Granada, 10 sep (EFE).- El Gobierno mantiene un seguimiento "permanente" del caso de los dos andaluces presos desde hace 20 meses en Guinea Ecuatorial y cuyas familias han exigido más implicación política y una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial.
En una información a medios, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha explicado que mantiene un seguimiento "permanente" del caso de David Rodríguez Ballesta y Javier Marañón Montero, un granadino y un cordobés acusados de corrupción por un proyecto de televisión digital.
La embajada de España en Malabo y los Servicios Centrales del Ministerio continúan realizando gestiones de protección y asistencia consular en favor de ambos.
En el plano político, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha abordado el asunto con su homólogo ecuatoguineano, Simeón Oyono, en tres ocasiones, dos veces el año pasado y una en febrero de este 226. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales lo hizo en otras dos ocasiones a lo largo de 2025.
Sobre el terreno, el embajador de España en Malabo ha planteado el caso ante el presidente de la república, Teodoro Obiang, como también ha hablado con el vicepresidente de Guinea, la primera dama, el fiscal General del Estado y el ministro de Asuntos Exteriores, además de mantener llamadas y mensajes semanales con este último y con otros niveles de la Administración ecuatoguineana.
Fuentes del Gobierno han añadido que la Embajada ha cursado también más de cuarenta notas verbales y se han dado 26 visitas consulares.
Estas gestiones han servido para mantener un acceso regular a los detenidos, facilitar el contacto con sus familiares y hacer posibles la entrega de alimentos y la realización de visitas médicas.
El Gobierno ha recordado que, en mayo de este año, Alberes recibió personalmente a ambas familias para interesarse por su situación y, el pasado 4 de agosto, los hermanos de los detenidos y un representante de la empresa se reunieron con la directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular.
"Este Ministerio reitera su compromiso con la protección y asistencia de los ciudadanos españoles en el exterior y continuará prestando a este caso toda la atención que requiere en el ámbito de sus competencias", han resumido.
Las familias de los dos andaluces que permanecen en la cárcel de Playa Negra han reclamado este mes más implicación al cumplirse los 20 meses de prisión preventiva, un tiempo muy por encima del máximo legal.
También han anunciado esta semana que reclamarán una indemnización al Gobierno en concepto de responsabilidad patrimonial. EFE
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