El plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los libertarios Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, firmará este miércoles los dictámenes sobre la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, el tema que motivó el emplazamiento de ambos cuerpos legislativos.
En paralelo, el oficialismo redactará una propuesta alternativa que, según sostienen en La Libertad Avanza, superará el esquema de emergencia y será contemplada en el Presupuesto 2027.
De esa manera, buscará cerrar la polémica que se desató en las filas libertarias en torno al capítulo sexto y a los artículos 39, 40 y 41 del proyecto de Presupuesto 2027 que el ministro de Economía, Luis Caputo, envió al Congreso el pasado 15 de septiembre. Esos puntos planteaban una propuesta que quedó desalineada del trabajo que venían realizando La Libertad Avanza y sus aliados en la Cámara de Diputados.
El proyecto de Presupuesto deroga varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre ellos, el artículo 8°, que establece: “Protección de la salud. Las personas con discapacidad titulares de la pensión no contributiva por discapacidad para protección social tienen derecho a un programa médico de atención y cobertura de salud que garantice las prestaciones básicas”.
Además, dispone la derogación del artículo 9 de la ley de 1948 que regula las pensiones no contributivas por invalidez y vejez. Esa norma faculta al Poder Ejecutivo a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin recursos suficientes, no amparada por un régimen previsional y mayor de 70 años o imposibilitada para trabajar.
“Buscamos un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelvan estos beneficios permanentes. Nos interesa discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país, y creemos que este Congreso tiene un tiempo suficiente largo como para tratar luego el presupuesto y debatir cuáles serán las mejores condiciones”, dijo la diputada Silvana Giudici.
Desde el oficialismo agregaron que durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto se establecerá un cronograma para que los funcionarios expongan y defiendan las partidas de cada área.
La propuesta original, que ahora sería reemplazada en su totalidad, planteaba la eliminación del Nomenclador Nacional Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. De esa manera, dejaba sin efecto un valor uniforme y obligatorio para todo el país, aplicable al Estado nacional, las obras sociales, las prepagas y el PAMI.
En ese contexto, una de las principales modificaciones en análisis sería mantener la actualización periódica del nomenclador. Sin embargo, el nuevo esquema no sería idéntico al vigente. La propuesta que discuten oficialistas y aliados contempla ajustes automáticos vinculados a la inflación, aunque con una periodicidad más espaciada que la actual.
La diputada Laura Rodríguez Machado (LLA) aclaró que el bloque trabaja en un concepto superador de lo que fueron históricamente las emergencias en la Argentina.
“Sumamos a todos los que quieran trabajar en materia de discapacidad a tener estándares permanentes en esa materia, a superar en conjunto estos conflictos que tenemos que algunos he escuchado hoy surgen recientemente pero que viene históricamente relegada de las políticas públicas en la Argentina”, afirmó durante el plenario de comisiones.
La postura de la oposición
Los bloques de Unión por la Patria y el resto de la oposición firmarán este miércoles a las 12 el dictamen que propone prorrogar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
La iniciativa lleva las firmas de Juan Marino (Unión por la Patria), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Pablo Juliano (PU), Yolanda Vega (AF), María Inés Zigarán (PU), Victoria Tolosa Paz (UxP), Yamila Ruiz (AF), Nicolás Massot (EF), Maximiliano Ferraro (CC), Martín Lousteau (PU) y Jorge “Gato” Fernández (Primero San Luis).
Sin embargo, en los dictámenes todavía resta conocer la posición que adoptarán los diputados de Argentina Federal, espacio con terminales en los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que mantienen conversaciones con el oficialismo.
Dictamen libertario
La propuesta que La Libertad Avanza viene consensuando con el PRO, sectores de la UCR y fuerzas provinciales —incluida la bancada Argentina Federal de Oscar Herrera Ahuad— deja de lado la calificación de “emergencia”.
La iniciativa busca instalar un cambio de paradigma. “El cambio de paradigma institucional y la superioridad de la ley permanente sobre el régimen de emergencia”, señalan desde LLA.
La propuesta plantea pasar de una lógica de emergencia a una legislación permanente. El objetivo es reemplazar instrumentos excepcionales, temporales y dependientes del contexto por reglas de fondo aprobadas por el Congreso, con mayor previsibilidad normativa y control parlamentario.
En los fundamentos sostienen que las reformas estructurales necesarias para abandonar el subdesarrollo no deberían apoyarse en herramientas jurídicas de excepción. Bajo esa interpretación, la emergencia debe conservar su carácter extraordinario y temporal, mientras que las modificaciones permanentes de las reglas económicas e institucionales deben tramitarse mediante leyes de fondo.
También destacan la doctrina desarrollada por la Corte Suprema sobre las condiciones y límites constitucionales de las medidas de emergencia. Según esa interpretación, dichas medidas deben cumplir cuatro requisitos: la existencia de una crisis o situación excepcional, una finalidad de interés público, temporalidad y razonabilidad o proporcionalidad.
Según el oficialismo, una ley permanente permitiría una planificación de largo plazo y establecer mecanismos estables de financiamiento, control y actualización periódica del nomenclador de prestaciones por discapacidad.
En materia de pensiones no contributivas, el Gobierno insiste en avanzar hacia criterios más restrictivos y reforzar los controles para su otorgamiento. La idea es que el Certificado Único de Discapacidad no implique automáticamente el acceso al beneficio y que también se evalúen el grado de afectación laboral y la situación socioeconómica del solicitante.
No obstante, ahora el oficialismo acepta la posibilidad de compatibilizar las pensiones con el empleo formal. El proyecto original enviado junto con el Presupuesto establecía una incompatibilidad absoluta entre ambas situaciones, un punto cuestionado por los sectores dialoguistas.
Otro aspecto que se analiza es el reclamo de los diputados Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Karina Maureira (La Neuquinidad) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) sobre la situación de los prestadores de servicios para personas con discapacidad, que exigen compensaciones por atrasos acumulados durante 2024.
La intención es definir un mecanismo para afrontar esas diferencias e incorporar herramientas claras de reconocimiento y pago durante los últimos meses de 2026 y en el Presupuesto del próximo año.
La crisis interna generada por el capítulo de Discapacidad incluido en el Presupuesto 2027 buscará encontrar una salida este lunes, cuando se reúna el gabinete nacional.
