El comunicado publicado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que establece que los salvadoreños bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) mantienen su protección, incluidos los permisos para trabajar, hasta que se anuncie una decisión oficial, deja pendientes varias definiciones sobre el futuro del programa, afirmó Óscar Chacón, asesor de estrategias en Alianza Américas, durante una entrevista radial en El corre-corre de la mañana.
Chacón señaló que ese aviso no equivale a la resolución formal que debe emitir el Gobierno estadounidense. Según explicó, una decisión oficial debe definir si el TPS será extendido o terminado y exponer las razones administrativas y legales que respaldan esa medida.
“No hemos tomado decisión, la decisión la vamos a anunciar en un tiempo apropiado”, resumió Chacón al describir el alcance del comunicado. Para el asesor, la nota no fija una fecha ni detalla una nueva extensión, por lo que las familias todavía esperan mayor claridad.
Los 60 días de protección y las dudas sobre la fecha límite del TPS
El representante de Alianza Américas explicó que las reglas administrativas del TPS obligan al Gobierno estadounidense a definir, con 60 días de anticipación, si extenderá o terminará la protección. Si no lo hace dentro de ese plazo, los beneficiarios conservan automáticamente su estatus durante dos meses más.
Bajo esa interpretación, Chacón señaló que la protección adicional para los salvadoreños comenzó el 10 de septiembre de 2026. Sin embargo, indicó que el comunicado del DHS no mencionó de forma expresa ese período ni estableció una fecha límite para la publicación de la decisión formal.
Esa falta de precisión, según Chacón, hace que muchas familias no sepan cuánto tiempo tienen para organizar sus asuntos. Algunas personas ya prepararon poderes legales para que hermanos, hijos u otros parientes administren cuentas bancarias, propiedades, negocios o bienes en caso de que deban abandonar Estados Unidos.
“Uno esperaría que sea mañana”, afirmó Chacón al ser consultado sobre cuándo debería llegar una decisión oficial. A su juicio, el Gobierno estadounidense ya superó el plazo en el que debía comunicar su postura.
Salir de Estados Unidos puede impedir beneficiarse de una futura prórroga
Durante la entrevista, algunos salvadoreños afirmaron haber regresado a El Salvador para no quedar sin estatus migratorio en Estados Unidos.
Chacón explicó que salir del país antes de que se anuncie una extensión puede impedir que una persona se beneficie de una decisión posterior. El asesor describió el caso de alguien que vuelve a El Salvador por temor, cansancio o falta de certeza y que, una semana después, conoce una prórroga de 18 meses.
“Si ya me vine de Estados Unidos, no hay absolutamente nada que esa decisión haga para beneficiarme”, afirmó. Explicó que quien ya abandonó territorio estadounidense no puede reingresar mediante una extensión posterior del TPS.
El representante de Alianza Américas aclaró que no aconsejaba ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Su planteamiento se centró en que cada beneficiario debe conocer las consecuencias de salir antes de que exista una resolución formal.
Chacón señaló que hay familias que no han hecho preparativos ante un eventual retorno. Atribuyó esa situación a distintas razones, entre ellas las obligaciones diarias y la falta de tiempo para organizar asuntos patrimoniales y familiares.
Óscar Chacón recomienda evaluar cada caso antes de tomar una decisión
Insistió en que no existe una recomendación única para todas las personas salvadoreñas que enfrentan incertidumbre por el TPS. Cada familia, dijo, debe revisar su situación legal, económica y familiar antes de decidir si permanece en Estados Unidos o si regresa a El Salvador.
El asesor recomendó buscar orientación legal de confianza y evitar a quienes prometen resultados garantizados. También pidió analizar si existen ahorros, inversiones, negocios o condiciones seguras para iniciar una vida en El Salvador.
Quienes cuenten con una alternativa viable y quieran regresar pueden hacerlo, afirmó. Sin embargo, Chacón sostuvo que una persona sin posibilidades claras de establecerse en El Salvador debe pensar con cuidado antes de tomar una decisión.
El entrevistado admitió que algunas personas podrían decidir permanecer en Estados Unidos después de perder el TPS. Señaló que cada salvadoreño debe evaluar qué conviene a su familia, porque las condiciones no son iguales para todos.
Chacón recordó que hay más de 14 millones de extranjeros sin documentos en Estados Unidos. Afirmó que esas personas generan ingresos, trabajan y sostienen actividades económicas que necesitan mano de obra.
El asesor estimó que, además de los más de 170 mil salvadoreños protegidos por TPS, hay cerca de 850 mil compatriotas sin ninguna protección migratoria. También mencionó que la población sin documentos incluye personas de América Latina, el Caribe y otros lugares, como irlandeses que viven en Boston.
Chacón expresó preocupación por el corto plazo ante las detenciones y deportaciones. Aun así, dijo que mantiene expectativas de cambios en el mediano y largo plazo, debido a la dependencia de la economía estadounidense respecto de la mano de obra migrante y a una posible modificación de la correlación de fuerzas tras las elecciones legislativas de 2026.
El TPS lleva más de 25 años y no existe una vía directa a la residencia
Al ser consultado sobre si el TPS puede seguir considerándose una medida temporal después de más de 25 años, Chacón dijo que la pregunta era válida. Sostuvo que un programa vigente durante décadas ya no encaja con la idea habitual de temporalidad.
El asesor señaló que la Ley de Inmigración de Estados Unidos no se ha modernizado para responder a situaciones como la de los beneficiarios del TPS. Según afirmó, el problema no se limita a ese grupo, sino que también afecta a millones de personas que viven y trabajan en el país sin una vía para regularizarse.
Chacón explicó que la legislación estadounidense no permite, como regla general, que una persona solicite por iniciativa propia la residencia permanente solo por haber vivido tres, cinco o siete años en el país.
“Nadie vive sin papeles o únicamente con una visa de permiso temporal porque cree que es lo mejor”, afirmó. “Viven en esa condición porque no hay alternativa”.
El representante de Alianza Américas señaló que incluso algunos miembros del Congreso desconocen que la ley no ofrece una vía de regularización por años de residencia. Según relató, hay legisladores que preguntan por qué las personas no solicitaron antes la residencia o incluso la ciudadanía.
Como contraste, Chacón contó el caso de un sobrino que llegó a Barcelona con visa de turista, permaneció en España, creó un negocio de carpintería y, después de tres años, inició un proceso de regularización ante las autoridades de extranjería.
El asesor sostuvo que España y otros países europeos tienen mecanismos para que los migrantes acrediten residencia y medios de subsistencia. En Estados Unidos, dijo, existió una figura denominada registro migratorio, creada mediante una reforma de 1965.
Ese mecanismo permitía iniciar un proceso de regularización según la fecha de entrada al país, pero dejó de actualizarse. La fecha vigente exige haber ingresado antes de 1973.
