Lizzeth María Guadalupe Narváez Pérez y Beatriz Angélica Meraz Rincón fueron detenidas el 8 de septiembre en la carretera Nacional Monterrey-Ciudad Victoria, a la altura de Linares, Nuevo León, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Ambas transportaban más de un millón 56 mil pesos en efectivo ocultos en una mochila y no pudieron acreditar el origen legal del dinero ante las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las detenidas serán imputadas por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. Con ello, las dos mujeres quedaron a disposición de las autoridades federales tras la intervención.
La AIC interceptó el vehículo en un punto de revisión sobre la carretera Nacional
Los agentes federales establecieron un punto de revisión sobre la vía que conecta Monterrey con Ciudad Victoria. Al detener el vehículo en que viajaban las dos mujeres, los elementos de la AIC procedieron a su inspección.
Durante la revisión, los agentes hallaron una mochila con un millón 56 mil pesos en efectivo. El portal Línea Directa precisó que el dinero estaba oculto en una caja de galletas dentro de ese equipaje.
Ninguna de las dos mujeres pudo presentar documentación que acreditara la procedencia legal de la cantidad asegurada. Esa incapacidad de justificar el origen del efectivo fue el elemento central que derivó en su detención formal.
La FGR señaló que la probable responsabilidad de Lizzeth Narváez Pérez y Beatriz Meraz Rincón se enmarca en el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese delito contempla penas de prisión para quienes trasladen, oculten o transfieran recursos de origen no comprobado.
El operativo del 8 de septiembre dejó ocho detenidos en cinco estados del país
La detención en Linares formó parte de un operativo federal más amplio coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Las acciones del 8 de septiembre se desplegaron en los estados de Chihuahua, Coahuila, Colima, Michoacán y Nuevo León.
El resultado total del operativo fue de ocho personas detenidas en terminales aéreas, centrales de autobuses y carreteras, según informaron medios locales. Las acciones incluyeron aseguramientos de armas, drogas y bienes vinculados a actividades ilícitas.
El Gabinete de Seguridad estimó que la afectación económica a la delincuencia organizada derivada de esas acciones ascendió a 3 mil 189 millones de pesos. Esa cifra comprende el conjunto de cateos, detenciones y decomisos realizados durante la jornada.
En el Aeropuerto de Apodaca también hubo decomisos vinculados al mismo operativo
En el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León, las autoridades realizaron un decomiso de sustancias durante el mismo operativo. Los agentes incautaron cuatro kilogramos de marihuana, 400 cigarros de esa sustancia, 280 vapeadores de cannabis sativa, 40 vapeadores de THC y una maleta.
La FGR también reportó un cateo en San Pedro Garza García, dentro de la zona metropolitana de Monterrey. El inmueble allanado se ubicó en la avenida Roberto Garza Sada, en la colonia Valle de San Ángel, sector Francés.
Durante ese cateo se aseguraron vehículos de alta gama en el marco de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó los detalles del procedimiento en ese municipio.
Las acciones en el aeropuerto de Apodaca, en Linares y en San Pedro Garza García configuraron tres frentes simultáneos de la estrategia federal en territorio neoleonés. Los tres procedimientos quedaron vinculados a la misma línea de investigación sobre traslado y lavado de dinero.
La detención de Narváez Pérez y Meraz Rincón se suma a una tendencia de operativos carreteros en los que la FGR y la SSPC interceptan efectivo no justificado en rutas de alto tránsito. Las carreteras que conectan el noreste del país con el centro han sido escenario recurrente de este tipo de aseguramientos.
El caso permanece abierto y las autoridades no precisaron una fecha para la audiencia inicial de las dos imputadas. La FGR tiene la obligación de presentarlas ante un juez de control en los plazos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
