La Libertad Avanza logró dictamen para reemplazar la Emergencia en Discapacidad por una ley permanente, apenas días después de proponer cambios que recortaban derechos y recursos del sector en el Presupuesto 2027. La oposición cuestionó el giro y reclamó prorrogar la emergencia hasta 2027.
El Gobierno de Javier Milei volvió a cambiar de posición sobre la política de discapacidad. Después de haber incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 modificaciones que ponían en discusión derechos y mecanismos de financiamiento del sector, La Libertad Avanza apareció este miércoles en Diputados con una propuesta que presenta como una “ley superadora” de la emergencia.
El oficialismo consiguió 42 firmas para un dictamen de mayoría que busca reemplazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad por un régimen permanente. Lo hizo con el respaldo del PRO, la UCR, Argentina Federal, el MID, Producción y Trabajo y La Neuquinidad.
El giro, no obstante, llega en un contexto que alimenta las críticas y las sospechas de la oposición y de organizaciones del sector. El Gobierno viene siendo cuestionado por el incumplimiento de la Ley de Emergencia y, apenas una semana antes, había enviado al Congreso un Presupuesto que avanzaba en sentido contrario al que ahora plantea su propio dictamen.
Del recorte a la «ley superadora»
La contradicción quedó expuesta en el propio contenido de las iniciativas.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo planteaba modificaciones al régimen de discapacidad, entre ellas cambios en el acceso a las pensiones y en el sistema de aranceles. Según un análisis de Chequeado, la propuesta eliminaba el precio único del nomenclador y su actualización automática por inflación, además de modificar el régimen de las pensiones por discapacidad.
Ahora, el proyecto impulsado por La Libertad Avanza ratifica la universalidad y homogeneidad de los aranceles del nomenclador y contempla su actualización. También mantiene la pensión no contributiva y establece su compatibilidad con el trabajo formal hasta determinados ingresos.
Es decir, puntos que habían generado fuertes cuestionamientos cuando fueron puestos en discusión en el Presupuesto reaparecen ahora incorporados al proyecto oficialista como parte de una supuesta solución permanente.
La propia diputada Laura Rodríguez Machado fue la encargada de defender el cambio. “No venimos a demonizar la Ley de Emergencia, sino a preguntarnos qué pasa el día después de la emergencia”, sostuvo durante el plenario.
El oficialismo sostiene que su propuesta permitiría convertir en permanentes determinadas garantías que hoy están atadas al régimen de emergencia, con partidas presupuestarias específicas, controles y mecanismos de actualización.
Pero el problema para el Gobierno es que la desconfianza no desaparece con el cambio de proyecto.
Una semana de diferencia y dos posiciones opuestas
El viraje adquiere mayor relevancia porque ocurre pocos días después de que el Ejecutivo presentara el Presupuesto 2027.
La propuesta presupuestaria había encendido las alarmas entre organizaciones, prestadores y bloques opositores por sus modificaciones al sistema de discapacidad. El cambio generó incluso reparos entre sectores aliados del Gobierno.
Ahora, en cambio, el oficialismo afirma que quiere garantizar de manera permanente derechos, prestaciones, actualización de aranceles y financiamiento.
La Nación describió el movimiento como un intento de “control de daños” y señaló que persisten dudas sobre la letra chica del proyecto.
La pregunta que atraviesa el debate es, entonces, por qué el Gobierno pasó de intentar modificar esos mecanismos en el Presupuesto a incorporarlos ahora en una nueva ley.
La oposición reclama primero cumplir la emergencia
Frente al cambio de posición, Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y Elijo Catamarca defendieron otra salida; prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
El planteo busca mantener vigente el marco actual mientras el Congreso discute una legislación de fondo, en lugar de reemplazar de manera inmediata la emergencia por una nueva norma.
La oposición también puso el foco en los incumplimientos acumulados durante la vigencia de la ley. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó que el oficialismo pretenda ahora aparecer como garante de los derechos que, según denunció, no protegió durante el último año.
“Durante un año incumplieron la Ley de Emergencia, les faltaron el respeto a las familias y abandonaron a terapeutas y prestadores”, sostuvo el diputado.
Desde Unión por la Patria, Eduardo Valdés fue todavía más directo al plantear que el problema central es la falta de confianza. Dijo que estaría dispuesto a acompañar un acuerdo si el Gobierno retiraba el Presupuesto y garantizaba las partidas destinadas a discapacidad con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.
«Contorsionismo» y dudas sobre el financiamiento
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que la emergencia se extienda hasta fines de 2027 y calificó el cambio de postura del oficialismo como “saltos ornamentales” y “contorsionismo”.
La crítica apunta a una cuestión central. Esto es, no alcanza con declarar derechos si después el Ejecutivo no garantiza los recursos para hacerlos efectivos.
El nuevo dictamen afirma que habrá partidas presupuestarias específicas y suficientes y contempla mecanismos para atender compensaciones pendientes a prestadores.
Sin embargo, la experiencia reciente es precisamente uno de los argumentos que utilizan quienes desconfían del proyecto oficialista. La discusión ya no pasa solamente por qué dice la ley. Por el contrario, el punto es qué garantías existen de que el Gobierno efectivamente la cumpla y financie.
Mientras tanto, la Ley de Emergencia en Discapacidad continúa vigente hasta diciembre de este año y la oposición insiste en que debe ser prorrogada hasta 2027.
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