La Comisión del Orgullo de Córdoba encendió una alarma que la provincia no puede seguir ignorando: en pleno siglo XXI, en Córdoba operan dispositivos que la ONU, el Comité contra la Tortura y la CIDH clasifican, sin matices, como formas de tortura. Se los llama «terapias de conversión», «terapias de reorientación sexual» o «ministerios de restauración». Ninguno de esos nombres describe lo que son en realidad: violencia disfrazada de fe.

Uno de los disparadores más recientes del reclamo es una nota publicada el 13 de septiembre por La Voz del Interior, que recogió nuevos testimonios de sobrevivientes y confirmó lo que las organizaciones vienen advirtiendo hace años: las terapias de conversión en Córdoba no son cosa del pasado. Ocurren hoy. Fue ese artículo el que llevó a la Comisión a salir a hablar públicamente.

Un sistema con más de 40 años de historia

El «Ministerio de la Restauración» es una organización que funciona en la provincia desde hace más de cuatro décadas. Opera junto a espacios como «Manantial en el Desierto» y centros psicológicos que ofrecen «curar» la homosexualidad mediante campamentos, retiros espirituales, sesiones de «liberación» y exorcismos. No es un rumor ni un hecho aislado: es un sistema de vulneración de derechos que sigue en pie.

Lo que dice la ciencia

El comunicado resalta que la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales el 17 de mayo de 1990. Desde entonces, ninguna asociación científica reconoce estas prácticas como válidas. Al contrario:

  • La Asociación Mundial de Psiquiatría las declaró ineficaces y dañinas.
  • La Asociación de Psicología Americana las condena por generar trauma, depresión y riesgo de suicidio.
  • La Organización Panamericana de la Salud las clasificó como una violación a la ética de la salud.

«La homosexualidad no es una enfermedad. No hay nada que curar. Lo que existe es odio que se disfraza de fe», sostiene el documento publicado por la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo en Córdoba.

Lo que exige la Comisión del Orgullo

  • A la Justicia, que investigue de oficio las prácticas de conversión que funcionan en Córdoba.
  • A los colegios profesionales de salud, que repudien públicamente estas prácticas y sancionen a quienes las avalen o participen de ellas.
  • A la Legislatura de Córdoba, que sancione una ley antidiscriminatoria que prohíba, prevenga y sancione las prácticas de conversión en toda la provincia.
  • Al Senado de la Nación, que trate la ley nacional de prohibición de las prácticas de conversión.

«No son terapias. Son violencia. Y en Córdoba no pueden seguir ocurriendo», enfatizan.

En esa línea, sostienen que «cuando el Estado mira para otro lado mientras se tortura a personas por su orientación sexual o identidad de género, el Estado es cómplice. Cuando los colegios profesionales se callan, se vuelven cómplices. Cuando la Justicia no investiga, se vuelve cómplice».

La comisión es clara, las «terapias de conversión» no son un debate religioso ni una cuestión de libertad de culto. Son tortura, y eso, en nuestro país, es un delito.

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