Las grandes explotaciones porcinas y avícolas de la Unión Europea (UE) tendrán que adecuarse a nuevas exigencias ambientales para reducir sus emisiones contaminantes. La Comisión Europea (CE) aprobó un marco normativo que comenzará a aplicarse entre 2030 y 2032, según el tamaño de cada establecimiento, y que alcanzará al 30% de las granjas de ambos sectores.

De acuerdo con lo informado por EFE Agro, las nuevas disposiciones apuntan a reducir las emisiones de amoníaco, nitrógeno y fósforo, contaminantes asociados a enfermedades respiratorias, la degradación de los ecosistemas y la contaminación del agua.

La medida no alcanzará a todos los productores, sino únicamente a las explotaciones de mayor tamaño. Además, quedará excluida la producción porcina ecológica.

Las reglas fueron elaboradas en conjunto con los Estados miembros, productores ganaderos, especialistas y organizaciones ambientalistas, con el propósito de unificar los criterios que actualmente aplican los distintos países europeos. De esta manera, se establecerán estándares mínimos comunes para las grandes granjas porcinas y avícolas.

Según explicó Bruselas, se buscó priorizar alternativas que permitan cumplir los objetivos ambientales sin imponer costos excesivos a los productores. No se impondrá el uso obligatorio de tecnologías costosas, sino que cada productor podrá elegir cómo cumplir con los objetivos ambientales establecidos.

También se permitirá compensar las emisiones entre distintas naves de una misma explotación, mientras que los requisitos más estrictos quedarán reservados para las nuevas granjas que se autoricen en el futuro.

Otra de las novedades será la implementación de un sistema simplificado de registro, que reemplazará la necesidad de tramitar permisos individuales complejos para los establecimientos comprendidos en la normativa.

Este nuevo esquema se enmarca en la Directiva revisada sobre Emisiones Industriales y de Cría de Ganado, que busca reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo asociada a determinadas actividades productivas.

La aplicación de las nuevas obligaciones comenzará de manera escalonada entre 2030 y 2032, un plazo que, según la Comisión Europea, permitirá que los productores cuenten con tiempo suficiente para adaptar sus instalaciones y sistemas de manejo.