El Ejército ecuatoriano presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia para que se investigue un presunto caso de abuso sexual cometido por personal militar contra una mujer privada de libertad en una cárcel de Guayaquil. La decisión se produjo después de la difusión de un video que muestra a un uniformado realizando tocamientos a una interna y de denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre posibles hechos similares ocurridos durante las operaciones militares en centros penitenciarios femeninos.
El caso se concentra en el Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas 2. Las imágenes comenzaron a circular durante el fin de semana del 19 de septiembre y muestran a un militar armado acercándose a una interna y tocándola en el pecho. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil difundió el material y pidió que se determinen las circunstancias en las que ocurrió el episodio y la identidad del militar.
El Ejército informó el 21 de septiembre que, una vez conocida la denuncia, inició acciones internas para recabar y verificar información. Paralelamente, acudió ante las autoridades competentes para que los hechos sean investigados en la vía penal. La institución aseguró que entregará la información requerida para esclarecer lo ocurrido y reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a actuaciones de sus integrantes que contravengan la ley.
Hasta este 22 de septiembre no se ha informado públicamente la identidad del uniformado que aparece en la grabación, la unidad militar a la que pertenece ni la fecha exacta en que se produjo el episodio. Tampoco existe hasta ahora una determinación judicial de responsabilidad. La Fiscalía deberá establecer la autenticidad y contexto del video, identificar a las personas involucradas y determinar si la conducta registrada configura un delito.
La denuncia, sin embargo, no se limita a las imágenes difundidas. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que durante las últimas semanas recibieron alertas de familiares y de mujeres que estuvieron privadas de libertad sobre presuntos episodios de acoso, violencia y abuso sexual atribuidos a militares durante controles y requisas en Guayas 2. Estas acusaciones tampoco han sido verificadas judicialmente.
Las organizaciones acudieron a la Defensoría del Pueblo y solicitaron una intervención urgente en el centro penitenciario. Entre las medidas planteadas está realizar una visita sin previo aviso y mantener entrevistas confidenciales con las internas, sin presencia de militares ni otros integrantes de las fuerzas de seguridad. También solicitaron información sobre las órdenes, protocolos y reglas operativas aplicadas por las Fuerzas Armadas en cárceles femeninas.
A esas denuncias se agregó otra relacionada con lo ocurrido después de la divulgación del video. Los colectivos sostienen que militares habrían ingresado nuevamente al centro el 20 de septiembre y utilizado gas lacrimógeno contra las internas como represalia por la difusión de las imágenes. Hasta el momento no existe una confirmación oficial independiente de esa acusación.
El caso también abrió interrogantes sobre los procedimientos empleados durante las operaciones militares en cárceles de mujeres. Las Reglas de Bangkok de Naciones Unidas establecen que los registros personales de internas deben ser efectuados únicamente por personal femenino debidamente capacitado. Las Reglas Nelson Mandela disponen además restricciones para el ingreso de funcionarios hombres a las áreas destinadas a mujeres.
Las Fuerzas Armadas adquirieron un papel central en el control penitenciario desde enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno frente a organizaciones criminales. Desde entonces, militares participan en operaciones de seguridad, requisas y control de los centros penitenciarios.
La Asamblea Nacional ya había requerido al Ministerio de Defensa información sobre denuncias de abusos, torturas y muertes ocurridas bajo custodia militar desde 2024. El ministro Gian Carlo Loffredo solicitó el 18 de septiembre una prórroga para entregar esa documentación.
La investigación iniciada tras la difusión del video deberá determinar ahora si se trató de un episodio individual o si las demás denuncias recibidas por las organizaciones tienen sustento. También deberá establecer qué personal estaba desplegado en Guayas 2, bajo qué órdenes operaba y cuáles eran los protocolos aplicables al contacto entre militares hombres y mujeres privadas de libertad.
