Los bloqueos y caravanas de transportistas contra el alza de los combustibles y el Decreto 21-2026 escalaron entre miércoles y jueves en Guatemala, donde a primera hora de este jueves amanecen cerrados cuatro tramos viales en ambos sentidos, mientras el gremio exigía al presidente Bernardo Arévalo vetar la ley por considerar que el precio tope fijado para el diésel y las gasolinas no cubre sus costos de operación.
La jornada dejó un balance de ocho bloqueos en las principales carreteras del país, según el reporte más reciente de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial. De esos puntos, cuatro continuaban activos a las 5:48 de este jueves 10 de septiembre.
Uno de los cierres se mantenía en el kilómetro 37 de la CA-9 Sur, en el ingreso a San Vicente Pacaya, Escuintla, donde el bloqueo había comenzado a las 17:05 del miércoles y seguía sin hora de finalización reportada. En esa ruta, la acumulación de vehículos alcanzaba los alrededores del kilómetro 16 de la CA-9 y podía extenderse hasta el kilómetro 14 o la bajada de Villa Lobos, de acuerdo con Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva.
Quevedo describió el efecto del cierre en la movilidad hacia el sur del país con una advertencia directa: “Este bloqueo persiste desde el día de ayer y está generando estas complicaciones en la movilidad vehicular”.
El rechazo se concentra en los topes de Q39 y el fondo de Q2.500 millones
El origen de las protestas está en la aprobación, con 130 votos y trámite de urgencia nacional, de la iniciativa 6844, convertida en el decreto que fija un precio máximo de 39 quetzales por galón para el diésel y la gasolina regular, y de 41 quetzales para la gasolina superior. La norma también crea un fondo de 2.500 millones de quetzales para compensar a los importadores cuando el costo supere esos topes.
La respuesta del transporte extraurbano fue pedir que el Ejecutivo no sancione la norma. El sector sostiene que la fijación de precios no resuelve el problema y que, si entra en vigor en esos términos, el aumento del gasto operativo terminará trasladándose al valor del pasaje.
La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros movilizó caravanas de autobuses hacia la Ciudad de Guatemala entre las 7:00 y las 8:00 del miércoles. La salida se organizó desde tres puntos: Centra Sur, Molino de las Flores en Mixco y Condado Concepción, sobre la carretera a El Salvador.
Según el dirigente Carlos Vides, en algunos tramos la convocatoria llegó a unas 300 unidades, aunque la Empresa Municipal de Transporte calculó menos de cien autobuses. La presión incluyó el traslado de las unidades al Centro Histórico y la advertencia pública de que la estructura de costos del transporte no puede absorber el nuevo esquema.
Vides, presidente de Gretexpa, resumió la posición del gremio con una frase dirigida al impacto sobre los usuarios: “Con Q39 en el costo por galón, lo único que van a lograr, y se lo aseguro, es que las tarifas van a aumentar”.
Los cierres activos se repartían entre la CA-2, la CA-9 Norte y la CA-9 Sur
De acuerdo con Provial, uno de los bloqueos activos este jueves estaba en el kilómetro 168 de la CA-2 Occidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez, donde el cierre comenzó a las 6:30. En la ruta al Atlántico había otros dos puntos: el kilómetro 136 de la CA-9 Norte, en Río Hondo, Zacapa, activo desde las 15:08 del miércoles, y el kilómetro 126 de la misma carretera, en Santa Cruz Río Hondo, iniciado a las 8:15.
El reclamo formal de los transportistas incluye tres alternativas al decreto. La primera propone suspender durante seis meses el Impuesto de Distribución de Petróleo, el Impuesto al Valor Agregado y el arancel de importación aplicados a los combustibles.
La segunda plantea un subsidio directo al consumidor final de Q15 por galón de diésel y de Q8 por galón de gasolina superior y regular. La tercera propone una ley de fondo de compensación permanente para amortiguar futuras alzas.
El petitorio, firmado por Gretrucex, Gretexpa y otras organizaciones, solicita al mandatario que no sancione el decreto. El documento reconoce la intención de aliviar el gasto de la población, pero rechaza la fijación artificial de precios y pide a las autoridades promover una norma que contenga el impacto inflacionario sobre el transporte, el costo de vida y la actividad productiva.
Gamaliel Chin, presidente de la gremial de rutas cortas, reiteró ante medios locales que el alza se trasladará al pasaje si no cambia la decisión política. Los transportistas anunciaron además que permanecerían en el Centro Histórico hasta alrededor de las 18:00 del miércoles, a la espera de una respuesta oficial, y no descartaron nuevas jornadas de protesta antes de la entrada en vigor de la ley.
En paralelo, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional al sector empresarial, a solicitud del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, para garantizar la libre locomoción y proteger infraestructura estratégica, incluido el Aeropuerto Internacional La Aurora, ante la posibilidad de nuevos cierres.
Antes de la marcha, Arévalo había respaldado públicamente la medida aprobada por el Congreso. En redes sociales escribió: “La buena voluntad, la unidad y los consensos han permitido establecer una medida de precio máximo al consumidor”, y añadió que el Ejecutivo está listo para implementar la disposición.
