A dos años del inicio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, el periodista Ismael Bojórquez, director de Ríodoce, consideró que el conflicto produjo en Sinaloa una crisis política inédita, marcada por lo que describió como una inversión en la relación histórica entre el Estado y el narcotráfico.
Durante una entrevista con Julio Astillero —para su canal de YouTube—, Bojórquez sostuvo que, a diferencia de otras confrontaciones internas del Cártel de Sinaloa, la actual disputa no sólo ha dejado miles de víctimas, desapariciones y pérdidas económicas, sino que derivó en una crisis de gobernabilidad que, según su interpretación, no tiene precedentes recientes en la entidad.
“Yo pienso que la crisis política es un elemento nuevo que ha producido este conflicto, esta guerra, y que no habíamos vivido nosotros. Sinaloa no había atravesado por una crisis política de esta magnitud como la que estamos padeciendo, como la que estamos viviendo ahora”, afirmó.
Para el periodista sinaloense, el conflicto debe entenderse desde los acontecimientos del 25 de julio de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada fue llevado a Estados Unidos y Héctor Melesio Cuén fue asesinado.
Posteriormente, el 9 de septiembre de ese año, comenzó la confrontación abierta entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza. A dos años de distancia, Bojórquez describió la situación política como una de “absoluta ingobernabilidad” y destacó los cambios en el gobierno estatal ocurridos durante los últimos meses como una muestra de la dimensión de la crisis.
“Hemos tenido tres gobernadores hasta ahorita, en un periodo de cuatro meses, de mayo para acá. Y bueno, pues cayó un gobernador. ¿Cuántos gobernadores habrían caído en medio de una crisis como la que estamos viviendo de una guerra? Yo creo que nunca”, señaló durante la conversación.
“El narco y el Estado invirtieron sus papeles”
Durante la entrevista, Bojórquez se mostró pesimista respecto a una eventual recuperación de la paz y apuntó directamente hacia las estructuras políticas e institucionales.
El periodista planteó como una posibilidad que las instituciones estuvieran “sumamente infiltradas y dominadas” por el crimen organizado y sostuvo que, según su lectura, esa penetración alcanza a ayuntamientos, al gobierno estatal y a espacios de representación política tanto a nivel local como federal. También señaló que la relación entre el poder político y el narcotráfico en Sinaloa no es un fenómeno reciente.
“Siempre ha habido una complicidad históricamente del gobierno con los narcos, siempre. Eso es histórico”, dijo. Sin embargo, identificó una diferencia con el pasado. De acuerdo con su interpretación, durante décadas existieron relaciones de complicidad, pero el Estado mantenía la capacidad de definir las decisiones y el rumbo político.
“Siempre se había mantenido una relación donde el Estado era el que controlaba y el Estado era el que definía políticas”, explicó.
Para Bojórquez, esa relación cambió en los últimos años y el crimen organizado alcanzó una posición distinta frente a las instituciones: “Ni siquiera el narco se atrevió nunca, nunca, a invertir la ecuación. Y ahora como que empujaron tantito la puerta y se las abrieron de par en par”, afirmó.
El periodista consideró que esa “inversión” entre los papeles del narcotráfico y el Estado fue uno de los factores que detonaron la actual crisis política en Sinaloa.
“Me parece a mí que esa inversión que se dio de los papeles del narco y el Estado y el gobierno fue lo que provocó esta crisis”, resumió.
Miles de negocios cerrados y corredores turísticos “muertos”
La guerra también transformó la vida cotidiana en distintas zonas de Sinaloa. Bojórquez señaló que el conflicto provocó miles de cierres de negocios y pérdidas de empleos, además de afectar corredores turísticos que anteriormente concentraban actividad comercial y visitantes.
El director de Ríodoce mencionó estimaciones elaboradas por especialistas y grupos empresariales que calculan pérdidas económicas de entre 120 mil y 170 mil millones de pesos durante los dos años de conflicto.
Entre los ejemplos citó la ruta entre Culiacán e Imala, una sindicatura ubicada a unos 25 kilómetros de la capital sinaloense y conocida por sus aguas termales. De acuerdo con Bojórquez, decenas de establecimientos que operaban en ese corredor cerraron a consecuencia de la violencia y la disminución de visitantes.
Una situación similar, aseguró, ocurre en la ruta entre Culiacán y Altata, que atraviesa el municipio de Navolato y conecta con una de las principales zonas de playa cercanas a la capital del estado.
“Todo ese corredor turístico, que generalmente estaba abierto a la gente que pasaba por ahí para ir a las playas, está totalmente muerto”, afirmó.
Para el periodista, ninguna de las anteriores guerras del Cártel de Sinaloa había provocado en tan poco tiempo un impacto económico y social de esta magnitud.
Recordó, por ejemplo, la confrontación iniciada después de la captura de Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, y la ruptura entre la organización de los Beltrán Leyva y las estructuras de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.
Aquella disputa se prolongó durante varios años, pero, según Bojórquez, no generó una crisis económica comparable con la registrada durante los últimos dos años. A las pérdidas económicas se suman las víctimas que no tenían relación con las organizaciones criminales.
“Esta guerra ha sido calamitosa, ha sido una guerra que ha traído todas las calamidades que trae una guerra. No lo habíamos padecido así”, señaló.
El contraste entre las cifras oficiales y los conteos de víctimas
El número de muertos y desaparecidos es otro de los puntos que, según Bojórquez, dificulta establecer un saldo definitivo de los dos años de guerra. El periodista afirmó que las cifras oficiales de homicidios rondaban los 2 mil 800 casos, pero cuestionó la manera en que la Fiscalía estatal clasifica algunas muertes y sostuvo que existen víctimas que podrían no estar incluidas dentro de los registros relacionados con el conflicto.
“Hay una trampa en la estadística que hemos denunciado mucho en Ríodoce y que consiste en clasificar los homicidios de una manera arbitraria por la fiscalía”, afirmó. Como ejemplo, explicó que una persona localizada con una herida de bala podría permanecer inicialmente clasificada como una muerte cuya causa todavía no ha sido establecida, pese a las circunstancias en las que fue encontrada. También sostuvo que las muertes ocurridas durante enfrentamientos con fuerzas federales no necesariamente son incluidas en los conteos que él considera parte del saldo de la guerra.
Por ello, Bojórquez estimó que el número real de víctimas mortales podría superar los registros oficiales y ubicarse entre 3 mil 500 y 4 mil personas, aunque reconoció que resulta difícil establecer una cifra exacta.
En el caso de las desapariciones, señaló que la Fiscalía maneja una cifra de más de 2 mil personas, mientras que colectivos de búsqueda han reportado un número superior a los 5 mil desaparecidos.
“Es muy difícil hablar de cifras exactas sobre lo que ha ocurrido en esta guerra”, reconoció.
Más de 11 mil efectivos federales y una paz que no llega
Bojórquez también expresó dudas sobre la capacidad del gobierno para imponer, en el corto plazo, una paz derivada de políticas públicas y acciones de seguridad. Durante los dos años de conflicto, dijo, el gobierno federal desplegó a más de 11 mil elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina en distintos puntos de Sinaloa, principalmente en Culiacán y Mazatlán.
Sin embargo, consideró que ese despliegue no ha conseguido detener la confrontación. “No veo hasta dónde el gobierno pueda imponerse sobre la totalidad de los grupos e imponer su paz, la paz derivada del gobierno”, afirmó.
Para el director de Ríodoce, una eventual reducción de la violencia dependerá también de los movimientos y acuerdos que puedan producirse entre los grupos que mantienen la confrontación.
El periodista agregó que la dinámica del conflicto también se ha desplazado territorialmente. Mientras algunas zonas del norte y centro de Sinaloa experimentaron una reducción de la confrontación directa, la violencia se concentra actualmente con mayor intensidad en Mazatlán y otros municipios del sur, como Rosario y Escuinapa.
“Mazatlán es la plaza más importante que se está peleando como la más fuerte, por todo lo que significa”, sostuvo.
A dos años del inicio de la guerra, el diagnóstico de Bojórquez es pesimista: Sinaloa enfrenta una crisis que, en su opinión, no se limita a los enfrentamientos entre dos facciones del Cártel de Sinaloa. Para el periodista, el saldo incluye miles de víctimas, desapariciones, negocios cerrados, pérdidas económicas y una crisis política que resume con una transformación en la relación entre las instituciones y el narcotráfico.
