La Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido del Gobierno para obligar a Google a vender partes de su negocio de publicidad digital. Con esta decisión, la empresa del buscador conservará la plataforma que utilizan medios y otros sitios web para comercializar sus espacios publicitarios.
La jueza federal Leonie M. Brinkema, del Distrito Este de Virginia, resolvió este miércoles 2 de septiembre que Google deberá modificar sus prácticas para favorecer la competencia. Según informó The New York Times, el alcance de esos cambios todavía permanece bajo reserva y solo se conoció un adelanto de la decisión.
El fallo corresponde a la etapa en la que se definieron las medidas para corregir las infracciones detectadas en el juicio. En abril de 2025, Brinkema había determinado que Google mantuvo monopolios ilegales en dos segmentos del mercado publicitario. Esa declaración de responsabilidad sigue vigente, y la compañía había anunciado que la apelaría.
Cómo funciona la plataforma de publicidad digital de Google
La causa involucra la tecnología que conecta a quienes quieren publicar anuncios con los sitios que tienen espacios disponibles para mostrarlos. Para los medios y otros productores de contenidos, esas herramientas permiten obtener ingresos de la publicidad que acompaña a sus publicaciones.
Una parte de ese proceso ocurre mediante subastas automáticas que se resuelven en una fracción de segundo. Cuando una persona abre una página que utiliza este sistema, distintos anunciantes compiten por mostrar un aviso en el espacio disponible. La operación se completa mientras carga el contenido.
Dentro de ese circuito, Google tiene dos herramientas centrales: AdX, el mercado donde se negocian los anuncios, y DoubleClick for Publishers (DFP), el sistema que usan los sitios para administrar sus espacios publicitarios. Ambas están agrupadas bajo la marca Google Ad Manager.
Con la demanda presentada en 2023, el Departamento de Justicia y un grupo de estados cuestionaron el control de Google sobre ese circuito. Durante el juicio, sostuvieron que esa posición permitía a la empresa cobrar comisiones superiores a las que habría podido exigir en un mercado con mayor competencia.
Brinkema consideró probado que la empresa había mantenido monopolios ilegales en las herramientas para los sitios y en los mercados que conectan a compradores y vendedores de publicidad. También determinó que Google vinculó de manera ilegal el uso de AdX con el de DFP. La acusación sobre las herramientas destinadas a los anunciantes fue desestimada porque el Gobierno de Estados Unidos no demostró la existencia de un mercado relevante separado para esos productos.
Qué medidas rechazó la jueza y qué falta conocer del fallo
Tras aquella decisión, el proceso pasó a definir cómo corregir esas prácticas. El Departamento de Justicia pidió la venta de AdX y propuso que el tribunal conservara la posibilidad de ordenar una venta posterior de las herramientas para los sitios si la competencia no mejoraba.
Su propuesta también incluía publicar parte del código que hace funcionar esas herramientas, impedir que Google favoreciera a sus propios productos en las subastas y facilitar la conexión con servicios rivales. Esos pedidos formaban parte de las medidas presentadas por el Gobierno ante el tribunal.
Google defendió una solución basada en cambios de funcionamiento. Entre sus propuestas figuraban una mayor transparencia sobre las subastas y modificaciones en las reglas cuestionadas por los sitios que utilizan sus servicios. La compañía sostuvo que separar el negocio exigiría una transición prolongada y podría perjudicar a los pequeños editores que dependen de sus herramientas.
Según el adelanto de la resolución citado por The New York Times, Brinkema aceptó la mayoría de los cambios de conducta propuestos por las partes, con modificaciones propias, pero rechazó la venta forzada y la obligación de publicar el código fuente de sus subastas publicitarias. Las condiciones concretas de las medidas aprobadas se conocerán cuando se difunda el texto completo.
Además, les dio a ambas partes hasta 14 días para solicitar que se excluya información confidencial de la versión pública. Una vez completado ese paso, se difundirá la resolución con las obligaciones que deberá cumplir Google en su relación con los editores y las plataformas competidoras.
