Madrid, 2 sep (EFE).- La Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha estudiado este miércoles las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, para la elaboración del dictamen que será ratificado este jueves.

Tras la aprobación en julio por mayoría en el Congreso, con la abstención de PP y Vox, la tramitación de la norma continúa en el Senado, donde se ha celebrado este miércoles la segunda reunión de la ponencia de la comisión.

La reforma de las leyes, que se aprobará en el pleno de la Cámara Alta el próximo 9 de septiembre, contempla una ampliación de derechos, servicios, prestaciones y menos burocracia para las personas con dependencia y discapacidad.

Estas modificaciones legislativas se aprobaron en el Congreso junto a una ampliación de 6.200 millones de euros de la financiación del sistema para 2026 y 2027, que duplica las cuantías que el Estado abona cada mes a las comunidades autónomas, y el cual se blinda por ley con la nueva norma para que la inversión estatal en dependencia alcance el 50 % del total.

Los grupos han presentado 150 enmiendas a la norma en su tramitación en el Senado: 45 registradas por el PP; 40 por Junts; 21 por Esquerra Republicana; una veintena por Vox; 13 por el Grupo vasco; una decena por BNG; y dos por el PSOE.

De introducirse algún cambio a la norma en la tramitación en el Senado, donde el PP ostenta la mayoría absoluta, deberá regresar al Congreso para su aprobación definitiva.

En este trámite, el PP aprovechará para introducir sus enmiendas en el texto con el objetivo de "corregir la propaganda" del Gobierno en la ley, ya que "no hay derechos sin memoria económica y sin presupuesto", según ha subrayado en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Alta la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez.

"El PP levantará en el Senado los vetos del Gobierno", ha afirmado Fúnez, en alusión al rechazo en el Congreso de enmiendas encaminadas a garantizar las mismas rebajas fiscales a igual grado de dependencia o discapacidad, o la reducción del IVA al 4 % para adaptación de viviendas o vehículos para personas con discapacidad.

Otras de las enmiendas están dirigidas a garantizar que la prestación y el permiso por cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave puedan mantenerse más allá de los 26 años, cuando persistan la gran dependencia y la necesidad de cuidados continuos, o garantizar la libertad de elección para que las personas dependientes puedan optar entre prestación económica o servicio.

El PSOE, que solo ha presentado dos enmiendas con mejoras técnicas en la redacción del texto en el ámbito del servicio de comunicación audiovisual, defiende que esta reforma supone "un avance muy importante" tanto en derechos como en cuidados, poniendo en el centro a las personas y su autonomía, ha destacado Marta Arocha, portavoz socialista en la comisión.

Por su parte, Junts propone el reconocimiento del derecho a la teleasistencia en lengua de signos en todas las comunidades, establecer la jubilación anticipada para cuidadores principales de personas en situación de gran dependencia, y varias enmiendas para reforzar los derechos de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, reconociendo una atención sanitaria integral y la atención domiciliaria 24 horas cuando sea necesaria.

Esquerra Republicana pide que en los proyectos de viviendas protegidas se programe un 7 % (en lugar del 4 %) con las características constructivas y de diseño adecuadas para garantizar la accesibilidad universal y el acceso seguro de las personas con discapacidad, así como medidas para flexibilizar el catálogo actual.

Desde el BNG, pretenden algunos ajustes de mejora en la redacción de artículos que aluden a los derechos de las personas dependientes y con discapacidad, las personas cuidadoras y los servicios que se prestan.

Vox quieren la supresión de múltiples párrafos de artículos de la ley en relación con la protección reforzada de los derechos de "las mujeres y de las niñas y los niños con discapacidad", los derechos de igualdad y las alusiones a eliminar situaciones de discriminación múltiple o interseccional a las que se enfrentan "las mujeres y niñas con discapacidad".

El Grupo Vasco plantea cuestiones competenciales en relación con la compatibilidad de prestaciones para que se usen sin más limitaciones que las derivadas de asegurar la idoneidad y eficacia de los cuidados y que podrán regular las comunidades autónomas, y sobre los criterios de acreditación de la calidad del servicio de asistencia a la dependencia. EFE