Buenos Aires, 21 septiembre (NA) -- Transportistas, sindicatos y organizaciones sociales de Bolivia anunciaron movilizaciones por el alza del precio de los combustibles tras el fin de la subvención gubernamental al diésel, decretada el 19 de septiembre y que ya repercute en las tarifas del transporte y en los precios de los productos. La medida, comunicada la medianoche del viernes por el presidente Rodrigo Paz Pereira mediante el Decreto Supremo 5716, puso fin al esquema subsidiado y estableció un nuevo precio de referencia para el diésel. Según la administración, la eliminación del subsidio forma parte de un programa para enfrentar la crisis económica, reducir el peso fiscal de los combustibles y mejorar el abastecimiento, luego de meses de escasez. La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó la medida, que diversos sectores ya califican como "dieselazo", y convocó a un ampliado nacional de emergencia para definir posibles acciones. La central sindical advirtió que la decisión representa un duro golpe a la economía popular, vulnera la estabilidad de las familias trabajadoras y desencadenará un proceso inflacionario que afectará el costo de la canasta básica y los medios de vida. En su pronunciamiento, la COB indicó que "en uso de sus atribuciones orgánicas y estatutarias, convoca de manera inmediata a un ampliado nacional de emergencia, con la participación de todas las Confederaciones, Federaciones Nacionales, Centrales Obreras Departamentales (COD's) y Regionales (COR's) para evaluar la coyuntura, escuchar la posición orgánica de los sectores afiliados y definir las medidas de lucha que correspondan". Los conductores y operadores de transporte, por su parte, se reunirán mañana martes en Santa Cruz para definir medidas contra el decreto. Lucio Gómez, dirigente de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, confirmó que el sector analizará acciones de presión: "Estamos declarados en emergencia, pero el día de mañana se tomarán las decisiones claras, cuál va a ser el accionar y el camino del transporte boliviano", declaró en conferencia de prensa. El transporte fue uno de los primeros sectores en sentir el impacto: el aumento del combustible elevó los costos de operación de camiones y autobuses y podría traducirse en subas de pasajes y fletes. La Defensoría del Pueblo advirtió que el efecto puede extenderse al conjunto de la economía por el aumento del costo del transporte y el posible traslado a los precios en los mercados. El diésel es esencial para el movimiento de mercancías, la producción agropecuaria y numerosas actividades productivas; su encarecimiento puede afectar el abastecimiento y el costo de alimentos y otros bienes de primera necesidad. El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, manifestó su preocupación por los impactos sociales y económicos: "Entendemos que el Estado debe atender desafíos económicos; sin embargo, cualquier política pública debe tener presente la preservación de los derechos a la alimentación, al trabajo, a la salud y a la educación". En el plano político, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, vinculadas al expresidente Evo Morales, se declararon en emergencia y anunciaron nuevas estrategias de movilización, ampliando el frente de rechazo. El Gobierno sostiene que retirar la subvención podría aliviar una de las mayores cargas del sistema energético y corregir las distorsiones provocadas por la venta del combustible por debajo de su costo de importación. No obstante, para los sectores sociales y sindicales el ajuste tiene un costo directo sobre transportistas, productores, comerciantes y consumidores, y amenaza con profundizar la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Agencia NA