El CECIM La Plata envió una carta documento al canciller para exigirle que intervenga ante el acuerdo que prevé una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Además, la Justicia Federal de Río Grande se declaró competente en la causa contra las petroleras Rockhopper y Navitas por el proyecto “León Marino”.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata intimó al canciller Pablo Quirno a intervenir ante el anuncio de una nueva ruta comercial marítima entre Punta Arenas, Chile, y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. La organización reclama que la Cancillería adopte medidas diplomáticas frente al acuerdo anunciado entre autoridades chilenas, una empresa naviera y la Falkland Islands Development Corporation.

A través de una carta documento, el CECIM le dio a Quirno un plazo de 72 horas para que ejerza las competencias que, según la organización, le corresponden como autoridad de aplicación del régimen establecido por el Gobierno nacional mediante el Decreto 868/2026.

El acuerdo fue anunciado el 3 de septiembre e involucra al Municipio de Punta Arenas, la naviera chilena Easter Island Naviera y la Falkland Islands Development Corporation. Como parte de la iniciativa, una delegación de las islas viajará a Punta Arenas el 28 y 29 de septiembre, mientras que el primer viaje de la nueva ruta está previsto para noviembre.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que el buque operará bajo “otra bandera”. Sin embargo, para el CECIM, esa modalidad no modifica el alcance político y económico de la iniciativa.

La organización sostiene que la conexión marítima no se limitaría al transporte de alimentos, vinos y repuestos, sino que tendría una función estratégica para el abastecimiento del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, desarrollado sobre la plataforma continental argentina en el área de las Islas Malvinas.

El reclamo del CECIM a la Cancillería

En la carta documento, los ex combatientes cuestionaron que la Cancillería no haya intervenido frente al anuncio y reclamaron que se instruya a la Embajada argentina en Santiago de Chile para presentar una protesta formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno.

El CECIM fundamentó su pedido en el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial el 4 de septiembre. Según la organización, esa norma designó a la Cancillería como autoridad de aplicación y estableció plazos específicos para que los organismos públicos presenten informes, formulen descargos y se adopten resoluciones.

En este sentido, la entidad planteó que el instrumento ya se encuentra bajo responsabilidad del canciller y que su aplicación no constituye una decisión discrecional, sino una competencia que debe ser ejercida.

El reclamo se produce en un contexto de renovada tensión diplomática en torno a Malvinas. Días antes del anuncio de la ruta comercial, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, había realizado declaraciones sobre la soberanía argentina en el sector de Magallanes y el Pasaje de Drake, que generaron una reacción del Gobierno chileno.

Qué dijo el embajador chileno sobre Malvinas

En medio de esa discusión, el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, ratificó el respaldo de su país al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Durante una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, el diplomático sostuvo que Chile debería asumir como propia la importancia que Argentina le asigna a la cuestión Malvinas, en un marco de reciprocidad con el reclamo chileno sobre el Estrecho de Magallanes.

“Si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio”, expresó Uriarte. También planteó que ambos países deberían reconocer las prioridades estratégicas del otro para avanzar en una mayor integración y pidió evitar una escalada de los nacionalismos.

La posición expresada por el embajador se conoció mientras permanece abierta la discusión por la conexión comercial con Puerto Argentino y por el avance de proyectos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur.

La Justicia Federal avanzó contra las petroleras que operan en Malvinas

En paralelo, el CECIM La Plata y la Asociación de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) obtuvieron un avance judicial en la causa iniciada contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited por el proyecto “León Marino”.

El Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción vinculada al desarrollo hidrocarburífero sobre la plataforma continental argentina en la zona de Malvinas.

La decisión se apoyó, en lo sustancial, en los argumentos planteados por el Ministerio Público Fiscal y consideró que existen fundamentos vinculados con la materia, el territorio y la jurisdicción internacional que justifican la intervención de la Justicia Federal.

Uno de los ejes señalados por el tribunal es la dimensión ambiental del conflicto. La causa sostiene que el Atlántico Sur constituye un sistema ambiental interconectado, con corrientes, dinámicas oceanográficas y ecosistemas que atraviesan distintas jurisdicciones. Por ese motivo, una eventual afectación producida por la actividad hidrocarburífera podría repercutir sobre recursos ambientales interjurisdiccionales del Mar Argentino y de las islas del Atlántico Sur.

Otro de los fundamentos considerados por el juzgado está relacionado con la dimensión territorial. La infraestructura prevista para el proyecto -entre ella, pozos submarinos, unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, líneas de flujo y risers- se desarrollaría sobre el lecho y subsuelo de la plataforma continental argentina.

Para las organizaciones demandantes, la resolución también resulta relevante porque vincula expresamente la cuestión ambiental con la defensa de la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales.

Desde el CECIM y la AAdeAA remarcaron que la explotación de hidrocarburos en la zona involucra la soberanía sobre el territorio y los recursos naturales. En esta línea, sostienen que la disputa por Malvinas debe ser abordada también desde la memoria, los derechos humanos, la protección ambiental y el derecho del Estado argentino sobre los recursos de su plataforma continental.

El avance de esta causa judicial se produce así en simultáneo con el reclamo diplomático presentado contra la nueva ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino, dos frentes desde los cuales los ex combatientes buscan cuestionar el avance de actividades vinculadas con las islas y sus recursos.

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