La Cancillería de Nicaragua envió este martes 8 de septiembre una nota de protesta al Gobierno de Costa Rica por un video divulgado por el Movimiento Campesino Anticanal de Nicaragua, en el que aparecen menores de edad entre un grupo de exiliados que pide a la comunidad internacional una intervención militar para sacar del poder a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La comunicación, firmada por el canciller nicaragüense Valdrack Jaentschke y dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, sostiene que la presencia de niños en el video constituye una vulneración de sus derechos y reclama al Gobierno costarricense actuar para impedir que sean involucrados en este tipo de pronunciamientos políticos.
El reclamo se refiere a un video difundido el domingo 6 de septiembre por el Movimiento Campesino Anticanal, integrado por nicaragüenses exiliados en Costa Rica. En las imágenes, varios miembros de la organización aparecen reunidos mientras leen un comunicado. Entre ellos se observa a menores de edad y, según la Cancillería nicaragüense, algunos participaron en la lectura del pronunciamiento.
El comunicado fue aprobado en una asamblea realizada en Upala, Costa Rica, en la que Nuria Sequeira fue electa como nueva coordinadora del movimiento. La organización pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, Naciones Unidas, la Unión Europea y otros gobiernos democráticos que respalden una intervención militar en Nicaragua.
“Solicitamos el apoyo urgente para liberar a Nicaragua de la dictadura criminal Ortega y Murillo, con intervención militar, ya que somos conscientes de que no tenemos los mecanismos necesarios para sacar a la dictadura por la vía pacífica”, señala el pronunciamiento campesino.
El Movimiento Campesino fundamentó su petición en el aumento de presos políticos y desapariciones forzadas, la falta de libertad de expresión y de prensa, el cierre de espacios cívicos, la cancelación de organizaciones y partidos políticos y las restricciones a la libertad religiosa.
También denunció persecución contra comunidades indígenas y afrodescendientes, desplazamiento forzado, impedimentos para que nicaragüenses regresen al país y represión transnacional.
Sequeira defendió posteriormente la propuesta y aseguró que, para su organización, las alternativas pacíficas se han agotado. “Para nosotros pues es la única vía porque se han agotado todas las vías pacíficas nacional e internacionalmente”, declaró a 100% Noticias. Argumentó que los opositores constituyen “un pueblo desarmado contra una dictadura totalmente armada” por el Ejército, la Policía, paramilitares y policías voluntarios.
La posición, sin embargo, no es compartida por todos los dirigentes campesinos. Francisca Ramírez, una de las figuras más conocidas del movimiento que se opuso al proyecto del canal interoceánico y también exiliada en Costa Rica, no suscribió el comunicado y se desmarcó de la petición de una intervención militar.
En su carta, la Cancillería nicaragüense califica a la agrupación como un “autodenominado ‘Movimiento Campesino Anticanal’” y cuestiona su representatividad al afirmar que “no se tiene registro oficial de sus miembros, ni de la cantidad de estos”.
El Gobierno de Ortega y Murillo también acusa al grupo de haber solicitado “en múltiples ocasiones” una “intervención militar en nuestro país” y sostiene que esa acción lesionaría los derechos fundamentales de los nicaragüenses.
El punto central del reclamo es la aparición de los menores. “En ese excesivo pronunciamiento se utilizó a menores de edad para leer el mismo; por lo cual, manifestamos nuestra protesta y rechazo absoluto a la exposición infantil en espacios inadecuados”, señala la comunicación.
“La presencia de niñas, niños y adolescentes en este contexto, representa una vulneración inadmisible de sus derechos fundamentales y una grave negligencia por parte de los actores involucrados”, agrega la Cancillería.
El Gobierno nicaragüense sostiene además que “la infancia no puede ni debe ser instrumentalizada, expuesta ni utilizada como un elemento de distracción, legitimación o escudo, en escenarios que sobrepasan su madurez emocional y física, comprometiendo directamente su integridad y su seguridad”.
La Cancillería invoca finalmente la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y pide a Costa Rica trabajar para impedir este tipo de situaciones. “La protección infantil no es negociable, ni está supeditada a coyunturas políticas o sociales”, afirma la carta.
El reclamo contrasta con el uso recurrente de estudiantes y niños en actividades políticas y propagandísticas promovidas por instituciones controladas por el propio régimen de Ortega y Murillo.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 15 de agosto de 2026, cuando estudiantes del Instituto Público La Salle, de Diriamba, participaron en los desfiles de las Fiestas Patrias cargando grandes fotografías de Ortega y Murillo junto con imágenes de héroes nacionales.
Según videos divulgados en redes sociales y recopilados por el diario Las Prensa, los estudiantes de centros públicos fueron obligados a llevar esos materiales. El régimen también ha incorporado la bandera rojinegra del FSLN a los desfiles escolares.
En enero de este año, videos difundidos por páginas oficiales del Ministerio de Educación mostraron a niños, algunos de seis años, agradeciendo a Ortega y Murillo por el llamado Bono Presidencial para Escolares. En las grabaciones, los menores pronunciaban mensajes como agradecimientos “a Dios por los copresidentes” y “al comandante por este bono”.
En noviembre de 2025, estudiantes de escuelas públicas, incluidos niños de primaria, aparecieron en videos felicitando a Ortega por su cumpleaños número 80. En el Centro de Educación Primaria Público Modesto Armijo Lozano, en Managua, menores vestidos de rojo y negro fueron grabados mientras repetían colectivamente un mensaje de felicitación al gobernante.
También en 2025, niños menores de cinco años de Centros de Desarrollo Infantil fueron incorporados a actividades partidarias vinculadas al aniversario de la Revolución Sandinista. Fotografías y videos divulgados por instituciones estatales mostraron a menores con banderas y pañoletas rojinegras, vestidos como Augusto C. Sandino y, en algunos casos, portando pistolas y fusiles de juguete.
En 2025, el Ministerio de Educación ordenó impartir en las escuelas públicas la denominada Cartilla de la Alegría, un documento que comienza con una fotografía de Ortega y Murillo e incluye expresiones de la copresidenta. Otros textos escolares presentan a Ortega como “valiente y visionario” y a Murillo como “madre de la Patria”.
La protesta enviada a San José se produce además en medio de un nuevo roce político entre ambos gobiernos. Costa Rica expresó la semana pasada su “profunda preocupación” por el deterioro democrático en Nicaragua después de la aprobación de una reforma constitucional que restringe aún más la participación opositora y amplía a siete años los períodos de las autoridades electas, incluidos Ortega y Murillo. El Gobierno costarricense anunció que respaldará una respuesta coordinada en el marco de la OEA.
