Con solo 55 personas empadronadas, Fuentestrún es uno de los pueblos más pequeños de Soria. Su ayuntamiento, en cambio, arrastra una montaña de expedientes: bisabuelos, tatarabuelos y partidas de nacimiento de mediados del siglo XIX, reclamadas desde el otro lado del Atlántico. El motivo es la Ley de Nietos, el procedimiento legal que desde 2022 permite recuperar la nacionalidad española a hijos y nietos de quienes se exiliaron durante y después de la Guerra Civil. Y con 177 votantes viviendo fuera, casi cuadruplica a los electores residentes.
Qué es la Ley de Nietos. La norma nació dentro de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y da derecho a la nacionalidad española a tres perfiles: descendientes de españoles que se exiliaron por motivos ideológicos, políticos, religiosos o de orientación sexual y perdieron su nacionalidad; hijos de españolas que la perdieron al casarse con extranjeros antes de 1978; e hijos mayores de edad de quienes ya la recuperaron por la Ley de Memoria Histórica de 2007. Una instrucción ministerial posterior amplió el criterio de exilio a cualquiera que saliera de España entre julio de 1936 y diciembre de 1955, lo que multiplicó el universo de posibles solicitantes.
El cálculo inicial se quedó corto. Las estimaciones hablaban de cerca de un millón de personas con derecho a beneficiarse. La realidad, a estas alturas, va mucho más allá: 2,4 millones de solicitudes, 544.722 nacionalidades ya aprobadas y 306.000 personas inscritas como españolas a 31 de marzo de 2026. El plazo formal para pedirla cerró en octubre de 2025, pero el atasco de expedientes pendientes seguirá dando trabajo a los registros durante años.
Más votos fuera que vecinos dentro. Volvamos a Fuentestrún. Este pueblo de la comarca soriana del Moncayo, ronda los mil metros de altitud y tiene origen romano: por su término pasaba un ramal del Camino de Santiago, y todavía se conserva lo que pudo ser un hospital de peregrinos. Y de eso va este relato: de capacidades rurales y urgencias actuales.
A enero de 2026, el municipio sumaba 213 personas en su censo electoral: solo 39 residían en España, mientras 174 figuraban inscritas como residentes en el extranjero. Dicho de otro modo: hay más del triple de electores fuera que vecinos viviendo allí. Y no es una rareza aislada: España cuenta ya con 164 municipios donde residen más electores en el extranjero que en sus propias calles, 78 de ellos en Castilla y León.
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Partidas de 1844. Fue el alcalde de Fuentestrún, Isidoro Gil, quien dio la noticia: el problema no es de dinero, es de horas. Rebuscar las partidas de nacimiento que le piden, algunas de bisabuelos y tatarabuelos nacidos en 1844, no es un procedimiento rápido y, con una plantilla mínima y archivos en papel, cada solicitud obliga a revisar libros de casi dos siglos de antigüedad.
Ya en 2023, distintos alcaldes de la comarca riojana de Cameros describían el mismo cuadro: en Soto en Cameros se acumulaba más de un centenar de solicitudes de partidas, sobre todo de abuelos, con un consistorio ya saturado; en Torrecilla de Cameros llegaban unas 120 y seguían entrando.
Foráneos. El caso más extremo hasta ahora está en La Rioja. Ventrosa, con 48 habitantes censados, ha recibido más de un centenar de peticiones de actas de nacimiento y multiplica por 6,5 su población real solo con los inscritos en el censo exterior. Su alcalde, Domingo Blanco, cuestiona si tiene sentido votar sobre las necesidades de un pueblo sin conocer sus circunstancias reales.
El Archivo Diocesano de Salamanca, que conserva partidas bautismales de más de 400 parroquias desde el siglo XVI, atendió más de 600 peticiones solo hasta abril de 2024, después de superar el millar el año anterior. A escala provincial, el mapa marca este curioso ranking: Salamanca encabeza la lista con 28 municipios donde el censo exterior supera al padrón local, seguida de La Rioja con 22, Ourense con 17 y Soria con 14.
El Supremo. Ese crecimiento del censo exterior encendió una batalla judicial paralela. Entre las generales de 2023 y julio de 2026, el número de electores registrados fuera de España creció en 408.262 personas, un salto que los partidos Iustitia Europa y Vox llevaron al Tribunal Supremo alegando riesgo para la limpieza de las próximas elecciones.
El 8 de septiembre de 2026, la Sala de lo Contencioso-Administrativo suspendió cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones vinculadas a la ley para quienes no acrediten el exilio familiar, tanto las ya registradas como las nuevas en trámite. La medida no retira la nacionalidad a nadie: congela, mientras dura el pleito, el derecho a votar de esas personas.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, celebró el fallo como una confirmación de sus advertencias, mientras PSOE y Sumar lo criticaron abiertamente. Pedro Sánchez lo resumía así: “No hay que temer el voto, señor Feijóo, hay que temer a quien se lo quiere quitar”. El ministro Félix Bolaños pidió al Supremo resolver el asunto cuanto antes y antes de las elecciones de 2027. La Fiscalía y la Abogacía del Estado también se opusieron a la medida, y la presidenta de la Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo la calificó de inconstitucional y discriminatoria.
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El objetivo declarado es evitar que el aluvión de nuevos electores se concentre en circunscripciones muy concretas: en las generales de 2023, trece escaños se decidieron por menos de 3.000 votos. El pretexto “ciudadanos de primera y de segunda” se usa como un bumerán. En el plano administrativo, el atasco sigue su curso: los expedientes ya presentados seguirán exigiendo partidas antiguas a ayuntamientos como Fuentestrún, tengan o no derecho a voto quienes las piden. Pero lo que está en juego más allá de los tribunales es el peso electoral de la reforma, y de la memoria.
Imágenes | Flickr (Miguel A. García)
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