por otro cargi en el Estado, el Enacom. Era indigerible la situación: el 31 de julio el tipo renunció a un puesto allí, embolsó el dinero, y al día siguiente era designado en el INTA.
“Neira ya no pertenece al INTA”, fue el mensaje que llegó a este medio luego de hacer la pregunta correspondiente. El gremio APINTA, luego de que se hizo pública la escandalosa designación, había reclamado al Consejo Directivo de la entidad la “nulidad de designación” del nuevo gerente del INTA. En ese ámbito formado por diez consejeros (tres funcionarios y siete representantes del sector rural y de las universidades ligadas al agro), todos se hicieron los desentendidos, pero finalmente primó la cordura y se reclamó al contador que dé un paso al costado. Éste igual embolsó los 110 millones de pesos que le liquidó el Enacom, finalmente dinero público.
Este tiro para el lado de la justicia contrasta con otra decisión que ya tomó el Consejo Directivo, y que, según las fuentes consultadas, será oficializada en los próximos días mediante una resolución: la “exoneración” de la investigadora del INTA Virginia Gallardo, quien desde el INTA Balcarce se especializó en los últimos años en la medición de residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas, y participó del Proyecto SPRINT junto a universidades de la Unión Europea. El propio Instituto avaló la participación de la investigadora en esa iniciativa en 2019, pero luego en 2023 (durante un gobierno de signo contrario al actual) decidió pisar el freno y retirarse de la iniciativa. Antes, prohibió a Aparicio la difusión de los resultados de la primera fase de las mediciones.
Los resultados censurados en ese momento mostraron la presencia de residuos de múltiples sustancias utilizadas en el agro, como glifosato o atrazina, e incluso se encontraron rastros de clorpirifos -un agroquímico ya prohibido-. “Creo que asustó un poco el hecho de ver toda esa información”, sostuvo la investigadora al referirse a los datos obtenidos. Otros investigadores especializados en el asunto dijeron sin embargo que la metodología utilizada no había sido la correcta y que Aparicio había tomado partido en favor de quienes cuestionan el uso de insumos químicos con bases más ideológicas que científicas.
Lo cierto es que el INTA jamás asumió su responsabilidad institucional en este caso y la actual conducción libertaria encarada por el ex directivo de Aapresid Nicolás Bronzovich, mandó exonerar a la investigadora sin dar a conocer nunca los fundamentos de su acusación. Esto es, primero le dio aval a Aparicio para que avanzara con las mediciones de residuos de agroquímicos y a renglón seguido la sacó el banquito. Ahora quiere expulsarla para siempre del Estado.
El caso provocó una fuerte reacción en las redes sociales, sobre todo desde sectores vinculados al ambientalismo. También fue deplorado por los gremios de trabajadores estatales y por otras instancias académicas. Por caso, en las últimas horas se pronunció el Instituto de Estudios Sociales Agroalimentarios, Rurales y Ambientales (IESARA) de la Universidad de Buenos Aires. No solo se solidarizaron con Aparicio. “Expresamos también nuestra preocupación por el impacto de esta persecución ideológica para la libertad de expresión y de investigar dentro de la ciencia pública argentina”, dijeron.
De todos modos, en este caso no parece haber ya chance de marcha atrás y la exoneración sería ratificada en las próximas horas por la conducción del INTA, confirmaron las fuentes.
