La jueza Laura De Marinis defendió el fallo por el que declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo en la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que su decisión “no es un mensaje de impunidad”.
La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº3 remarcó que la resolución fue adoptada exclusivamente a partir de las circunstancias del expediente y que la nueva ley continúa vigente para el resto de los casos alcanzados por la norma.
“Lo primero que quiero dejar bien en claro es que esta es una decisión en un caso concreto”, explicó De Marinis en una entrevista en +Perfil. Y agregó: “Me parece importante entender que esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y se sigue investigando”.
La magistrada también señaló que el Régimen Penal Juvenil continúa aplicándose a los otros adolescentes involucrados en el mismo episodio. “Quiero remarcar que la ley sigue vigente y se está aplicando respecto de los adolescentes de 16 años que estaban con él”, sostuvo.
La Ley 27.801 estableció un régimen penal para adolescentes, desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 años. Fue publicada el 9 de marzo y entró en vigencia 180 días después, el 5 de septiembre.
En otra entrevista, en Radio Con Vos, De Marinis explicó que para resolver el caso tuvo en cuenta especialmente la situación personal del adolescente y la ausencia previa de intervención estatal.
“Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante. En este contexto, se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional”, afirmó.
El expediente comenzó por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años fue seguido por un grupo de adolescentes cerca de las seis de la mañana. La víctima corrió y pidió ayuda a un policía, tras lo cual los jóvenes fueron demorados. No hubo personas heridas ni bienes robados, según surge del caso.
De Marinis resolvió sobreseer al adolescente de 14 años y dispuso la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de que se adopten medidas relacionadas con su situación familiar, educativa y social.
La jueza sostuvo que el ingreso al sistema penal debe constituir la última respuesta del Estado frente a un menor de edad. “Someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir”, planteó.
Según explicó, incluso una sanción como una amonestación implica incorporar al adolescente a un expediente penal, y puede tener consecuencias ante eventuales hechos posteriores. Para la magistrada, antes de llegar a esa instancia deben analizarse las intervenciones previas de los organismos de protección.
La Ley 27.801 establece entre sus objetivos fomentar la responsabilidad legal del adolescente y procurar su educación, resocialización e integración social, además de contemplar derechos y garantías reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
De Marinis también rechazó que su decisión pueda interpretarse como una posición general contra el nuevo régimen.
“La decisión que tomé fue en el caso concreto”, insistió. La magistrada explicó que actuó a partir de un planteo de la defensa oficial, que fue acompañado por la Asesoría Tutelar.
Además, sostuvo: “No podemos analizar el planteo de inconstitucionalidad en abstracto, sino que tenemos que anclarlo al caso concreto”.
De Marinis incluso definió el nuevo régimen como una herramienta que puede utilizarse junto con los mecanismos de protección de los menores. Sin embargo, advirtió sobre el impacto que supone que desde los 14 años un adolescente pueda ser sometido a un proceso penal.
En ese sentido, consideró necesario reforzar previamente la intervención de las familias, las escuelas y los organismos públicos frente a situaciones de vulnerabilidad o conflictos protagonizados por menores.
La fiscalía apeló el fallo, por lo que la resolución será revisada por la Cámara. También se pidió el apartamiento de De Marinis del expediente y la designación de otro magistrado.
La respuesta de De Marinis al pedido de juicio político de Jorge Macri
El fallo provocó, además, una fuerte discusión política. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que impulsará el juicio político contra De Marinis y cuestionó públicamente la resolución.
“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre”, expresó Macri. Además, sostuvo que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, anunció posteriormente que avanzaría con la presentación ante el Consejo de la Magistratura para iniciar el procedimiento contra la jueza.
De Marinis rechazó esos cuestionamientos y señaló que las decisiones judiciales deben discutirse mediante los mecanismos de revisión previstos en la Justicia.
“Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales”, afirmó. Y agregó: “Un juicio político es cuando uno no cumple con el desempeño de su función”.
La magistrada también cuestionó particularmente que se impulse su remoción por los argumentos utilizados en la sentencia. “Que por el fundamento de mis decisiones me digan que van a iniciar un juicio político debilita las instituciones democráticas”, sostuvo.
Además, rechazó la expresión utilizada por Macri para cuestionar su decisión. “No queremos que haya adolescentes que hagan esto ni tampoco que una persona sea abordada por cuatro adolescentes y tenga que correr para que no le roben. Entonces, hablar de un ‘fallo manchado con sangre’ me parece que es distorsionar lo que yo resolví”, señaló.
De Marinis aclaró que reconoce el temor que pudo haber atravesado la víctima durante el episodio, pero destacó que no sufrió lesiones físicas.
Finalmente, insistió en que su criterio no supone que vaya a declarar inconstitucional el régimen ante cualquier delito cometido por un adolescente. Señaló que cada expediente deberá analizarse individualmente y distinguió situaciones en las que pueda encontrarse comprometida la vida de una persona.
La discusión continuará ahora en la Cámara, que deberá resolver la apelación presentada contra el fallo y determinar si confirma la decisión de De Marinis o habilita la continuidad del proceso penal contra el adolescente de 14 años.
