El expresidente de Bolivia Evo Morales amenazó con protestas sociales si el Gobierno no revierte la medida que incrementa el precio del diésel tras el fin de la subvención estatal y otras medidas que considera “neoliberales” como el anunciado cierre de empresas públicas deficitarias.
En un encuentro con sus seguidores este domingo, el exmandatario afirmó que si el Ejecutivo no abroga “las normas de privatizaciones, de entrega de recursos naturales a las transnacionales, decretos inconstitucionales” iniciaría movilizaciones a partir del 13 de octubre. “Si no es de buenas, va a ser a malas”, advirtió.
En la reunión realizada en su bastión del Trópico de Cochabamba, se determinó exigir la abrogación del Decreto Supremo 5716, que elimina la subvención al diésel, y el 5727, que establece como prioridad la “reorganización, disolución y/o liquidación de las Empresas Públicas del nivel central del Estado” y establece el procedimiento que deberá seguirse para definir el futuro de cada una.
El Gobierno ha descartado dar marcha atrás con la política de combustibles y con las medidas que prevé encarar en relación a las empresas públicas para reducir el gasto fiscal. Según un informe oficial presentado en julio, hay al menos 15 empresas estatales que se encuentran en quiebra técnica, acumulando pérdidas por más unos 470 mil dólares y un patrimonio negativo que supera los 172 millones de dólares.
Entre las compañías que generan mayor pérdida figuran algunas estratégicas como Yacimientos de Litio Bolivianos o la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA), que representa prácticamente un monopolio en la industria aeronáutica comercial.
En medio de los anuncios de protesta y en plena vigencia del estado de excepción, la Policía boliviana ha reforzado el control en carreteras para evitar la instalación de piquetes.
En tanto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló en una entrevista con el canal Unitel, que el exmandatario y sus seguidores pueden cuestionar al Gobierno y convocar movilizaciones pacíficas pero no pueden “imponer decisiones al país mediante amenazas, utimátums o bloqueos”.
En referencia al exmandatario, Justiniano repitió el cliché de la política boliviana: “nadie está por encima de la ley”. Sin embargo, hace dos años que Morales está por encima de una orden de captura que no se ejecuta, acusado de haber embarazado a una menor de edad durante su presidencia (2006-2019).
El Gobierno levantó el subsidio al diésel el 18 de septiembre poniendo fin a una transición que inició el año pasado, con la suspensión parcial de la subvención y la posterior implementación de un régimen de precios diferenciados que duró solo un mes.
Esta medida provocó el rechazo de algunas organizaciones sociales, como la que lidera Morales y de algunos sindicatos de choferes, que exigen que se aumente la tarifa de los pasajes de transporte y han entrado en huelga este lunes en algunas regiones del país.
Según información oficial, solo el 20% del transporte público opera con diésel y se tiene previsto iniciar una campaña de conversión masiva a GNV a través de un fondo rotatorio, además de medidas para impulsar la renovación de vehículos.
En ese contexto, el Gobierno convocó a los transportistas a una reunión este martes en la que estarán presentes los ministros de Economía, Christian Morales, de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, de Obras Públicas, Mauricio Zamora y de Gobierno (Interior), Marco Oviedo para explicar el decreto y las medidas que se van a implementar para amortiguar el alza, como reducción de aranceles, créditos preferenciales y un leve aumento en bonos sociales, entre otras.
