El oficialismo logró, como adelantó TN, el dictamen de mayoría en el debate por la situación de las personas con discapacidad alcanzando 42 firmas. La oposición sumó 36 del plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda.
El proyecto denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”, destaca en su dictamen y consolida de manera permanente un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad.
El plenario de las comisiones fue encabezado por los libertarios Gerardo Hueses y Bertie Benegas Lynch, presidentes de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, respectivamente.
La norma busca una diagonal a diferencia de la transitoriedad, el contexto excepcional y el propósito coyuntural que define a la emergencia. “Nosotros proponemos incorporar de manera definitiva al plexo normativo el marco jurídico que, garantizando la sostenibilidad del sistema, asegure la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales, y en consecuencia proteja de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad de manera permanente”, destacan desde la conducción libertaria.
Dentro del articulado de la norma aseguran que reafirman los principios de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, sosteniendo el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad y su actualización. Los beneficiarios de esta pensión tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. También podrán trabajar y quienes los empleen por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.
Ratifican la universalidad del nomenclador y la homogeneidad de aranceles, con su correspondiente actualización. Y se establece que el sistema sea sostenible, con partidas presupuestarias específicas y suficientes.
“No podemos acostumbrarnos a vivir en emergencia. Una emergencia puede ser una herramienta excepcional, pero no puede convertirse en la forma permanente de garantizar derechos. Lo que estamos haciendo es transformar aquello que queremos que continúe en una política de Estado, con reglas permanentes, financiamiento, controles y previsibilidad”, sostuvo la diputada nacional Laura Rodríguez Machado.
La construcción de mayorías
El oficialismo alcanzó las 42 firmas a su dictamen con 32 de La Libertad Avanza, cuatro del Pro, uno de la UCR, uno de Producción y Trabajo, y cuatro disidencias: uno del Mid, Eduardo Falcone, dos de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella y uno de la Neuquinidad, Karina Maureira.
Por su parte el dictamen de minoría contó con 36 firmas: 29 de Unión por la Patria (UxP), cinco de Provincias Unidas, una del Frente de Izquierda y una de Elijo Catamarca.
Laura Rodríguez Machado aclaró: “Este dictamen es el resultado del trabajo del oficialismo y de los diputados dialoguistas. Hubo propuestas, discusión del articulado y voluntad de encontrar puntos de acuerdo. Cuando existe una responsabilidad concreta frente a las personas con discapacidad, el Congreso tiene que ser capaz de construir soluciones que puedan sostenerse en el tiempo”.
Los diputados del MID y de Argentina Federal, que firmaron en disidencia explicaron que impulsaron modificaciones al borrador de dictamen del oficialismo. Esas modificaciones garantizarían todos los derechos previstos en la actual Ley de Emergencia, e incorporan mejoras que beneficiarían los derechos del colectivo de personas con discapacidad. Además, serían permanentes garantizando la superación de la situación de emergencia con transparencia y previsibilidad. También garantizan certeza en el nomenclador, actualización de prestaciones, presupuesto con partidas específicas y un cronograma explícito de pagos a proveedores.
El dictamen contempla además una cláusula transitoria a raíz de la situación de las compensaciones pendientes a prestadores correspondientes al régimen establecido por la Ley 27.793. Si al momento de la sanción de la nueva norma existieran pagos pendientes respecto de prestadores que hayan cumplido los requisitos establecidos, el Poder Ejecutivo deberá informar y hacer público el cronograma para concluir el proceso de liquidación y pago.
El vencimiento de la emergencia no afectará el derecho de quienes hayan cumplido las condiciones para acceder a la compensación ni impedirá la finalización de los procedimientos administrativos iniciados durante su vigencia.
Dictamen de minoría
La propuesta que suscribió UxP, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y Elijo Catamarca, sostiene el proyecto del diputado Juan Marino del peronismo que impulsa la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027, de la Ley que declaró la Emergencia en Discapacidad.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro planteó que: “Hoy estamos atendiendo esta emergencia, que tiene que ver con poder garantizar derechos, poder garantizar salud, medicamentos, prestadores, terapistas, transportistas. Todo bien si algunos de ustedes quieren tomarnos el pelo a cada uno de los diputados que estamos acá hoy en este plenario de comisiones, pero no vamos a permitir que se les tome el pelo a las personas con discapacidad, ya que durante todo este tiempo no cumplieron mínimamente con una ley que votó este congreso en reiteradas oportunidades”.
Pablo Juliano planteó su desconfianza sobre el cambio de 180 grados que dio el oficialismo en Diputados respecto a la situación de la discapacidad. “Claramente, por la presión que hicimos desde la oposición y porque hay una sociedad que se moviliza, hoy el gobierno debe dar marcha atrás con el nuevo ataque contra las personas con discapacidad que se planteó en la ley de Presupuesto 2027”, explicó el diputado de Provincias Unidas.
Mientras que el porteño Eduardo Valdés (UxP) reconoció que, “es difícil trabajar bien cuando nos corren permanentemente el arco. Me encantaría votar este tema por unanimidad, hasta sería un gran ejemplo antes que llegue el Papa. Pero retiren el presupuesto del parlamento, pongan las partidas de discapacidad con la firma de (ministro de Economía) Luis Caputo, y les vamos a creer”.
