Familias, prestadores y referentes del sector de la discapacidad volvieron a movilizarse este miércoles 23 de septiembre para hacer visible una realidad que preocupa a miles de familias en Villa María.
La convocatoria reunió a unas 50 personas en el Teatrino, donde se escucharon testimonios sobre las dificultades que atraviesa actualmente el sistema de prestaciones.
La actividad fue organizada por el grupo Hablemos de Autismo y Neurodiversidad y contó con la participación de familias, profesionales, prestadores y funcionarios.
Entre ellos estuvieron los concejales José Cativelli y Silvina Irusta, quienes acompañaron la movilización y escucharon los reclamos planteados durante la jornada.
Discapacidad en emergencia y el reclamo por la prórroga
Una de las voces que se escuchó durante la movilización fue la de Carolina Coria, abogada e integrante de Hablemos de Autismo y Neurodiversidad.
La referente describió un escenario complejo para el sector y destacó que la organización colectiva permitió sostener los reclamos durante los últimos meses.
“Es un período muy golpeado para el sector de la discapacidad, lo único que lo ha sostenido es la unión y el alzar la voz, el reclamar, sostener la lucha”.
Coria se refirió además al tratamiento en comisión de la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en medio de la discusión presupuestaria nacional.
“Hoy se trató en comisión la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, después de que el gobierno diera a conocer la Ley de Presupuesto para el 2027, que prácticamente borra del mapa la Ley de Emergencia”.
La abogada señaló que todavía existe incertidumbre sobre la propuesta presentada por el Gobierno nacional y planteó las consecuencias que, según su mirada, tendría no extender la normativa.
“En caso de que no se vote la prórroga, el sector de discapacidad va a desaparecer del mapa de nuestro país, desaparece el sistema de prestaciones tal y como lo conocemos”.
Prestaciones, nomenclador y trabajo registrado
Coria también advirtió por un posible retroceso en herramientas que actualmente forman parte del sistema de atención a las personas con discapacidad.
“Se cancela el nomenclador de prestaciones, el trabajo registrado, todos los avances que se habían conseguido a partir de la vigencia de la Ley de Emergencia”, explicó.
En ese contexto, cuestionó duramente las políticas nacionales hacia el sector y calificó la situación como una forma de “eutanasia social”.
Familias y los costos que no siempre se ven
Verónica González, familiar de una persona con discapacidad, puso el foco en las dificultades cotidianas que atraviesan las familias y en aquellos gastos que muchas veces quedan fuera de escena.
“Una sociedad se define por cómo trata a las personas más vulnerables, y en esto quiero hacer especial hincapié porque nadie está exento de tener un familiar o alguna persona cercana con discapacidad”, detalló.
González señaló que conseguir medicamentos, pañales o asistencia profesional se convirtió en una preocupación frecuente para muchas familias.
“Últimamente es enorme la lucha por conseguir remedios, pañales o asistencia de algún profesional, son dolorosas las cosas que no se ven”.
También remarcó que muchas de esas necesidades terminan siendo afrontadas por familiares y particulares, a través de redes de solidaridad.
Prestadores de discapacidad y demoras en los pagos
La situación también impacta directamente sobre quienes brindan servicios. Virginia Genné, psicopedagoga y prestadora para personas con discapacidad, habló sobre las dificultades económicas del sector.
“Esto es muy agotador, como prestadores, lo que se ha agravado en este tiempo han sido los plazos de pago”, sostuvo.
Según explicó, los tiempos habituales de cobro se extendieron y actualmente llegan a los 60 días.
“Nosotros siempre empezábamos a cobrar a los 45 días, pero este es el segundo mes consecutivo en el que el tiempo de cobro llega a los 60 días”, dijo al respecto.
Genné agregó otra preocupación vinculada con los cambios implementados por algunas obras sociales para presentar las carpetas de prestaciones.
“Eso puede hacer que las familias no presenten en tiempo y forma las carpetas y no reciban su tratamiento en 2027”.
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