Un grupo de estudiantes de Catamarca fue denunciado ante la Justicia a raíz de episodios de agresión e intimidación verbal cometidos contra una compañera de 17 años durante el viaje de egresados a San Carlos de Bariloche. El caso tomó estado público tras la viralización de una grabación audiovisual publicada en redes sociales por una de las participantes del contingente, en la cual se detallan los episodios de maltrato dirigidos a la joven en medio de las actividades de la estadía.

De acuerdo con lo expuesto en el material audiovisual, la agresión incluyó comentarios despectivos hacia el aspecto físico de la adolescente y referencias a la circulación previa de contenido íntimo sin su consentimiento. En el mismo registro, la autora del video admitió la naturaleza del ataque contra su compañera señalando: “La verdad que nos fuimos medio al choto”.

El relato también dio cuenta de que la víctima rompió en llanto y solicitó de manera reiterada que detuvieran las agresiones, lo que motivó la intervención de otros compañeros que intercedieron para frenar al grupo expresando: “Ya, ya, se están yendo al choto, paren”. Posteriormente, se requirió la asistencia de los coordinadores en la habitación de la joven al registrarse un cuadro de severa crisis emocional.

En la misma grabación, la estudiante que difundió el material se refirió al estado de salud mental atravesado por su compañera manifestando “yo estaba tentada”. Asimismo, la autora reconoció el impacto de las acciones del grupo hacia la víctima declarando que le generaba satisfacción un mal que, según afirmó, estaba atravesando la joven.

Las actuaciones judiciales se tramitan en dos causas paralelas: la Fiscalía de Instrucción N.º 7 investiga los hechos por hostigamiento ocurridos en Bariloche, mientras que la Fiscalía Penal Juvenil analiza la presunta extracción no autorizada y difusión de material privado de la adolescente previa al viaje, expediente por el que resultaron imputados tres alumnos. En el plano institucional, el Ministerio de Educación provincial dispuso la solicitud de informes al establecimiento escolar y la aplicación de protocolos de acompañamiento pedagógico para resguardar a las partes.