El Ejecutivo oficializó la aprobación de una serie de préstamos del BID y la CAF para dos provincias, y habilitó además una línea de crédito para futuros proyectos en la administración tributaria. Las medidas fueron oficializadas en tres decretos publicados este lunes.
Son tres operaciones de financiamiento con organismos internacionales por un total de US$530 millones, destinadas a un programa de modernización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a obras de infraestructura en Entre Ríos y Chubut.
Del total, US$280 millones serán destinados a Entre Ríos para obras de infraestructura vial, US$150 millones a Chubut para un programa de acueductos y US$100 millones a la Argentina para la reforma de la administración tributaria federal, con participación de ARCA.
Además, el decreto vinculado a ARCA contempla una línea de crédito condicional del BID de hasta US$600 millones, que podrá utilizarse durante un período de diez años para financiar futuros proyectos de inversión vinculados con la administración tributaria. De todos modos, solo US$100 millones fueron aprobados en esta etapa forman parte de esa línea.
Obras viales para Entre Ríos
El Decreto 1104 aprobó el modelo de contrato de préstamo con el BID para financiar el Programa de Infraestructura Vial Sostenible para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos (PIVS-ER).
El crédito será de hasta US$280 millones y tendrá como objetivo contribuir al desarrollo de las cadenas productivas agropecuarias de la provincia.
El programa contempla dos grandes componentes: por un lado, ingeniería, obras, inspección y compensaciones socioambientales y, por otro, el fortalecimiento institucional de la provincia para mejorar la gestión de su infraestructura vial.
Entre los objetivos específicos figuran mejorar la accesibilidad y las condiciones de circulación de la red vial provincial y fortalecer las capacidades de Entre Ríos para administrar esa infraestructura.
Como garantía de la operación, la Nación respaldará ante el BID las obligaciones financieras que asuma la provincia. A su vez, Entre Ríos deberá suscribir una contragarantía con el Gobierno nacional.
El esquema incluye una cláusula para el caso de incumplimiento: si la provincia no cancela los compromisos correspondientes, autorizará al Gobierno nacional a gestionar el débito automático de los fondos de la coparticipación federal de impuestos, hasta cubrir el monto adeudado.
Acueductos en Chubut
El Decreto 1105 habilitó una operación por hasta US$150 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar el “Programa Sistema de Acueductos Sostenible de la Provincia del Chubut”.
El objetivo es mejorar el abastecimiento de agua potable en la Cuenca del Río Senguer, reducir las pérdidas del sistema y generar mejores condiciones para el desarrollo de la provincia. El programa tendrá tres componentes: obras de infraestructura resiliente, fortalecimiento institucional y otros gastos.
En este caso, al igual que con Entre Ríos, la Argentina otorgará una garantía ante el organismo internacional para respaldar las obligaciones financieras que asuma Chubut.
La provincia, por su parte, deberá suscribir una contragarantía con la Nación. Si no cumple con los pagos previstos, también quedará habilitado el mecanismo para descontar los fondos adeudados de la coparticipación federal.
El plan para modernizar ARCA
El tercer decreto, el 1115, establece una operación diferente. El Gobierno aprobó un préstamo del BID de hasta US$100 millones para financiar el “Programa de Reforma de la Administración Tributaria Federal”.
Los recursos estarán destinados a cuatro áreas: gobernanza y capacidad institucional, gestión integral de riesgos, transformación de la experiencia del contribuyente y modernización digital.
La ejecución estará a cargo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, que tendrá la coordinación administrativa y fiduciaria del programa. ARCA participará como organismo técnico sustantivo.
El decreto también aprobó una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) por hasta US$600 millones, con un plazo de utilización de diez años. El préstamo de US$100 millones constituye la primera operación dentro de ese esquema.
