Buenos Aires, 22 septiembre (NA) - El ajuste llegó a la cultura colombiana y encendió un conflicto que, con diferencias políticas y económicas, remite inevitablemente a lo que ocurre en la Argentina con el gobierno de Javier Milei: reducción de recursos, programas de fomento bajo presión, organismos culturales debilitados y artistas que salen a la calle para reclamar que el equilibrio fiscal no se alcance a costa de la producción cultural. En Bogotá, artistas, estudiantes y trabajadores del sector se concentraron frente al Ministerio de las Culturas para rechazar el recorte presupuestario, las demoras en los pagos y la suspensión de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos. Las consignas “La cultura no se vende” y “La cultura no es una opción, es una necesidad” sintetizaron una protesta que puso en discusión el lugar que ocupa el financiamiento público de las artes. El proyecto presupuestario del gobierno de Abelardo de la Espriella para 2027 contempla 706.196 millones de pesos colombianos para el Ministerio de las Culturas, frente a los 1,001 billones aprobados para 2026, una reducción cercana al 29,5%. Los recortes también alcanzarían al Archivo General de la Nación y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia. A ese panorama se sumó la suspensión, por primera vez en 27 años, de los premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos, que dejó sin evaluar 1.308 propuestas. El Gobierno, por su parte, atribuyó parte de la crisis a una deuda de 185.000 millones de pesos colombianos heredada de la administración de Gustavo Petro y anunció un primer desembolso de 40.000 millones para comenzar a regularizar los pagos. La discusión encuentra un antecedente cercano en la Argentina, donde desde 2024 la política de reducción del gasto público de Milei impactó sobre buena parte del entramado cultural sostenido o acompañado por el Estado. El cine fue uno de los principales escenarios de esa disputa. El INCAA atravesó una reestructuración y una reducción del fomento que productores, realizadores y entidades del sector vinculan con una caída de la actividad. El teatro independiente también cuestionó los cambios introducidos en el Instituto Nacional del Teatro, cuya autarquía fue eliminada en 2025 para transformarlo en una unidad dependiente de la Secretaría de Cultura. La controversia argentina llegó incluso a los principales festivales internacionales. En San Sebastián, Dolores Fonzi calificó esta semana como “pésima” la situación de la cultura nacional y cuestionó al gobierno de Milei por el deterioro de los mecanismos públicos que permitían financiar películas y sostener coproducciones con otros países. El Gobierno argentino defiende, en cambio, esas transformaciones como parte de una política destinada a reducir el gasto, reorganizar organismos públicos y eliminar estructuras que considera ineficientes. Colombia y la Argentina llegaron al conflicto por caminos políticos diferentes y con estructuras de financiamiento que no son equivalentes. Sin embargo, las protestas exponen una tensión similar: cuando el ajuste alcanza a la cultura, la discusión deja de limitarse a cuánto gasta el Estado y pasa a concentrarse en qué ocurre con películas, obras teatrales, libros, archivos y proyectos que pierden las estructuras públicas que los financiaban o promovían. Agencia NA