La Casa Rosada confirmó que recurrirá la sentencia del juez Martín Cormick, que declaró inconstitucional el mecanismo utilizado para frenar la Ley 27.795. Hasta este martes por la tarde la apelación estaba anunciada, pero no constaba todavía su presentación formal.

El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, abriendo una nueva etapa del conflicto judicial con las universidades públicas, docentes y trabajadores no docentes.

La decisión fue comunicada este martes por fuentes oficiales después de que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declarara inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 con el que el Poder Ejecutivo había condicionado la ejecución de la Ley 27.795.

“Apelación, seguro”, resumió un funcionario de primera línea al anticipar la estrategia de la Casa Rosada.

Hasta este martes por la tarde, sin embargo, no había constancia pública de que el recurso hubiera sido presentado formalmente en el expediente ni de que el Gobierno hubiera solicitado específicamente un efecto suspensivo.

La revisión de la sentencia corresponderá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Qué pasa mientras se prepara la apelación

El fallo de Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y dispuso que el Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para ponerla en funcionamiento.

El anuncio de una apelación no modifica por sí solo esa orden.

Bajo el régimen de la Ley de Amparo, una sentencia definitiva puede ser apelada y el recurso, si es concedido, tramita en ambos efectos. Eso puede abrir una discusión sobre la ejecución del fallo mientras interviene la Cámara.

Por ahora, sin embargo, ese paso procesal no estaba formalizado.

Además, existe una particularidad relevante: antes de esta sentencia definitiva ya había una medida cautelar firme que obliga al Gobierno a aplicar los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, vinculados principalmente con la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de becas estudiantiles.

Esa cautelar fue confirmada por la Cámara en marzo y la Corte Suprema rechazó en junio el recurso extraordinario presentado por el Estado.

Por lo tanto, aun si la apelación contra la sentencia de fondo abre una nueva discusión sobre el alcance general de la ley, el conflicto por salarios y becas tiene además una orden cautelar previa que continúa vigente.

La estrategia del Gobierno

La Procuración del Tesoro ya trabaja en los argumentos con los que el Ejecutivo intentará revertir la sentencia.

Desde la Casa Rosada mantienen la posición de que aplicar íntegramente la Ley de Financiamiento Universitario implica un gasto no contemplado en el esquema presupuestario y puede comprometer el objetivo de equilibrio fiscal.

El Gobierno había utilizado precisamente ese argumento al dictar el Decreto 759/2025, que promulgó la ley después de que el Congreso insistiera frente al veto presidencial, pero condicionó su ejecución a la existencia de partidas y fuentes de financiamiento.

Cormick rechazó esa interpretación.

El juez consideró que utilizar posteriormente una norma presupuestaria para impedir la aplicación de una ley ratificada por dos tercios de ambas cámaras constituía un mecanismo incompatible con el procedimiento constitucional.

También sostuvo que la propia Ley 27.795 establece herramientas para afrontar el gasto, mediante reasignaciones y la utilización de mayores ingresos corrientes.

Qué está en juego

La ley alcanza un conjunto amplio de partidas para el sistema universitario.

Incluye la actualización de salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, becas estudiantiles, ciencia y tecnología, infraestructura y programas de investigación.

Por eso, la apelación no afecta solamente una discusión salarial.

Las universidades reclaman que el Ejecutivo avance con la ejecución integral de la norma y sostienen que el deterioro presupuestario acumulado ya impacta sobre carreras, laboratorios, proyectos científicos, hospitales y programas de asistencia estudiantil.

El CIN mantendrá el reclamo

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya había celebrado la sentencia y anticipó que continuará exigiendo su cumplimiento.

Una autoridad del organismo sostuvo este martes que el sistema universitario mantendrá el reclamo “hasta el final”, incluso ante la posibilidad de una apelación.

Desde los gremios docentes también interpretaron el fallo como un respaldo a sus reclamos.

La Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires y dirigentes de CONADU ratificaron además la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, que tendrá entre sus ejes centrales la aplicación de la Ley 27.795 y el financiamiento previsto para 2027.

En Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba había reclamado después de conocerse la sentencia que el Gobierno cumpliera de inmediato la ley. Hasta este martes por la tarde no se había difundido una nueva declaración institucional de la UNC específicamente sobre el anuncio de la apelación.

Una disputa que sigue abierta

La apelación anunciada trasladará nuevamente el conflicto a la Cámara Contencioso Administrativa Federal.

Mientras tanto, la situación combina dos planos judiciales diferentes: por un lado, la sentencia de fondo que ordenó aplicar integralmente la ley y que el Gobierno busca recurrir; por otro, una cautelar previa y firme que ya obliga a cumplir determinados artículos vinculados con salarios y becas.

El próximo dato clave será la presentación formal del recurso, las condiciones en que sea concedido y la decisión que adopte la Cámara sobre la sentencia de Cormick.

La disputa continuará además en paralelo en el Congreso, donde comenzó el debate por el Presupuesto 2027, y en las calles, con una nueva movilización universitaria prevista para el 15 de octubre.

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