El nuevo Régimen Penal Juvenil volvió a generar un fuerte debate político después de que la Justicia bonaerense suspendiera por 60 días su aplicación en la provincia de Buenos Aires. La medida dictada por la jueza Marta Elba Pascual quedó en el centro de la polémica y los legisladores Christian Castillo, del PTS/FIT, Gisela Scaglia, del PRO y Bárbara Andreussi, de LLA, discutieron en A Dos Voces (TN) sobre el alcance de la reforma y las consecuencias del fallo que frenó su implementación en territorio bonaerense.
Scaglia defendió la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria y cuestionó que se utilice la falta de lugares de detención como argumento para frenar la aplicación del régimen. “Yo creo dos cosas que hay que hacer en la Argentina que ninguna provincia está haciendo. Primero, construir más cárceles”, sostuvo la diputada del PRO.
La legisladora también cuestionó el argumento de que la edad de los adolescentes debería impedir que sean responsabilizados por sus actos y apuntó directamente contra el fallo de la jueza Pascual.
Respecto a las deficiencias en el sistema carcelario, Andreussi afirmó que, a pesar de eso, es un “disparate” la resolución judicial. “Una jueza no puede poner en pausa una ley que ha dictado el Congreso. La jueza tiene lo que tiene que hacer: hacer que se cumpla la ley”, afirmó.
“Esta ley se aprueba hace seis meses y en estos seis meses, si ella realmente era tan calificada para el tema, tendría que haber convocado al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para que, si ella previamente sabe que las cárceles van a colapsar, puedan hacer las obras que requieran”, sostuvo.
En la vereda de enfrente, Castillo rechazó la reforma y sostuvo que bajar la edad de imputabilidad no es el camino para bajar la delincuencia juvenil: “La ley es puro humo desde el punto de vista de que esto solucionaría algún tema vinculado a la inseguridad”.
“Estamos discutiendo magnitudes. Esto no lo resuelve”, sostuvo, y señaló que, según los datos que presentó durante el debate, hubo tres homicidios en ocasión de robo cometidos por menores en la Ciudad de Buenos Aires y 25 en la provincia de Buenos Aires durante el año anterior.
Tras el resultado de las pruebas PISA, Castillo también apuntó contra la falta de inversión en educación y planteó que el problema central debería ser cómo garantizar que los chicos permanezcan en las escuelas. “Esta gente está pensando cómo encerramos a los pibes, tendríamos que pensar cómo logramos que los pibes estén en la escuela y puedan aprender bien”, cuestionó.
A eso, Scaglia lanzó: “El garantismo bobo no funciona en la Argentina”. Inmediatamente después, el debate se tensó y Castillo respondió con firmeza: “¿Y el punitivismo bobo? Este es un país punitivista loco, vos porque estás colonizada por la mente de los punitivistas, por la mano dura, por los defensores del gatillo fácil".
Uno de los momentos más tensos del debate se produjo cuando la discusión pasó por el vínculo entre los adolescentes y las organizaciones criminales.
Castillo sostuvo que los menores que son utilizados por bandas narco también pueden ser víctimas y cuestionó el enfoque de mano dura. “¿Un pibe de 14 años que termina de soldadito te parece que no es una víctima del sistema?”, preguntó. “No, hay conciencia en lo que están haciendo, es un delito de adulto que sabe muy bien lo que está haciendo”, expresó Scaglia.
Andreussi intervino y dijo que Castillo desarmó el argumento de la jueza Pascual al reconocer que son pocos los menores que cometen delitos graves para llegar a la cárcel. “Los menores delincuentes son víctimas del sistema como también lo son las víctimas que han sido atacadas. Usted se pone nada más en el lado del victimario ¿Qué pasa con la víctima?“, cuestionó.
“La ley es para definir cuál es el régimen penal que se aplica a los menores. A esto se llega porque hay menores que cometen delitos”, sostuvo la diputada de LLA. Castillo, por su parte, comenzó a repetir que era “puro humo” en varios momentos.
Scaglia sostuvo que la reforma también puede servir para evitar que los adolescentes sean utilizados por delincuentes mayores. “Vos tenías que hacer algo con un menor que cometía delitos. No estamos hablando de robar una gallina. Estamos hablando de un pibe que mata”, afirmó. Y agregó: “Muchas veces lo pueden extorsionar y agarrarlo como bandera para decir: ‘Meto a un menor y me salvo’”.
Finalmente, Andreussi remarcó: “Ayer la jueza decía: ‘Roban un celular, lo vamos a encerrar’. Eso no es verdad, eso no es lo que dice la ley. El encierro es la última de las alternativas”. Castillo insistió, sin embargo, en que el problema no se resuelve con más encierro y sostuvo que la prioridad debería estar puesta en sacar a los jóvenes de situaciones de pobreza y marginalidad.
Scaglia concluyó: “No hay que ponerse colorado cuando hay que construir más cárceles, hay que tener mejores sistemas penitenciarios, hay que hacer cumplir la ley”.
