El Gobierno ha apurado los plazos y tendrá que solicitar antes de que termine el mes de septiembre el séptimo y último pago para recibir todas las subvenciones pendientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por España en el marco de los fondos europeos de recuperación 'Next Generation EU'.

El mismo vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, confirmó a principios de septiembre que la solicitud de desembolso, cifrado en unos 26.000 millones de euros, se realizaría a finales de mes, agotando así el plazo dado por Bruselas hasta el 30 de septiembre para que los países soliciten oficialmente los últimos desembolsos de los fondos europeos asignados.

Hasta el momento, España ha recibido un total de 78.000 millones en seis desembolsos, equivalente al 76,5% de los 102.000 millones que tiene asignados, tras haber cumplido 338 hitos y objetivos.

Queda pendiente el séptimo y último desembolso de los fondos europeos 'Next Generation EU', que el Gobierno deberá solicitar antes de que acabe septiembre y que incluirá la evaluación de 148 hitos y objetivos para acceder al desembolso de 21.462 millones de euros en transferencias y 4.400 millones de euros en préstamos.

Precisamente está previsto que el vicepresidente Carlos Cuerpo comparezca el jueves, 1 de octubre, en la Comisión Mixta para la Unión Europea, en el Congreso de los Diputados para informar sobre los progresos y avances del Plan de Recuperación.

Oficialmente, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España finalizó el 31 de agosto, fecha en la que, según el calendario europeo, debían estar ejecutados los hitos y objetivos contemplados en el mismo.

Sin embargo, los Estados tienen la posibilidad de solicitar los últimos desembolsos hasta el 30 de septiembre, para su posterior pago antes de que finalice el año.

Así, la aprobación de este último desembolso permitirá a España haber recibido más de 100.000 millones de euros de la contribución financiera del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes de que finalice 2026.

UNA RESPUESTA AMBICIOSA ANTE EL DESPLOME ECONÓMICO POR LA PANDEMIA

La irrupción del Covid-19 a partir de marzo de 2020 tuvo un fuerte impacto sobre la economía mundial y, especialmente, sobre la española debido al importante peso relativo de los sectores de actividad más afectados por las caídas de movilidad y demanda, como el turismo.

La importante caída del Producto Interior Bruto (PIB) español, que superó el 10% en el conjunto de 2020, supuso un reto sin precedentes en la historia reciente y condujo a una respuesta de política económica muy diferente de la de crisis anteriores, tanto a nivel nacional como europeo y global.

En julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional ante las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Dotado en un principio de 750.000 millones bajo el nombre 'Next Generation EU', la UE activó este Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con transferencias directas y préstamos, para que los Estados miembro afrontaran la recuperación tras el Covid y emplearan los recursos para modernizar sus economías ante los retos de la digitalización o la transición verde.

En el caso de España, la asignación inicial ascendía a 160.000 millones de euros para el periodo 2021-2026, divididos en unos 80.000 millones en transferencias directas y otros 80.000 millones en préstamos.

Sin embargo, el montante final de créditos que ha solicitado el Gobierno español se ha menguado a unos 21.500 millones de euros --un 25% de los créditos asignados inicialmente--, dado que España actualmente se financia en los mercados a costes inferiores a los préstamos UE.

Las estimaciones iniciales hablaban de un impacto del Plan de Recuperación por encima del 2% de aumento del PIB en los 4 o 5 años de vigencia, pero de cara a 2030, ese impulso puede llegar hasta tres puntos más de PIB en el acumulado.

Según los últimos datos actualizados por el Gobierno en la plataforma pública 'Elisa', se habrían convocado hasta el 31 de julio más de 96.000 millones, asignado casi 80.000 millones y resuelto más de 72.000 millones.

REFORMA LABORAL Y DE PENSIONES, ENTRE LAS MÁS CONTROVERTIDAS

El Plan de Recuperación incorporó una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionaban y retroalimentaban para lograr cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria.

De entre las reformas, las más controvertidas y complicadas de sacar adelante han sido la laboral y la de pensiones. En el caso de la primera, un error de un diputado del PP permitió al Gobierno salvar su proyecto por un solo voto.

Además, se ha hecho un esfuerzo inversor a través de instrumentos como los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), con colaboración público-privada para modernizar sectores clave y fomentar el crecimiento económico.

UN CAMINO MÁS ALLÁ DEL PLAN: FONDO SOBERANO 'ESPAÑA CRECE'

Ante la finalización de los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU', el fondo soberano 'España Crece' recogerá el testigo, con el objetivo de movilizar 120.000 millones de euros en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

Este fondo soberano va a estar dotado con una base de 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación, pero la meta será movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada, de inversores nacionales y también de inversores internacionales.

Este vehículo se va a gestionar por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que coinvertiría con el sector privado mediante préstamos, avales e instrumentos de capital, priorizando sectores clave para mejorar la productividad de la economía.

Se estima que esa base de 10.500 millones de euros procedentes del plan de recuperación europeo-- va a incrementar el colchón del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con lo que será capaz de movilizar en torno a 60.000 millones de manera directa.

Así, cuando se añade la movilización de fondos por parte de las entidades y del sistema bancario se estima que la inyección total del nuevo fondo soberano podrá llegar a los 120.000 millones para dedicarlos a vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.