Francia propuso un fuerte ajuste fiscal de 54.000 millones de euros para sanear las arcas públicas y reducir el déficit al 5% del producto interno bruto en 2027, según anunció el primer ministro Sébastien Lecornu al presentar las líneas centrales del próximo proyecto de presupuesto.
El Gobierno francés preparó el plan en medio de una situación fiscal marcada por un déficit del 5,1% del PIB al cierre de 2025 y una deuda pública cercana a los 3,5 billones de euros, equivalente al 115,7% de la economía nacional. El nivel de desequilibrio superó el límite del 3% que rige para los países de la eurozona.
Lecornu sostuvo que, sin recortes ni medidas de ahorro, el déficit francés podría acercarse al 6,5% del PIB en 2027. El Ejecutivo fijó como objetivo una reducción hasta el 5%, o al 4,8% si se excluyen las nuevas erogaciones militares previstas para el próximo año.
El programa prevé una contención del presupuesto del Estado en valores nominales, con excepción del pago de intereses de la deuda y del gasto de defensa. El presupuesto militar aumentará 6.400 millones de euros en 2027, de acuerdo con la programación ya establecida por el Ejecutivo.
Los ministerios de Justicia, Interior, Investigación y Ecología recibirán aumentos de crédito. En cambio, otras áreas deberán asumir recortes de mayor magnitud. El Ministerio de Trabajo deberá realizar un ajuste de 2.500 millones de euros.
Una de las medidas confirmadas fue la congelación del punto de referencia utilizado para calcular una parte importante de los salarios de los funcionarios públicos. La decisión también alcanzará a los trabajadores de las administraciones locales y permitirá un ahorro estimado en 2.000 millones de euros.
El valor de ese índice salarial no registró aumentos desde 2023. Tras el anuncio, los sindicatos del sector público convocaron una movilización para el 29 de septiembre. El Gobierno indicó que abrirá conversaciones con las organizaciones gremiales para estudiar mecanismos de protección para los empleados con los ingresos más bajos frente a la inflación.
El ajuste también incluye medidas sobre el gasto social. Lecornu anticipó que el esfuerzo solicitado a los jubilados será inferior a 6.000 millones de euros, aunque dejó para el debate parlamentario la definición de los mecanismos concretos.
Entre las alternativas mencionadas figuraron una menor actualización de las jubilaciones frente a la inflación, el congelamiento de las pensiones más elevadas o cambios en beneficios fiscales aplicables a los retirados. El primer ministro afirmó que ninguna pensión sufrirá una reducción nominal.
Además, el Ejecutivo descartó congelar el ingreso de solidaridad activa, una prestación destinada a personas con bajos recursos, y el mínimo destinado a los adultos mayores con ingresos insuficientes. Con esa decisión, el Gobierno busca evitar una suspensión generalizada de las actualizaciones sociales durante 2027.
El proyecto también contempló ahorros por unos 2.000 millones de euros en el régimen de licencias por enfermedad. Además, incorporará una reforma sobre las rupturas convencionales de contratos laborales, con un ahorro previsto de 100 millones de euros el próximo año y de 800 millones anuales cuando la medida alcance su aplicación plena.
(Con información de AFP)
