El gobernador Hugo Passalacqua presentó un proyecto para reincorporar el uso de este agrotóxico en los cultivos, dejando sin efecto la norma promovida en 2023 por Carlos Rovira. El proyecto, originado en las demandas de productores, se tratará en la Legislatura. El empleo de glifosato plantea la disyuntiva entre restablecer la productividad a costa de la salud de la población circundante, como ya sucedió en Córdoba.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó a los diputados de su bloque Movimiento por lo que Viene a presentar un proyecto de ley que derogue el artículo 7 de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos (Ley XVI-N.º 164).
La normativa fue sancionada en junio de 2023 por el ex gobernador de Misiones -y familiar político de Passalacqua-, Carlos Rovira. Su texto prohibía totalmente el uso de glifosato y sus componentes en todo el territorio misionero.
Esa restricción establecía un esquema de transición hacia la prohibición total del agrotóxico que en Córdoba causó estragos: en nuestra provincia, concretamente en el barrio de Ituzaingó Anexo, las fumigaciones con glifosato aumentaron exponencialmente la cantidad de casos de cáncer en la población cercana a los cultivos rociados.
En Misiones, esa transición hacia el fin del uso de glifosato debió aplicarse plenamente a mediados de 2025, pero fue prorrogada por decreto hasta 2030. El nuevo proyecto de Passalacqua busca directamente eliminar el límite legal.
Soluciones insuficientes y vuelta al veneno
La postura del gobierno de Misiones se originó en los reclamos de la mesa de enlace nacional y de las cooperativas agrícolas locales, tanto del sector forestal como productoras de yerba mate, té y tabaco, en relación a la pérdida de competitividad.
Según los productores, la eliminación del glifosato sin alternativas biológicas eficaces y económicamente accesibles en el mercado, elevó drásticamente los costos de producción. Los bioinsumos a los que tienen acceso exigen mayor mano de obra y esfuerzo, reduciendo el rendimiento de la tierra. La norma de Rovira llevó a que el Estado misionero apoyara e invirtiera en el uso de Bioherb, un producto de reemplazo del glifosato pertenciente a la empresa Agro Sustentable, pero cuando este producto fue auditado se demostró que carecía de certificaciones obligatorias de SENASA.
Festeja la Sociedad Rural
La Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró la decisión de volver al glifosato, argumentando que la medida de Passalacqua le devolverá previsibilidad y viabilidad al sector.
A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad remarcó que se trata de “una medida de alto impacto para la producción misionera, que permite recuperar herramientas fundamentales para el desarrollo de la actividad agropecuaria”. Además agregaron que “este nuevo escenario demuestra la importancia de sostener una representación gremial firme, presente y comprometida con las necesidades de los productores”.
Desde la SRA argumentaron que la quita de herramientas de manejo tradicionales, en un marco de alta competencia y exigencia de los mercados internacionales, atenta contra la sustentabilidad económica de las familias rurales del Noreste argentino. De este modo, la SRA aseguró su respaldo a la medida del Poder Ejecutivo misionero de cara a su tratamiento legislativo.
El proyecto de derogación significa un quiebre político entre el actual gobernador Passalacqua y el ex gobernador Carlos Rovira, quien gobernó Misiones durante las últimas dos décadas.
El problema de la prohibición del glifosato pareciera vincularse a la falta de contemplación de alternativas sustentables, más que a una necesidad que solo pueda solventarse con este agroquímico. La ley de bioinsumos de 2023 le permitió al oficialismo rovirista colocar a Misiones como la primera provincia “sustentable” del país. Pero la situación actual demuestra que con restringir no alcanza: es necesario también articular respuestas a la altura de las necesidades productivas y de desarrollo local, sin por ello volver a los mismos esquemas que atentan contra la salud del ambiente y las comunidades.
En lugar de articular esas otras respuestas posibles, tanto el sector productivo como el Poder Ejecutivo optaron por la vuelta del glifosato. El nuevo texto legislativo introduce una cláusula de mercado que reconecta a la provincia con los estándares del comercio exterior. La normativa estipula que la obligatoriedad de implementar insumos biológicos en el agro quedará condicionada a que estos productos cuenten con la homologación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y, de forma simultánea, sean validados por los países compradores de las exportaciones misioneras, como los Estados Unidos, principal destino del té local.
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