Los bloques PRO, UCR, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo y Adelante Buenos Aires avanzan en la Cámara de Diputados con una propuesta para dejar atrás el esquema de emergencia en discapacidad y establecer un marco permanente para el sector. El objetivo, según plantearon, es dar previsibilidad al sistema y garantizar el financiamiento de las prestaciones para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores.
La iniciativa contempla un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores, con plazos definidos y mecanismos de seguimiento. Los legisladores sostienen que el fin de la emergencia no debería afectar los pagos correspondientes a quienes cumplieron con los requisitos establecidos.
Los bloques cuestionaron además el funcionamiento del esquema actual y apuntaron contra lo que definieron como “el modelo del parche permanente”. En el comunicado, señalaron que durante años “la discapacidad fue usada como bandera por quienes prometieron derechos sin financiamiento” y sostuvieron que esa situación derivó en “aranceles atrasados, prestadores endeudados y familias esperando”.
En esa línea, plantearon que la actual Ley de Emergencia en Discapacidad tampoco permitió resolver los problemas de fondo. “Fue un parche más sobre un sistema lleno de parches”, afirmaron, y advirtieron que cada nueva prórroga “renueva la incertidumbre”: las familias no saben si las prestaciones continuarán, mientras que los prestadores quedan sin posibilidades de planificar.
“Prorrogar es cómodo para la tribuna; ordenar el sistema es lo responsable”, remarcaron los legisladores en el documento. Con ese argumento, defendieron la creación de un esquema permanente que, según plantearon, permita pasar “del relato a la gestión y de la urgencia a la sostenibilidad”, con un sistema que tenga reglas previsibles de financiamiento, actualización y control.
Uno de los puntos centrales está vinculado con los aranceles y el nomenclador. La propuesta busca mantener un arancel uniforme y establecer una actualización mensual automática de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC), con el argumento de evitar que los valores queden desactualizados frente a la inflación.
El proyecto también incluye modificaciones sobre las pensiones por discapacidad. Según el planteo de los bloques, se busca garantizar la continuidad del beneficio para las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y lo necesiten, además de mantener la compatibilidad entre la pensión y el trabajo formal mientras los ingresos laborales no superen dos salarios mínimos.
Otro de los ejes apunta a promover la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral. Para eso, la propuesta plantea mantener incentivos para los empleadores que incorporen trabajadores con discapacidad bajo contratos por tiempo indeterminado.
En paralelo, los diputados proponen reforzar los mecanismos de auditoría y control, aunque con garantías de debido proceso. También plantean incorporar partidas presupuestarias específicas, fortalecer la articulación con el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) y publicar información sobre el presupuesto destinado al sector, los aranceles y las pensiones.
