El oficialismo busca negociar con los aliados recortes en las pensiones a personas discapacitadas a cambio de sostener el sistema de prestaciones. Bajo este esquema, los costos se trasladarían a las provincias.
En la presentación del Presupuesto 2027, el Gobierno Nacional busca negociar el ajuste en las pensiones a personas discapacitadas a cambio de mantener el sistema de prestaciones como hasta ahora, cumpliendo solo parcialmente con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La insistencia con el recorte de pensiones generó posturas divididas dentro del oficialismo: mientras la senadora Patricia Bullrich marcó distancia del recorte y con ello de Javier Milei y Luis «Toto» Caputo, otros funcionarios libertarios como Diego Santilli y Martín Menem impulsaron el ajuste.
Por su parte, el objetivo de la oposición es extender el plazo de la Emergencia por un año. La iniciativa podría obtener dictamen favorable este miércoles, en plenario de comisiones.
“Esto es muy simple. El gobierno vuelve sobre lo que ya ha presentado en otras ocasiones, que es recortar pensiones y atacar al sistema de prestaciones. Lo hace endureciendo los requisitos para la pensión, desregulando el nomenclador y trasladando el ajuste a las provincias. Los que más se van a ver afectados si esto sigue así son las familias más pobres, las que más necesitan del Estado”, resumió Pablo Molero, referente del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Qué establece el capítulo IV del Presupuesto 2027
El capítulo IV del proyecto de Presupuesto 2027 es el referido a las partidas que se destinarán a las jubilaciones y pensiones dependientes de Nación.
En el texto, se establece la incompatibilidad de las pensiones no contributivas con el trabajo formal, algo ya presente en el decreto 843/2024, firmado por el ex jefe de gabinete Guillermo Francos y el presidente Javier Milei.
Ese decreto fue muy criticado por organizaciones de derechos de las personas con discapacidad, al reintroducir lógicas deshumanizantes y medicalizantes que no contemplan a la discapacidad de modo integral y endurecen los requisitos para acceder a las pensiones.
La Ley de Emergencia en Discapacidad votada en 2025 estableció nuevos criterios para las pensiones, que pasaron a denominarse Pensión para la Protección Social, y había dejado sin validez al decreto de Milei y Francos.
No obstante, el Presupuesto 2027 se volvieron a emplear los términos del polémico decreto, como el término “invalidez laboral”, uno de los más criticados por las organizaciones y las familias.
Aquella vez, la ANDIS (por entonces a cargo de Diego Spagnuolo) dictó la Resolución 187/25, complementaria al decreto. Allí clasificaba las “afecciones” según el “grado de incapacidad” para acceder a la pensión, basándose únicamente en criterios médicos e incluyendo expresiones profundamente anacrónicas y discriminatorias como «retraso mental», «idiota» e «imbécil» para referirse a personas con discapacidad neurocognitiva.
A los varios intentos pasados, fallidos y judicializados de recortar pensiones en discapacidad, el Ejecutivo finalmente optó por dejar de aceptar nuevos beneficiarios: hay unas 200 mil personas que esperan a que se concrete el trámite para acceder a una pensión pero el Gobierno no responde.
El capítulo IV del Presupuesto 2027 viene a introducir aún más vulneraciones a los derechos de las personas con discapacidad: su artículo 39 elimina el arancel único o “nomenclador” que estandarizaba la calidad de los servicios de salud, rehabilitación y transporte, y habilitaba a las obras sociales y a las prepagas a establecer valores diferenciados.
Con la derogación del nomenclador el Presupuesto 2027 termina descentralizando en las provincias el sistema de prestaciones.
El Presupuesto también elimina la actualización mensual a instituciones y prestadores de servicios (ya escasa), reemplazándola por una trimestral. La actualización que establecía la Ley y recomponía los haberes en un 40% nunca se cumplió. Otra medida eliminada es el estudio anual de costos, especialmente importante para transportistas.
En la Cámara de Diputados avanza la extensión por un año de la Emergencia, con amplio consenso en su favor.
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