Buenos Aires, 18 sep (EFE).- La Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina (FEDESPA) expresó su "profunda preocupación" por los efectos electorales de la medida cautelar dictada por el Tribunal Supremo sobre la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'Ley de Nietos', y pidió que los descendientes que están en el exterior sean "escuchados".
El presidente de FEDESPA, José Antonio Besteiro, dijo este viernes a EFE que "las entidades del exterior tienen que ser consultadas y escuchadas" ya que este asunto "toca una fibra muy sensible".
En un comunicado, FEDESPA expresó su preocupación por las consecuencias que la medida cautelar puede generar sobre miles de ciudadanos españoles residentes en el exterior que han obtenido la nacionalidad española conforme a la legislación vigente".
La federación expresa su "absoluto respeto por la independencia del Poder Judicial y por las decisiones adoptadas por los tribunales españoles", agrega el comunicado, a la que vez que considera "especialmente preocupante que un debate de esta trascendencia para la comunidad española en el exterior se haya desarrollado sin la participación formal de las organizaciones representativas de dicha colectividad".
La organización que preside Besteiro hizo un llamamiento "al Tribunal Supremo, al Gobierno de España, a las Cortes Generales, a la Junta Electoral Central y al conjunto de las instituciones competentes para que el tratamiento de esta cuestión se desarrolle desde una perspectiva de diálogo institucional, seguridad jurídica y respeto a los derechos de la ciudadanía".
El Supremo español suspendió el 8 de septiembre las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la Ley de Memoria Democrática hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados por esa vía cumplen la condición de ser descendientes de españoles exiliados por razones políticas y otras.
La medida cautelar fue solicitada por el movimiento político Iustitia Europa y el partido Vox (extrema derecha) en sendos recursos contra una decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que el 16 de julio señaló que no podía rechazar la admisión del voto por correo de esas personas desde el extranjero porque excedía de sus competencias.
Argentina encabeza la lista de solicitudes de nacionalidad española a través de esta legislación, con cerca de un millón de peticiones, según fuentes diplomáticas.
Esto podría elevar la cifra de ciudadanos españoles en Argentina a más de 1,5 millones. Cuando culmine la aplicación de la ley de Memoria Democrática, la cifra de ciudadanos que vivan fuera de España puede superar los cinco millones. EFE
