La minería del carbón en España parecía un capítulo cerrado, sellado a golpe de normativas europeas y fondos para la transición ecológica. Sin embargo, el intento de reactivar la extracción en un yacimiento de Asturias ha chocado de frente con un muro burocrático y económico de posiblemente 31,24 millones de euros, según ha recogido el medio La Nueva España.
Muy medida. Esta es la cifra que el Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha puesto sobre la mesa como condición innegociable para que la empresa TyC Nrcea pueda continuar sacando carbón en Veiga de Rengos, en Cangas del Narcea.
Y es una paradoja, puesto que el Estado reclama ahora la devolución de las ayudas millonarias que entregó hace años a la anterior propietaria precisamente para que cerrara esa misma mina.
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El fantasma de Carbonar. Para entender este laberinto administrativo hay que viajar unos años atrás. Entre 2011 y 2017, la antigua titular de la explotación, la sociedad Carbonar (hoy en liquidación), recibió cuantiosas ayudas estatales con un objetivo amparado en la Decisión 2010/787/UE de la Unión Europea. Aquí la administración buscaba financiar el cese permanente de la producción y Europa permitía estas ayudas bajo la condición estricta de que el cierre fuera "irrevocable" y definitivo.
Ahora, la nueva empresa TYC Narcea busca operar en la zona, y de hecho presentó su proyecto de explotación en abril de 2025. Pero el Gobierno ha activado un mecanismo legal que actúa como un cepo.
Cambio de paradigma. La administración se basa en el artículo 29 de la Ley 7/2021, que apunta que cualquier autorización, concesión o prórroga para explotar carbón en unidades que ya fueron incluidas en el Plan de Cierre queda supeditada a una condición ineludible: hay que devolver las ayudas cobradas previamente, sumando además los intereses devengados.
Y el Ministerio aquí es tajante, puesto que no se trata de una sanción ni de una multa, sino de un requisito legal indispensable si se quiere volver a explotar un terreno por cuyo cierre ya se pagó con dinero público.
El gran debate. El conflicto jurídico actual, que se encuentra en fase de resolución provisional, radica en un problema técnico y material: ¿Es el nuevo proyecto de TYC Narcea la misma unidad de producción que cobró por cerrar?
Aquí la posición de la empresa que quiere seguir explotando esta mina de carbón apunta a que es una sociedad completamente distinta, con otros accionistas, una gestión diferente y un proyecto nuevo. De esta manera, cuestionan por qué deberían asumir la devolución de unas ayudas que cobró y disfrutó una empresa anterior. Además, ponen sobre la mesa un argumento temporal al denunciar una posible aplicación retroactiva del artículo 29, alegando que adquirieron derechos sobre la explotación antes de que la ley entrara en vigor.
La administración. La posición del gobierno apunta a que sostiene que existen "elementos materiales solapados". Es decir, la extracción que pretende llevar a cabo TYC Narcea se desarrollaría sobre espacios, infraestructuras o accesos vinculados a la unidad de producción por la que Carbonar cobró para echar el cierre.
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El Gobierno del Principado de Asturias, encargado de tramitar el proyecto de explotación de TYC Narcea, confirmó en junio de 2026 que el proceso sigue abierto, pero con un asterisco gigante: la validez de cualquier permiso autonómico queda condicionada a que se resuelva el expediente ante el ITJ, que, pese a no ser vinculante si que puede definir el futuro de la explotación.
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