El Gobierno presentó una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la extensión de licencias a empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Se trata de una nueva medida que el Poder Ejecutivo informó en el marco del reclamo de soberanía sobre el archipiélago.
En un comunicado, la Cancillería informó que realizó la presentación ante la representación británica en el país por el anuncio que realizó el gobierno de los kelpers para extender habilitaciones para explotar la plataforma continental argentina.
El propio canciller, Pablo Quirno, quien está de viaje junto al presidente Javier Milei en Nueva York para su discurso ante las Naciones Unidas, escribió: “La exploración y explotación de hidrocarburos no autorizada en la Plataforma Continental Argentina viola el derecho internacional y las reiteradas Resoluciones de la ONU”.
Y añadió: “Reiteramos nuestro enérgico rechazo y seguiremos accionando con todas las herramientas jurídicas y diplomáticas contra las empresas y directivos que operen ilegalmente en territorio argentino”.
La decisión que provocó la reacción del Ejecutivo fue el anuncio del gobierno isleño de extender todas las licencias vigentes para la producción de hidrocarburos offshore por un período de cinco años, con la opción de sumar dos años adicionales, sujeto al “progreso satisfactorio de los licenciatarios respecto de sus programas de trabajo”. El comunicado de las autoridades isleñas aclaró que la medida cuenta con “el pleno respaldo” de Londres, y fue difundido horas antes de que Milei exponga ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde el reclamo por Malvinas será uno de los ejes centrales de su intervención.
Junto a la prórroga de las habilitaciones, se aprobó la adquisición de una participación del 65% en el área de licencia PL001 por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), subsidiaria de la israelí Navitas Petroleum. Según el texto oficial, “se espera que esto acelere la evaluación y el desarrollo de las perspectivas en este bloque”, adyacente al proyecto Sea Lion. NAPL había firmado en febrero un acuerdo con JHI Associates para asociarse en la exploración de ese bloque mediante la compra de esa participación, de acuerdo con información de la agencia EFE.
Sea Lion es un yacimiento en aguas profundas ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago que ingresó en fase de desarrollo en diciembre pasado, con vistas a iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028. Las autoridades isleñas estiman que el proyecto representará ingresos de USD 2.000 millones en regalías a lo largo de 30 años.
En ese marco, la Argentina considera que esas actividades son abiertamente contrarias al derecho internacional. En el comunicado, Cancillería señaló que la extensión de las licencias vulnera la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales en la situación mientras la disputa de soberanía permanezca sin resolución.
En el plano normativo interno, toda actividad hidrocarburífera sobre la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades nacionales constituye un acto ilícito conforme a las Leyes 26.659 y 26.915 y el Decreto 868/2026. Buenos Aires no reconoce competencia ni jurisdicción a ningún otro organismo para otorgar concesiones, participaciones, compromisos de inversión o extensiones de licencias en ese territorio.
La ofensiva legal precede a esta protesta diplomática. El Gobierno denunció penalmente hace dos semanas a las empresas petroleras que operan en la zona y a sus accionistas, e inició procedimientos administrativos para aplicarles sanciones. La Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras vinculadas con Sea Lion. La decisión cautelar, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, alcanza perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial.
Esas medidas se intensificaron después de que Milei anunciara, el 3 de septiembre, un decreto para endurecer las sanciones contra empresas que operen en las islas sin autorización argentina, un proyecto de ley de defensa de la soberanía y el envío de fondos para construir una base naval en Tierra del Fuego. “Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate”, declaró el mandatario en esa ocasión, tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió que Washington podría reconsiderar su respaldo histórico a Londres en la disputa.
Milei expone este miércoles ante el Debate General de la ONU por tercera vez como jefe de Estado. Además del reclamo soberano sobre Malvinas, su discurso abordará críticas al organismo multilateral y una defensa del desarrollo de la inteligencia artificial. Según trascendió desde la Casa Rosada, el mandatario ratificará que los isleños no tienen derecho a la autodeterminación y que los referéndums realizados en el archipiélago carecen de validez. También tiene previsto reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, encuentro en el que la Argentina planea plantear formalmente su reclamo de soberanía.
