Los consulados se encuentran en una situación crítica para atender el volumen de trabajo en un momento en el que el censo de españoles en el exterior crece a pasos agigantados, una situación que se ha agravado con la llegada de una avalancha de expedientes tras la entrada en vigor de la ley de nietos. La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunciaron que la normativa se había diseñado sin margen de tiempo y sin tener en cuenta la carencia de medios, y la respuesta del Gobierno ha sido tratar de solventar este atasco monumental con más contratos temporales en el exterior y con prórrogas que se estiran más allá de los límites legales vigentes en España.
Teniendo en cuenta los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, los consulados deben atender a unos tres millones y medio de españoles para llevar a cabo la gestión de tareas ordinarias como inscripciones de nacimientos, defunciones, matrimonios o pasaportes. A este número se le añade otra gran cantidad de personas extranjeras que solicitan cada año la nacionalidad española por los distintos cauces que ofrece la legislación española. Por poner un ejemplo, desde la entrada en vigor de la ley de nietos, hasta 2,4 millones de extranjeros han solicitado la nacionalidad por esta vía (solo en el Consulado General en Buenos Aires se acumularon más de 640.000 solicitudes).
Mientras tanto, las plantillas fijas se han mantenido prácticamente intactas desde el año 2000, cuando el número de españoles en el exterior rondaba aproximadamente los 1,2 millones de personas. Pablo Puertas, delegado de CSIF del personal laboral de España en el exterior, denuncia en una conversación con Infobae que el grueso de los refuerzos de las plantillas que el Gobierno aprobó para descongestionar los consulados fue por la vía de la temporalidad y “un año después” de su entrada en vigor. “La ley de nietos afecta en todo el resto de trabajo consular, pero no puedes poner a toda la plantilla a resolver expedientes porque tiene que seguir funcionando como consulado”, añade.
Décadas de contratos temporales
En 2025, Exteriores anunció la contratación de 657 efectivos, un 43% más que el año pasado, pero todos ellos temporales. En el consulado general de España en Buenos Aires, que cuenta con más de cien trabajadores, el número de temporales roza ya la treintena.
CSIF denuncia que, en más de un centenar de casos, los contratos del personal en el exterior se han estirado más allá de lo que permite la legislación laboral española. Según ha podido saber Infobae, no se trata de prórrogas de un año. En los consulados españoles en Portugal, Túnez, Japón, Francia, Chile, Grecia, EEUU y Egipto hay trabajadores que llevan encadenando estos contratos desde hace más de dos décadas.
El artículo 70.1 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) establece un periodo máximo de tres años para cubrir una plaza de forma estable. Y en el caso del personal laboral temporal, que puede ser contratado por necesidades concretas de producción, el límite máximo es de seis meses, prorrogable hasta un año.
¿Cómo se justifica esto? Alberto Virella, presidente de la ADE, explica que el ministerio intenta jugar con dos normas aplicables: por un lado, aplica las leyes laborales locales cuando las normas son más laxas que en España. En otros casos, recurre a la legislación española cuando se da el caso contrario. Lo que se aplica desde hace muchos años es el principio de coste cero. Hacienda y Función Pública solo autoriza la creación de una nueva plaza en la plantilla exterior si se elimina otra existente o si esta se traslada entre oficinas.
Virella añade además que las plazas vacantes del personal laboral en el exterior son difíciles de cubrir debido a los salarios “extremadamente bajos” que fija Hacienda en las oficinas consulares. Una precariedad que, según el diplomático, ha provocado una fuga de profesionales con experiencia hacia otras oficinas de la Administración española en el extranjero que ofrecen mejores condiciones, como por ejemplo las oficinas comerciales dependientes de la Secretaría de Estado de Comercio.
De Talco en Cuba a Ineco en Argentina
En los consulares con mayor carga de trabajo, la cartera que dirige José Manuel Albares ha externalizado parte de sus servicios. En países como Cuba, donde hay más de 169.000 inscritos en el registro consular de La Habana, se adjudicó un contrato a Talco, una empresa pública del régimen cubano, por un valor de 1.131.295 euros para acelerar la resolución de expedientes.
En el consulado de Buenos Aires, el Gobierno estaría ultimando un contrato con la empresa pública española Ineco para colaborar en la gestión, como así avanzó el senador del PSOE, César Mogo. Cabe recordar que ese contrato todavía no figura en el BOE y Exteriores no se ha pronunciado sobre ello.
El Grupo Parlamentario Vox registró el pasado 4 de junio una pregunta escrita en el Congreso de los Diputados instando a Exteriores a aclarar este asunto, que deberá responder antes del 23 de agosto, fecha límite según dicta el reglamento de la Cámara Baja.
En cuanto al futuro de la ley, la polémica se centra ahora en el posible efecto de este aumento de españoles sobre el resultado en las próximas elecciones generales de 2027. La tramitación de los expedientes sigue su curso sin cambios, pero el Tribunal Supremo decretó la suspensión cautelar del derecho a voto de estos beneficiados a la espera de resolver los recursos presentados por Vox y Iustitua Europa. La suspensión provocó, por un lado, la reacción negativa del Ejecutivo, que salió en tromba a denunciar el “auténtico despropósito” de decisión. En cuanto a la oposición, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado para alimentar la idea de que el Gobierno trata de sabotear las elecciones, pese a que el voto CERA favoreció a los populares en 2023.
